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La ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado a potenciar la coordinación entre las administraciones y el resto de sectores para anticiparse y prepararse ante el riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales cada vez más frecuentes y reducir así sus impactos.
La ministra compareció este jueves a petición propia en la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso para explicar las actuaciones de su Departamento en materia de prevención, mitigación y protección frente al riesgo de inundaciones en el actual contexto de adaptación a la crisis climática.
El impacto de estos episodios de inundaciones puede llegar a ser “catastrófico” en coste de vidas humanas y económicos, dada “la virulencia” muchas veces de las lluvias y la dificultad de preparación de la población frente a este tipo de episodios para reaccionar de forma correcta más rápidamente, según la ministra.
No son un fenómeno nuevo
También el diputado Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, ha sido especialmente crítico con la ministra por “la falta de acción” frente a la crisis climática tras insistir en la petición de su grupo al Gobierno de aprobar ya una declaración de emergencia climática en España ante la gravedad del problema.
Reforzar conocimiento sobre inundaciones
Durante su intervención, Ribera ha destacado la necesidad de reforzar el conocimiento sobre las inundaciones, la capacidad de alerta temprana y la planificación de la defensa frente a las mismas, con un buen mantenimiento de las infraestructuras para evitar riesgos en seguridad y una mayor divulgación entre la población de los riesgos por lluvias torrenciales para mejorar su capacidad de resiliencia.
Inundaciones como las que se vienen produciendo año tras año son el fenómeno natural que más daños causa en España, tanto en vidas humanas como en bienes y actividades económicas, según la ministra.
Así, solo en los últimos 20 años han fallecido más de 300 personas debido a este fenómeno, y los daños por inundaciones a todos los sectores económicos suponen una media anual de 800 millones de euros. EFEverde
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