Indígenas incrementan la lucha para evitar la extracción de recursos

RECURSOS NATURALES

Pueblos indígenas incrementan la lucha para evitar la extracción de recursos de sus territorios

Pueblos indígenas incrementan la lucha para evitar la extracción de recursos de sus territorios Pobladores de San Rafael, de la resistencia Xinca, en Guatemala. EFE/Esteban Biba/ARCHIVO

La defensa de la naturaleza y la consulta previa tiene en pie de guerra a comunidades indígenas de Latinoamérica ante la cada vez más extensa actividad extractiva de recursos por parte de multinacionales, incluidas españolas, y que en muchas ocasiones tiene un elevado coste, la vida de los defensores.

Guatemala, Bolivia, Brasil Y Ecuador, entre otros, engrosan la lista de países donde las comunidades indígenas luchan por el respeto a sus territorios, sus derechos de consulta y por dejar a las generaciones futuras lo que ellas heredaron de sus antepasados.

La consulta previa

Así lo han explicado a EFE representantes indígenas, de onegés y abogados que trabajan en Bolivia, Guatemala y Brasil en el marco de la finalización este viernes de las sesiones del Foro Internacional de Pueblos Indígenas de la ONU en Nueva York y ante dos sentencias que han logrado parar proyectos en Guatemala y Ecuador.

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Manifestación del pueblo Xinca contra la minería frente a la Corte de Constitucionalidad (CC), en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/ARCHIVO

“Para nosotros la suspensión del proyecto minero El Escobal en Guatemala es un precedente importante”, señala en entrevista con EFE Quelvin Jiménez, abogado del Parlamento del Pueblo Xinka, organización ancestral que representa a cinco comunidades afectadas por la extracción de plata en la mina San Rafael, en el departamento sureño de San Rafael las Flores, en manos de la empresa canadiense Pan American Silver.

En un fallo único, la Corte Superior de Justicia de Guatemala dictó en junio de 2017 la suspensión del proyecto “por falta de consulta previa a las comunidades afectadas por los trabajos de la mina”, que produjo daños en las viviendas e infraestructuras de dos comunidades, según Jiménez.

El fallo “tomó en cuenta las reclamaciones de las comunidades con más de 500.000 personas por la contaminación de la cuenca de los Esclavos”, una de las más importantes del país que atraviesa todo el departamento de Santa Rosa hasta llegar al mar, asegura Jiménez, quien explica haber “recibido amenazas de muerte”.

La Minera San Rafael de Guatemala, operaria de la mina de El Escobal de 2.400 kilómetros de extensión, anunció en enero el cambio de casa matriz que pasó de Tahoe Resources a la también canadiense Pan American Silver.

La operación contó con el voto de 206 millones de votos, equivalentes al 95,46 % de accionistas de una de las minas más grandes del mundo con reservas de más de 23,7 millones de toneladas, según la empresa.

Hidroeléctricas con capital español

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Indígenas qekchies de Santa María Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz. EFE/Edwin Bercían/ARCHIVO

Pero no es el único conflicto en Guatemala, la construcción de hidroeléctricas y los monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana afectan a otras comunidades indígenas que ven cómo las promesas de beneficios, riqueza y puestos de trabajo se diluyen en el tiempo.

Las protestas contra la construcción de hidroeléctricas en el río Cahabón, en el departamento de Alto Verapaz (norte), en la que participa la multinacional española ACS, del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con la subsidiaria local Cobra, han llevado a una condena de siete años al líder quekchí Bernardo Caal Xol.

Según Almudena Moreno, de la ong española Alianza para la Solidaridad, se “está criminalizando más que asesinando a los defensores medioambientales en Guatemala, para desestabilizar a las comunidades indígenas defensoras de sus territorios”.

Según Moreno, “las empresas no cumplen con las directrices de la OCDE sobre el respeto a los derechos humanos y la debida diligencia, es decir aunque no es la promotora directa de los proyectos, sus acciones colaboran en la vulneración de derechos”.

Extrema preocupación

Tras una visita a Guatemala, la relatora de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, reconoció sentirse “extremadamente preocupada” por las crecientes desigualdades en el país, el racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas a todos los niveles.

Tauli lamentó el “fracaso del Estado” en la eliminación de la discriminación estructural y la falta de fondos destinados a abordar la grave situación de los indígenas.

Protección de una reserva natural 

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El gobernante de Bolivia, Evo Morales, en un ritual de solsticio de verano en Suriqui (Bolivia). EFE/MARTÍN ALIPAZ/ARCHIVO

En Bolivia, el Gobierno de Evo Morales, y el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han autorizado la exploración de hidrocarburos y gas en el Chiquiacá Norte, localidad en la reserva natural de Tariquia, en el sur del país.

