Declaran no urbanizable Valdecañas en la Red Natura 2000

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Declaran no urbanizable complejo en Isla de Valdecañas (Extremadura) en la Red Natura 2000

Declaran no urbanizable complejo en Isla de Valdecañas (Extremadura) en la Red Natura 2000 Manifestación contra Complejo Marina Isla de Valdecañas, en Extremadura. EFE/Ángel Mustienes/ARCHIVO

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) aprobada por la Asamblea en el año 2011, con los votos de PSOE y PP, y que permitió respaldar legalmente el complejo Marina Isla Valdecañas, espacio en la Red Natura 2000.

El TC ha estimado “sustancialmente” la cuestión de inconstitucionalidad que fue planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), según han informado las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura, que ya han recibido la notificación de la sentencia.

Proyecto en el espacio de la Red Natura 2000

En ella, señalan en una nota, se confirma que la Red Natura 2000 no es urbanizable y se da la razón a las organizaciones ecologistas en el contencioso de Valdecañas, por lo que instan a los responsables “de este desatino” a que asuman su responsabilidad “aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del espacio”.

Recuerdan que el procedimiento proviene de la homologación por parte de la Junta de Extremadura del proyecto de interés regional (PIR) Marina-Isla de Valdecañas, una decisión que fue recurrida tanto por Adenex como por Ecologistas en Acción ante el alto tribunal extremeño.

En concreto, las dos organizaciones solicitaron que se plantease una cuestión de inconstitucionalidad contra esta reforma de la LSOTEX al entender que “se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia” y que contradecía la legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable -en la actualidad suelo rústico- integrado dentro de la Red Natura 2000″.

Esta cuestión, aclara, ha sido estimada ahora “parcialmente” por el Constitucional en la cuestión planteada en dicho procedimiento por parte de Adenex, por lo que es espera que ocurra lo mismo con el resto de procedimientos pendientes de resolverse, como el de Ecologistas en Acción.

Suelo no urbanizable

En cualquier caso, ambas organizaciones subrayan que lo relevante es que el TC vuelve a confirmar, “por tercera vez”, que la utilización de los terrenos con valores ambientales que sean objeto de protección por la legislación aplicable, “quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores”, y comprenderá únicamente “los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice”.

Añade además que esta regulación es de carácter estatal y básico y no puede ser alterada por las comunidades autónomas como hizo la Junta de Extremadura en su Ley 9/2011 “con la pretensión de legalizar el Complejo Marina Isla Valdecañas, la cual es declarada inconstitucional”.

Ecologistas y Adenex precisan que el TC no estima completamente la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que el procedimiento de homologación no era una ley singular y, tal y como se regulaba, resultaba válido.

Pero esta cuestión, a su juicio, resulta “completamente intrascendente” debido a que el propio TC detalla expresamente que no procedería una homologación sobre un precepto, el artículo 11 LSOTEX, que ha sido declarado contrario a la Constitución.

Cierre del proyecto en Valdecañas

Las organizaciones ecologistas entienden que, con este pronunciamiento se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias sobre Valdecañas.

A su juicio, se “debilitan” también los argumentos planteados por la Junta de Extremadura respecto a la imposibilidad material de realizar la restitución de los terrenos, al entender el TC que la urbanización supone la desprotección y destrucción de facto del espacio afectado.

Por ello, Adenex y Ecologistas en Acción manifiestan su satisfacción tras más de doce años de procedimiento y tres sentencias favorables e instan a los responsables “de este desatino” a que asuman su responsabilidad “aceptando y ayudando a ejecutar las sentencias de restauración del espacio”.

Lo “paradójico” de esta situación, concluyen, es que sean las organizaciones ambientales las que sean objeto de una “intensa campaña de desprestigio” por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y el medio ambiente en Extremadura, “cuando ésta es una responsabilidad de los poderes públicos”. EFEverde

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