MINERÍA TRIBUNALES

El TSJA anula la autorización ambiental otorgada a Atalaya para la mina de Riotinto

El TSJA anula la autorización ambiental otorgada a Atalaya para la mina de Riotinto Archivo / Vista de la Corta Atalaya en Minas de Riotinto. EFE/Julián Pérez

Huelva (EFEverde).- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en 2014 por la Junta de Andalucía a la mina de Riotinto, promovido por entonces por Emed Tartessus, hoy Atalaya, por vulnerarse las obligaciones de información pública.

El alto tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, estima la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la Resolución de 27 de marzo de 2014, que otorgaba dicha AAU, solicitada por la empresa en febrero de 2012.

Considera el TSJA que la Junta de Andalucía no cumplió con lo establecido en la normativa en cuanto a las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental.

Según consta en la sentencia, posteriormente a ese informe, “la empresa Emed Tartessus presentó numerosa documentación que se consideraba imprescindible para la tramitación del expediente: sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al Estudio de Impacto Ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejores técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso, que no han sido objeto de información pública”.

La sentencia recalca que “la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni a participación, se desatienden ambos principios”.

Por ello, anula la resolución recurrida a los efectos de que puedan cumplirse estas consideraciones.

La sentencia sin embargo considera ajustado a derecho que, en junio de 2014, el Viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, “ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en materia de minería”.

La sentencia implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando; además la conllevar de forma inmediata la nulidad de la Resolución que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está pendiente de sentencia en el TSJA.

Recurso de la Junta

La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado que va a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia.  La decisión se ha adoptado, según ha informado la Consejería en un comunicado, después de que los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía, tras un estudio preliminar de dicha sentencia -conocida hoy- vean razones suficientes para interponer el recurso.

La Administración autonómica ha destacado el hecho de que la sentencia apunta a una cuestión de forma en el procedimiento del otorgamiento de la autorización mediambiental, pero no pone en cuestión las disposiciones de caución contenidas en la misma. Por ello, desde la Junta de Andalucía se ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la comarca de la Cuenca Minera, ya que la intención del Gobierno andaluz es “seguir garantizando que la actividad extractiva desarrollada se adapte con rigor a la normativa ambiental y la actividad minera sea compatible con el respeto al medio ambiente”.

Atalaya llama a la tranquilidad

La empresa Atalaya Riotinto Minera ha asegurado que la sentencia del TSJA  “no tiene ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía” por lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores.

En un comunicado, la empresa ha remarcado que la sentencia alude a cuestiones formales de carácter administrativo en determinadas partes del procedimiento de aprobación de la AAU y descarta la nulidad de pleno derecho. En concreto, han apuntado, la sentencia aduce que no se habían expuesto públicamente una serie de documentos, de entre los cientos que conforman un trámite complejo y largo en el tiempo como es la Autorización Ambiental de un proyecto minero; en este caso los informes aludidos serían los de suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales y estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000.

A la vista de esto, Atalaya ha afirmado que “en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando Atalaya, en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU”. Y mucho menos, han añadido, “la que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones de gestión de estériles: las presas de estériles de Riotinto se encuentran en perfecto estado y presentan un riesgo cero de fallo o accidente”. Así lo atestiguan tanto los datos que posee Atalaya, como las múltiples revisiones y auditorías a las que se someten de manera continua por parte de consultoras especialistas independientes y Administraciones competentes. Es por todo ello que la empresa se dispone a, una vez valorada en detalle la sentencia, poner en marcha las opciones legales que correspondan.

Por último, ha querido volver a lanzar un mensaje de tranquilidad a sus más de 360 empleados y 650 trabajadores de contratas que trabajan diariamente en sus instalaciones, sus socios, contratistas y ciudadanía en general, poniendo de manifiesto una vez más que Riotinto “está en buenas manos”.

Satisfacción ecologista

Ecologistas en Acción ha celebrado la sentencia  ya que con esta decisión “se evitan riesgos”. La organización, a través de un comunicado, que durante toda la tramitación y desde la puesta en marcha de la mina en 2015, ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pudiera garantizar la seguridad de “sus grandes presas mineras”, Gossan, Cobre y Aguzadera, durante los 10 años de vida útil autorizados por la AAU que ahora ha quedado anulada.

Sostienen que para poder almacenar los nuevos residuos mineros de la producción minera reiniciada, esas presas “han sido recrecidas por Atalaya Riotinto Minera, incumpliendo las propias condiciones que se establecían en la AAU, lo que supone un grave riesgo de rotura”. Ecologistas ha recordado el contexto donde se otorgaron esos permisos, justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz adelantó a marzo de 2015.

“Entonces los intereses electoralistas primaron sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y participación ciudadana y el riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos, que contienen 10 veces más que la balsa de Boliden que reventó en abril de 1998 en Aznalcóllar”, han señalado.

Desde la organización han precisado que la resolución anulada fue firmada por el entonces Director General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Jesús Nieto González, que “tiene una amplia trayectoria de responsabilidad en desastres ambientales generados por la minería”.

En junio de 1995 firmó la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, autorizando el recrecimiento de los muros de la balsa de Boliden que reventó el 25 de abril de 1998; en agosto de 2003, siendo Director General de Industria, Energía y Minas, otorgó la concesión minera de Cobre las Cruces (CLC), ignorando las advertencias de daños a un acuífero de consumo humano.

En mayo de 2008 CLC contaminó con arsénico ese acuífero y desde entonces ha extraído ilegalmente más de 10 hm3 de aguas subterráneas, lo que llevó a que fuera condenado por delitos ambientales en septiembre de 2016. Por todo ello, Ecologistas en Acción ha reiterado su satisfacción por esta sentencia puesto que “evita un riesgo que podría haber tenido consecuencias catastróficas equivalentes a las que se han sufrido en el pasado”.

EFE




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com