La empresa brasileña Petrobras está realizando los estudios para la apertura de pozos en San Telmo Norte y Astilleros, señala a EFE la dirigente indígena Lourdes Zutara, y explica que gracias a Cáritas Bolivia han podido acceder a “información veraz” después de que las autoridades locales les negaran que el proyecto generaría contaminación.

Sabían que en el Chaco boliviano estos proyectos han generado mucha destrucción, por lo que desde hace tres años están embarcados en “la defensa de la única reserva de esa zona”, sin embargo, de las diez comunidades que inicialmente luchaban “gracias a prebendas de las autoridades” ahora solo quedan seis.

“Somos los olvidados de las autoridades, aunque Morales ganó con el 95 % del apoyo de Tariquia, “no ha hecho nada para la región”, asegura Zutara, y añade que, desafortunadamente, las regiones que han claudicado están dirigidas por hombres que “tienen más debilidad”.

“Vivimos de la tierra, necesitamos del aire y agua limpios para nosotros y las futuras generaciones”, asevera la dirigente boliviana, porque “aquí todo producimos de forma natural, como la miel de abeja”, producción que se verá “seriamente afectada” si el proyecto sigue adelante, sostiene.

Minería y agronegocio

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Manifestación indígena contra las políticas del Gobierno de Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/ARCHIVO

En Brasil, “los pueblos indígenas viven el momento más grave desde la redemocratización del país (con el fin de la dictadura militar, en 1985). El gobierno del presidente Jair Bolsonaro está destruyendo la política indigenista, desmontando los órganos de protección al bosque y a los territorios indígenas” señala a EFE la cofundadora de la Agencia Amazonia Real, Elaize Farias.

“En Brasil, hay 305 etnias diferentes de pueblos originarios y Bolsonaro quiere autorizar actividades económicas de gran impacto social y ambiental en las tierras indígenas, como minería y agronegocio, entre otros, para atender intereses de grandes corporaciones empresariales”.

Estas actividades dejarán “sólo daños y perjuicios a los indígenas, su retórica incentiva y legitima ataques de personas que desean invadir las tierras indígenas”, según Farias, quien recogió esta semana junto al fotógrafo Alberto Araujo, el Premio Rey de España como Medio de Comunicación destacado de Iberoamérica.

Bolsonaro afirmó que “ya no demarcará tierras indígenas, dejando áreas que necesitan ser regularizadas extremadamente vulnerables. Como consecuencia, la deforestación del bosque está aumentando y la violencia y las invasiones se agravan”.

Todo esto puede traer como consecuencia “un desequilibrio ambiental y climático a nivel nacional y global”.

Los pueblos originarios de Brasil (como son reconocidos por la Constitución brasileña de 1988), sin embargo, “no están parados o aceptando estos ataques. Están en permanente movilización en sus organizaciones, asociaciones, comunidades y en las grandes movilizaciones callejeras, como ocurrió en el Campamento Tierra Libre, la semana pasada, en Brasilia”.

Sentencia a favor para los waorani

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Encuentro de indígenas waorani en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome/ARCHIVO

Al igual que en Guatemala, en Ecuador un tribunal de la provincia de Pastaza, en el este del país, falló el pasado 26 de abril a favor de la etnia indígena Waorani, que exigía la paralización de la licitación de un proyecto petrolero en su territorio porque no se realizó la consulta previa que exige la ley ecuatoriana y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los waorani habían pedido a la corte “una acción de protección” porque la consulta realizada años atrás estuvo “viciada”, y no garantizó el principio de información y libertad de la consulta porque fue un “engaño” para facilitar la licitación petrolera, según los indígenas.

Es un triunfo parcial, pero podría detener otra destrucción de la selva como sucedió con el conocido caso Texaco en la Amazonía ecuatoriana.

Informe sobre multinacionales canadienses en Latinoamérica

Un informe de la organización Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) facilitado a EFE por Niamh Brannigan, del Departamento Jurídico de la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), señala que entre los años 2000 y 2015 las compañías canadienses están relacionadas con 44 muertes y más de 400 heridos en los quince años de estudio Latinoamérica.

El estudio “The Canada Brand: Violence and Canadian Mining Companies in Latin America” (La Marca Canadiense: La Violencia y la Minería Canadiense en América Latina), de JCAP, señala que cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.

La lucha de los indígenas en Latinoamérica han recibido el apoyo de personajes tan conocidos como Leonardo DiCaprio o Alec Baldwin, pero no son los únicos. EFEverde

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