MINA AZNALCÓLLAR

Restituida la directora andaluza de Minas tras el archivo del caso Aznalcóllar

  • El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha resumido en estos términos lo que ha tildado de “juego sucio y de daño interesado” a la imagen de Andalucía, después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, haya archivado la denuncia presentada contra la concesión de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México.

Restituida la directora andaluza de Minas tras el archivo del caso Aznalcóllar El corredor verde del río Guadiamar, contaminado gravemente en 1998 por el vertido de Aznalcóllar.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha restituido hoy en su puesto como directora general de Minas a María José Asensio, que fue apartada temporalmente del cargo tras la causa abierta, y que fue ayer archivada, por el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Con este nombramiento, según ha dicho en conferencia de prensa el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, se hace “justicia” con Asensio, en quien la Junta tenía “plena confianza” y que ha demostrado “con creces, su valía y capacidad”, ha recalcado.

Sobre el archivo de la causa, ha señalado que es “una buena noticia que confirma lo que la Junta decía desde el primer minuto y es que el proceso se había ajustado a derecho”, tras lo que ha indicado que espera que los partidos de la oposición, y especialmente el PP, “tomen nota”.

El portavoz del Gobierno ha confirmado que los servicios jurídicos de la Junta van a analizar todo lo sucedido y las manifestaciones vertidas desde que se abrió la causa por si son susceptibles de acudir a la vía judicial, ya que se han producido “difamaciones infames” y se han puesto “en riesgo” inversiones “importantísimas” para Andalucía.

Por otro lado, el  PSOE-A ha sostenido hoy que el caso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha sido un “montaje” para impedir la investidura de la presidenta, Susana Díaz, y ha avanzado que pedirá explicaciones al Gobierno y a la UDEF por la “filtración” del informe que dio origen a la investigación judicial.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha resumido en estos términos lo que ha tildado de “juego sucio y de daño interesado” a la imagen de Andalucía, después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, haya archivado la denuncia presentada contra la concesión de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México.

El socialista ha anunciado que su partido estudiará las “vías posibles” para restituir el “daño consciente e interesado” que se ha causado a la imagen de Andalucía con lo que ha denominado como una “burda y sucia” estrategia política puesta en marcha para “erosionar” al Ejecutivo andaluz.

Por ello, el PSOE pedirá explicaciones y responsabilidades a la UDEF y a la Delegación del Gobierno en Andalucía para aclarar quién “filtró” a los medios de comunicación el informe que puso en marcha la investigación judicial, un decisión que el PP utilizó como “palanca para hacer inviable” la investidura como presidenta de Susana Díaz, ha denunciado.

En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, la juez acuerda que se archive la causa, en la que había siete imputados, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial.

La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resources, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el auto, que tiene fecha del 6 de noviembre, la juez explica que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis.

El pasado viernes 6 de noviembre la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio anunció, antes de que trascendiera el archivo judicial de la causa, que dejaba sin efecto la paralización cautelar de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar.

Según la juez, “no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes, más allá de meras sospechas o conjeturas, de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas”.

La juez explica en su resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones se acuerda con independencia de que haya que actuar por la vía de lo contencioso administrativo.

“En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto”, afirma la juez antes de recordar que se hizo “teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso”.

La magistrada considera que “no puede afirmarse la concurrencia de los requisitos descritos como propios de la prevaricación en el procedimiento y trámites del concurso relacionado con la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar”.

Tras examinar la “abundante documentación” aportada en las actuaciones y las declaraciones de los implicados, añade la juez, “las cuestiones objeto de debate son cuanto menos susceptibles de otra interpretación distinta a la sostenida en la denuncia matriz”.

En su auto, la juez subraya que el juzgado no puede “sustituir la labor propia de los integrantes de la mesa y de la comisión” del concurso, y añade que era una práctica habitual de las empresas del sector intercambiar opiniones y contactos entre ellas y con la dirección general de Minas.

Por ello, no aprecia delitos en las visitas o manifestaciones verbales en las visitas del directivo de Magtel Mario López Magdaleno ni en la llamada que reconoció que hizo el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, para preguntar por el proceso de negociación. EFE




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