Fiel a los compromisos adquiridos en la COP de Paris, la Unión Europea está impulsando el desarrollo hacia una economía baja en carbono y más eficiente en el uso de los recursos, mediante distintas políticas energéticas que se han concretado en unos objetivos de obligado cumplimiento, siendo éstos para el horizonte 2030-2050 muy ambiciosos.

Por Fiona Watson (*), Directora de Investigaciones y Campañas para Survival International. Durante su campaña, prometió despojarles de su territorio. Su victoria va a envalentonar a las bandas mineras y madereras.

La Agencia Ambiental de Inglaterra tiene como objetivos trabajar con empresas y otras organizaciones de gestión de residuos, aumentar la resiliencia de las personas, las propiedades y las empresas ante los riesgos de inundaciones y la erosión costera, proteger y mejorar las aguas, la tierra y la biodiversidad, mejorar la manera en que tiene de trabajar como regulador para proteger las personas, el medio ambiente y apoyar el desarrollo sostenible. Cada año emite un informe sobre los aspectos más destacables sobre su actividad, documento que no tiene parangón en España, que, sin embargo, el convenio de Aarhus demanda de las autoridades públicas.

La iniciativa parte de Afnor, la asociación de normalización en Francia, y tiene la ventaja de tratar un abanico amplio de procesos de economía circular en una misma norma. Esta norma llega un año más tarde que la que se hizo en el Reino Unido con el mismo objetivo por parte de la British Standard.

El 17 septiembre de 2017 se abrió la hoja de ruta para la revisión de la Directiva marco de Aguas junto con dos otras directivas relacionadas: la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, y la Directiva 2007/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Ahora se abre la consulta pública relativa a la revisión de estas Directivas que finalizará el próximo 4 de marzo de 2019. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA en adelante) no ha sido revisada desde que fue presentada en el 2000.

Las grandes ciudades españolas tienen un problema con la contaminación y a la Comisión Europea no le gusta. De hecho, España ha estado a punto de enfrentarse a acciones legales desde Bruselas. Desde hace años, Madrid y Barcelona no han respetado los límites europeos de emisiones peligrosas de óxido de nitrógeno (NO2), e incluso los han superado con creces. Esto no es tolerable y tiene graves consecuencias para la salud.