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Y ahora, a definir la letra pequeña de la reforma energética de México

Y ahora, a definir la letra pequeña de la reforma energética de México

Cumplido el trámite parlamentario de la reforma constitucional del sector energético en México, queda por delante una compleja labor para definir el marco en el que operarán las empresas privadas que quieran aprovechar el petróleo del país.

Y ello porque el texto aprobado hoy por los diputados y ayer por los senadores, muy transcendente para México, fija el marco general y los mecanismos de regulación del sector, pero faltan aún la reglamentación legal y numerosos detalles.

México juega contra el tiempo ara rentabilizar la reforma

En el sector petrolero, las inversiones son a largo plazo y sólo se hacen cuando hay un marco jurídico claro, fiable y seguro. En ese sentido, México juega contra el tiempo para poder rentabilizar pronto una reforma que ha tenido un fuerte costo político.

Los cálculos que se manejan apuntan a que se tarde un año o dos completar todo el esquema legal, incluyendo aprobar cinco o seis leyes reglamentarias, lo que no se espera pueda suceder hasta fines del primer trimestre o comienzos del segundo trimestre del año próximo.

Nueva estructura de PEMEX

A la vez, se precisa definir otros detalles que afectan a la nueva estructura que tendrán Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora “órganos descentralizados” y que se convertirán en “empresas productivas del Estado”.

Los analistas y responsables políticos no creen que comiencen a llegar inversiones hasta dentro de un año o dos. “Esto va a tardar todavía un rato”, dijo a Efe el editor de la revista Petróleo y Energía, Milton Méndez.

“Las expectativas de inversiones las empezaríamos a ver en 2015”, dijo hoy en declaraciones radiales el diputado Marco Bernal, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dudas pendientes

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), hay 12 dudas ligadas con definiciones que están pendientes, entre ellas las relativas a las condiciones de los contratos de utilidades o de producción que firmará el Estado con empresas privadas.

La reforma “hace énfasis en la maximización de la renta para determinar qué tipo de contrato utilizar”, recuerda el Imco.

“Este concepto es muy sencillo -agrega-; sin embargo su estimación en el sector de hidrocarburos no lo es, puesto que la determinación de los costos es muy compleja”.

También señala que faltan por definir las cláusulas de los contratos que regirán y cómo se llevarán a cabo las auditorías y los mecanismos de divulgación del sector energético.

A los retos normativos que están pendientes para que esta reforma comience a rendir frutos se agrega un ambiente político marcado por una fuerte oposición de la izquierda a esta reforma, que ha intentado echarla para atrás en el Congreso y en las calles.

Aunque se completaran en año y medio todos los temas jurídicos pendientes, para entonces México llegará a las elecciones de diputados de 2015, en julio de ese año, cuando la izquierda quiere que haya un plebiscito sobre la reforma aprobada hoy.

Ya ha reunido 1,7 millones de firmas para convocar esa consulta popular, una cantidad más que suficiente, según la Constitución, para que se pueda llevar a cabo.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, algunos legisladores de izquierda coincidieron en un mensaje dirigido a sus compañeros del PRI y del conservador Partido Acción nacional (PAN): “Nos veremos las caras en 2015”.

Hoy lo reiteró Jesús Zambrano, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la principal fuerza de la izquierda en el país: “Estamos preparándonos para que en 2015 haya una consulta popular que el Gobierno ni los partidos de la derecha podrán detener”.

Ya desde que se atisbaron las intenciones del Gobierno de abrir el sector a la iniciativa privada comenzaron a surgir las alarmas políticas, porque el petróleo está considerado como uno de los temas más sensibles entre los mexicanos.

La historia de México tiene tres gestas destacadas: la lucha por la independencia, la guerra contra el emperador Maximiliano (impuesto por Francia) y la Revolución Mexicana, que creó las condiciones para la expropiación petrolera de 1938 decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.

El Gobierno ha insistido una y otra vez en que la reforma energética generará más riqueza y más empleos, mientras el Estado seguirá manteniendo la propiedad “inalienable e imprescriptible” de los hidrocarburos del subsuelo, como dice la reforma aprobada hoy.

Aun así, una encuesta reciente indicó que el 48 % de los mexicanos consideran perjudicial la participación del capital privado en la industria petrolera. Un nivel que explica la fuerte polarización política que ha generado esta reforma. EFE




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