Revertir Madrid Central, un coste de 3.200 millones al sistema sanitario

MADRID CENTRAL

Revertir Madrid Central implica un coste de 3.200 millones al sistema sanitario

Revertir Madrid Central implica un coste de 3.200 millones al sistema sanitario Vista de señalizaciones en la plaza de Cibeles. EFE/ Archivo

Revertir Madrid Central supone un coste en salud por la contaminación atmosférica que en el sistema sanitario español repercute con unos costes de más de 3.200 millones de euros, situación que los ciudadanos pueden recurrir para exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de la protección del medio ambiente.

Desde el punto de vista de la salud, revertir el Madrid Central, “tiene un coste para el Sistema Sanitario Español”, cifra que según un informe de la Alianza Europea de la Salud alcanzan los 3.204 millones, ha explicado la directora ejecutiva del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana Barreira.

Pero, según Barreira, esta es una situación que “los ciudadanos pueden recurrir para el cumplimiento de la legislación recogida en la Constitución y exigir a los poderes públicos, incluido el Ayuntamiento, el cumplimiento de la protección del medio ambiente”.

“Porque los poderes públicos están obligados a cumplir la legislación de medio ambiente, no solo los ciudadanos”.

Además, varios estudios publicados en los últimos años “hablan de las muertes prematuras que provoca la contaminación del aire“, ha explicado Barreira, quien ha recordado asimismo que hay que cuantificar “la repercusión económica en cuanto a hospitalizaciones, días de trabajo perdido e ingresos hospitalarios de niños con asma”.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) informó hace una semana que en España se producen 10.000 muertes al año por la contaminación atmosférica.

Además, según el Informe ‘La calidad del aire en Europa’ de 2012 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida de media entre ocho meses y más de dos años en las ciudades y regiones más contaminadas.

Barreira ha incidido en que “hay una norma que es la Directiva europea de Calidad del Aire de 2008 que el Ayuntamiento de Madrid tiene que respetar”.

Procedimiento de infracción

Precisamente el incumplimiento de los índices de contaminación recogidos en esa legislación llevó a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha sido muy severo con los países que superaban los índices de contaminación atmosférica previsto en la legislación, entre ellos España, con Madrid y Barcelona a la cabeza.

Sin embargo, gracias a la reducción de los niveles de contaminación logrados por la implementación de medidas de la anterior alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y la reelegida alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que redujeron la contaminación en ambas ciudades, la CE decidió no denunciar a España ante el TJUE.

Multas evitadas

Con ello se evitaron multas que según estimaciones podrían alcanzar los 2.000 millones de euros, según explicó a EFE el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, cifra que supone 200 millones anuales desde 2010, fecha desde la que se incumplen los índices contaminantes.

Por otra parte, en 2017, Bruselas abrió una investigación para verificar si la entonces concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, utilizó una estratagema en 2009 para eliminar los niveles de contaminación de Madrid.

En esa fecha, Botella, posteriormente alcaldesa de la ciudad, ordenó la eliminación de las estaciones de medición de índices de contaminación.

Moratoria a los vehículos

El nuevo Cabildo ha decidido aplicar una moratoria a los vehículos que no podían entrar a la zona de Madrid Central, es decir, “va a hacer una omisión completa de la legislación, porque la ordenanza sigue vigente”, ha manifestado Barreira, “lo que supone la omisión como poder público de perseguir las conductas infractoras, situación que tiene consecuencias jurídicas”.

“Desde el IIDMA estamos analizando las vías jurídicas tanto desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso administrativa como de la penal, porque los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, pero también los poderes públicos”.

Y aunque el derecho a la salud y al medio ambiente adecuado en la Constitución española “no son derechos fundamentales, hay que analizar cómo está marcado en la ley para ver cómo iniciar un procedimiento judicial”, ha concluido Barreira.

Más de 160.000 personas han firmado en la plataforma Change.org una petición para no revertir Madrid Central. EFEverde

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