CONTRABANDO TORTUGAS

Investigan como grupo criminal a una red de contrabando de tortugas exóticas

Tortugas Madagascar Fotografía de archivo de varias tortugas incautadas. EFE/Ahmad Yusni

Una juez de Barcelona investiga como grupo criminal a una red afincada en varias ciudades españolas que se dedicaba a la importación ilegal de tortugas de especies exóticas, muy cotizadas en el mercado, con lo que lograba cientos de miles de euros anuales de beneficios.

Según han informado fuentes jurídicas, la investigación, llevada a cabo por el SEPRONA de la Guardia Civil y Agentes Rurales de la Generalitat, se inició en 2017 y ha requerido más un año de escuchas telefónicas a miembros de la red así como una quincena de registros en domicilios o tiendas de animales de Barcelona, Gerona, Murcia, La Coruña, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

El principal investigado es un empresario de Gerona que gestiona un centro de cría de reptiles, negocio que le daba facilidades para disponer de la documentación necesaria con la que “blanquear” el contrabando de los ejemplares de tortuga, pertenecientes a especies exóticas que están protegidas por la legislación europea e internacional.

Contrabando de tortugas exóticas

La red importaba ilegalmente las tortugas, de especies exóticas como “Estrella de Madagascar” o “Gigantea” -que pueden alcanzar un precio de mercado de 10.000 euros- y falsificaban la documentación requerida para comercializarlos, tras lo que los solían vender en ferias de animales exóticos de toda Europa.

Para blanquear su procedencia clandestina, la red reutilizaba documentación de ejemplares ya muertos, de otros nacidos en los planteles que en muchos casos tenían los propios investigados en sus centros de cría o de animales que sí habían sido importados de forma legal a España.

En octubre de 2020, la juez ordenó una quincena de entradas y registros en domicilios y comercios, donde se incautaron de cerca de 350.000 animales exóticos, en una operación que permitió constatar que los principales investigados habían recibido transferencias de miles de euros en un año, supuestamente por los beneficios de la venta de los ejemplares de contrabando.

La organización, según fuentes cercanas al caso, se aprovechaban de las carencias de los sistemas de control y de que el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE), al que corresponde comprobar la documentación y el chip que identifica a cada animal, no tiene suficiente capacidad para analizar con detalle tal cantidad de ejemplares importados.

Tráfico ilegal

Las pesquisas se centran ahora en ocho de los principales miembros de la red de tráfico de tortugas, quienes podrían ir a juicio por delitos de contrabando, contra la fauna, falsedad documental y organización criminal.

Los investigadores consideran clave en el tráfico ilegal de animales el papel de las “mulas”, las personas encargadas de introducir en España las especies protegidas sin las autorizaciones correspondientes para su importación.

En abril 2019, la Guardia Civil interceptó en el aeropuerto de El Prat de Llobregat a una de esas supuestas “mulas”, un viajero procedente de las Islas Seychelles a quien se intervino, camufladas entre su equipaje, 76 crías vivas de tortugas Gigante de Aldabra, valoradas en 112.000 euros en total. EFEverde

 




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