Contaminación y ruido encabezan quejas ambientales al Defensor Pueblo

MEDIO AMBIENTE

La contaminación y el ruido encabezan las quejas ambientales al Defensor del Pueblo

La contaminación y el ruido encabezan las quejas ambientales al Defensor del Pueblo Tráfico en Madrid. EFE/Chema Moya

La contaminación atmosférica, junto con el ruido del transporte, de los locales de ocio, la hostelería o los espectáculos públicos protagonizaron un año más las principales quejas medioambientales de los españoles ante el Defensor del Pueblo, según la memoria de 2018 publicada este martes por esta institución.

Quejas ambientales

A juicio de la institución, “las medidas aplicadas para combatir la contaminación no siempre son bien entendidas o suficientemente explicadas a la población”, por lo que “las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo para invertir esta situación”.

Según el informe, en el caso de la comunidad de Madrid existe “un grave retraso en el cumplimiento de la ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera en relación con la autorización de emisiones de las que deben disponer las instalaciones contaminantes”.

En gran parte, debido a que “la Administración no ha puesto en marcha todos los mecanismos previstos en la ley para que estas instalaciones se adapten a las previsiones legales”, según se precisa en esta publicación, que sitúa en 687 las quejas ambientales tramitadas en 2018, cifra ligeramente menor a la de 2017, con 707.

“No pasan inadvertidos los perjuicios que para la actividad económica podrían derivarse de una aplicación estricta de las previsiones legales en materia de protección de la atmósfera”, señala el informe. Por ejemplo, “ordenando la suspensión de la actividad de las instalaciones que funcionan sin autorización”.

En este sentido, la Oficina de Fernández Marugán asegura que “la falta de iniciativa y de actividad de la Administración” obliga a decidir “entre no perjudicar la actividad económica o proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”.

No todas las comunidades autónomas han aprobado instrumentos para luchar contra la contaminación atmosférica, a pesar de que se trata de una obligación legal.

Ruido

Por otra parte, “los ciudadanos consideran que la Administración no actúa de manera ágil y decidida” ante la contaminación acústica.

“El ruido no solo afecta al medioambiente, sino también a la salud”, por lo que el Defensor del Pueblo urge a “ayuntamientos, comunidades y ministerios a eliminar o reducir dicha contaminación creciente para garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud”.

“Merecen especial atención” las molestias por las terrazas temporales o anuales en la vía publica, porque a pesar de que la mayoría de los municipios tiene regulaciones específicas, ello “no da derecho al titular a generar contaminación acústica mientras el establecimiento esté abierto”.

En la memoria también se denuncia el incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística cuando hay exceso de mobiliario, aforo, o se utiliza la vía publica como almacén para el mobiliario.

También se advierte de que no se recogen los residuos, no se retiran las mesas ni las sillas a la hora del cierre, y además se ocupa una superficie mayor a la autorizada.

En competiciones deportivas, la memoria destaca “los avances mínimos” de la queja tramitada durante varios años por ruido en el circuito de velocidad de Ricardo Tormo en Cheste (Valencia).

Por otra parte, los festivales y conciertos al aire libre “durante varias días y hasta horas intempestivas” también han sido motivo de quejas, porque según la memoria, dificultan el descanso. En Madrid, concretamente se destacan las quejas por festivales en la Caja Mágica y en los terrenos municipales de Valdebebas.

Otras quejas

También se percibe mayor preocupación por la protección, la defensa y el respeto a los animales, y también fueron objeto de quejas los incendios forestales, así como la sobreexplotación del acuífero de Doñana con el fin de conocer las medidas adoptadas para frenar el continuo descenso de aguas subterráneas en el acuífero Almonte-Marismas.

Tras analizarse la información de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se establece “que no se puede concluir que este organismo esté ejerciendo con suficiente decisión las potestades atribuidas por la legislación de aguas” y “no ha indicado la estimación del número de pozos ilegales existentes”. EFEverde

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