ANDALUCÍA RIEGO

La UE ve indicios de delito en un proyecto de riego en las Marismas del Guadalquivir

  • La diferencia entre obras certificadas y ejecutadas se cuantifica en 2,9 millones de euros

La UE ve indicios de delito en un proyecto de riego en las Marismas del Guadalquivir Red de riego en la provincia de Sevilla. EFE/Raúl Caro

EFEverde.- La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) aprecia indicios de delito en algunas actuaciones de las autoridades de la Junta de Andalucía respecto a un proyecto para modernizar una red de riego en la provincia de Sevilla cofinanciada con fondos europeos y que instruye un juzgado sevillano.

En un informe firmado el pasado 15 de diciembre por el director general de OLAF, Giovanni Kessler, al que ha tenido acceso Efe, se pide al juzgado 16 de Sevilla, que investiga desde 2012 el caso, que tenga en cuenta los resultados de la investigación abierta por esta institución tras una denuncia realizada por la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir.

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Marismas del Guadalquivir. EFE/Raúl Caro

La OLAF constata que no está justificada la concesión de financiación de los fondos europeos por más de 11 millones de euros a un proyecto financiado por FEOGA Orientación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) del que resultó beneficiada esta comunidad de regantes.

El propio presidente de la comunidad de regantes denunció que en la subvención podría existir irregularidades y fraude, presuntamente cometidos por los órganos de gobierno de la citada comunidad en el momento de la aprobación y ejecución del proyecto, por parte de la Junta de Andalucía y por el adjudicatario de las obras.

El informe de la OLAF concluye que “hay indicios para pensar que se han cometido delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”, ya que existen irregularidades en los procedimientos de contratación de la comunidad de regantes.

 

Incumplimiento de las normas de contratación pública

Según la Oficina europea antifraude, las irregularidades tenían como finalidad “favorecer frente a otros competidores a las empresas que resultaron adjudicatarias” del contrato, algo que supuso un “grave incumplimiento de las normas de contratación pública”, y en particular de los principios de “objetividad, transparencia e igualdad de trato de licitadores”.

El informe denuncia que no se adjudicó el contrato a la oferta que presentaba la mejor relación calidad-precio “con el consiguiente impacto en los intereses financieros nacionales y de la UE”, e incluso se aprecian indicios de que algunas obras incluidas en las certificaciones de obras “podrían ser falsas”.

La diferencia entre obras certificadas y las ejecutadas se ha cuantificado en 2,9 millones de euros.

La oficina antifraude señala que po dría ocurrir que miembros de la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes se hubieran beneficiado del sobrecoste facturado, a través de la adjudicataria de las obras o de los subcontratistas de esta.

De la misma forma, constata que funcionarios de la Junta habrían tratado de influir en el resultado del concurso “favoreciendo a un determinado licitador”, un trato de favor que “podría haber continuado durante la ejecución del proyecto, ya que la Junta autorizó una modificación irregular del proyecto”.

 “Por ello, algunas de las actuaciones de las autoridades de la Junta de Andalucía podrían ser constitutiva de ilícitos penales de acuerdo con el Código Penal español”, apunta el escrito, en el que se añade que podría tratarse de “irregularidades no circunscritas exclusivamente al proyecto investigado”.

 Según la institución europea, podría extenderse a otros proyectos “de la misma medida gestionados por la Junta de Andalucía”.

La OLAF ha enviado este informe también a la Comisión Europea y al Gobierno de España para que inicien las actuaciones necesarias para recuperar las ayudas europeas pagadas en el marco del proyecto.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil propuso el pasado mes de mayo al juez instructor, Juan Gutiérrez Casillas, la imputación de José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería, y que en 2008, fecha en la que se desarrollan parte de los hechos investigados, ejercía funciones como director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura. EFEverde

 

 

 




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