POLÍTICA AMBIENTAL

SEO BirdLife: España no aprueba la asignatura de buen gobierno ambiental

Reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). EFE/Facilitada por MITECO

Las administraciones e instituciones públicas españolas no aprueban en la asignatura de “buen gobierno ambiental” en el periodo 2018-2020, según un informe de la organización SEO BirdLife que ha sido presentado este martes.

El estudio denominado ‘Informe de Indicadores de Gobernanza Ambiental’ 2018-2020 es el segundo que realiza SEO BirdLife para evaluar la acción de las administraciones e instituciones públicas en el ámbito ambiental en España. 

“Los resultados de este segundo análisis muestran avances, algunos de ellos significativos, como es el caso del estado de la legislación. Sin embargo, en términos globales, el buen gobierno ambiental de las administraciones e instituciones públicas españolas sigue sin llegar al aprobado“, señala la directora ejecutiva de la organización, Asunción Ruiz. 

Ruiz añade que ante el inicio de un proceso de recuperación social y económica frente al COVID-19, que tiene que avanzar hacia un país más sostenible, “no podemos permitirnos estas notas, en ningún nivel de la administración pública”. 

Aunque se duplica respecto del anterior estudio, la actividad parlamentaria en materia medioambiental sigue sin alcanzar el 1% del total, lo que mantiene este indicador con la puntuación más baja. La fiscalidad ambiental también sigue siendo una asignatura pendiente.

Entre los indicadores analizados están: Marcos legales y estratégicos que incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Derecho comunitario, transposición y cumplimiento; Marcos institucionales: Grado de conflictividad constitucional en torno a normas ambientales y actividad parlamentaria. 

Asimismo, Procesos de participación y transparencia que recoge la existencia y actividad de órganos consultivos, y, por último, Otros procesos, que incluye la fiscalidad ambiental. 

Esta lista es “idéntica” a la seleccionada para la primera edición del estudio que incluyó el análisis del período 2016-2018, a excepción del punto de los ODS, que en la edición anterior se refería a las estrategias de desarrollo sostenible.

Las calificaciones para valorar cada parámetro son: sin información, claramente desfavorable, moderadamente desfavorable, moderadamente favorable y claramente favorable, esta última categoría en la que solo está Cataluña tanto en la anterior como en la actual evaluación en el apartado de existencia y actividad de órganos consultivos.

En el informe de 2016-2018, España sacaba la peor nota posible en cinco de los seis indicadores seleccionados, mientras el nuevo informe refleja una ligera mejoría: dos indicadores –cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conflictividad constitucional– logran el aprobado, al ascender de “claramente desfavorable” a “moderadamente favorable”.

En el grado de cumplimiento de Derecho comunitario, sube un peldaño, de “claramente desfavorable” a “moderadamente desfavorable”.

Según el documento, solo la comunidad autónoma de Baleares “no tiene” la existencia y actividad de órganos consultivos.

En cuanto a la participación pública, cinco regiones empeoran su calificación y solo dos administraciones consiguen mejorar puesto. El resto, incluida la Administración General del Estado, no experimentan mejoría.




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Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com