AGUA LA ADRADA

El Procurador del Común da la razón a los vecinos de la Adrada sobre la subida del precio del agua

Agua, recurso de archivo

El Procurador del Común de la Junta de Castilla y León ha dictado resolución en la que da la razón a los vecinos de La Adrada en su reclamación contra la subida del precio del agua y la inclusión en el recibo del consumo de la piscina municipal y pide al consistorio que revoque las liquidaciones por razones de legalidad.

Los ciudadanos agrupados en Espacio Vecinal La Adrada recuerdan en un comunicado, que la subida se efectuó “sin que el Ayuntamiento tuviera en cuenta, de forma conveniente, sus alegaciones”.

Esta resolución emitida por el Defensor del Pueblo de Castilla y León se produce a raíz de la reclamación presentada por más de cien vecinos, tras el incremento de la factura del agua, incluyendo el consumo de la Piscina Municipal, según ha informado este domingo los promotores de la reclamación.

Revocar las liquidaciones

En su Resolución, con fecha del 9 de octubre, el Procurador del Común declara NULA DE PLENO DERECHO dicha subida, insta al Ayuntamiento a revocar por razones de legalidad las liquidaciones que haya hecho y a devolver las cantidades cobradas de más, incrementadas en los intereses legales que correspondan y que proceda a aprobar, a la mayor brevedad, una nueva ordenanza adecuada a la normativa aplicable, que venga a sustituir la actual norma reglamentaria nula de pleno derecho.

El pleno municipal aprobó provisionalmente el 31 de enero de este año y, de forma definitiva, el 16 de junio del presente ejercicio, la modificación de la ordenanza reguladora de la tarifa del agua y saneamiento, contemplando una actualización de la tasa del agua con una subida del 5,066 por ciento.

De esa cantidad, un 2,164 por ciento como resultado de aplicar la correspondiente formula de actualización del contrato vigente con Aqualia, actual concesionaria del servicio, y un 2,902 por ciento adicional, para incluir, “a costa de todos los usuarios del agua doméstica, el suministro de agua de la piscina municipal”.

Y ello, señala el Procurador del Común, “siendo improcedente que se imputen costes asociados a otros usos diferentes de los personales y domésticos, ya que en aras a garantizar la sostenibilidad y asequibilidad del abastecimiento, es fundamental que en las tarifas del agua se tengan en cuenta exclusivamente los costes asociados a la prestación de este servicio en el hogar”.

“Cualquier coste de la piscina municipal debería afrontarse exclusivamente con cargo a las tasas asociadas”, apunta esta institución, tras recibir la correspondiente información del Consistorio, defendiendo la medida adoptada “tras cinco años sin subidas” en la tarifa y mejoras en el sistema de abastecimiento.

En sus argumentaciones, el Ayuntamiento de esta localidad situada al sureste de la provincia de Ávila, cerca de la Comunidad de Madrid, concluye: “En resumen, el recibo del agua solo puede incluir conceptos relacionados con el agua y eso se ha hecho”.

En este sentido, considera que el incremento del 2,902 por ciento se ha realizado para “incluir a costa de todos los usuarios del agua doméstica, el suministro de agua de la piscina municipal”, algo que según el criterio municipal “se ajusta a la normativa aplicable”.

En este sentido, el Procurador del Común señala: “Es decir, se pretende financiar con cargo a las tarifas del servicio de agua potable los gastos de funcionamiento de la piscina, los cuales deben ser objeto de una tasa propia”, según establece la Ley de Haciendas Locales.

“Resulta pues”, según el Defensor del Pueblo de Castilla y León, “que el Ayuntamiento, al proceder al incremento de las tarifas por el abastecimiento domiciliario de agua potable que se ha producido con la modificación de la ordenanza, ha vulnerado lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.

Esto supone que se trata de una actuación administrativa “nula de pleno derecho, conforme establece el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

Asimismo, añade que el Ayuntamiento “no puede desconocer el concepto de tasa, que va siempre ligado a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, o a la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos”.

Según señala, con lo recaudado por medio de una tasa “no se pueden financiar los costes de otros servicios, pues una tasa no es un impuesto”, ya que “el principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, sin una afectación concreta y un destino determinado”.

Norma nula de pleno derecho

El procurador también pide que “por el Ayuntamiento de La Adrada se proceda a aprobar, a la mayor brevedad, una nueva ordenanza adecuada a la normativa aplicable, que venga a sustituir la actual norma reglamentaria nula de pleno derecho“.

En su comunicado, “Espacio Vecinal de La Adrada” reitera su compromiso con una gestión del agua regida por unos principios que definen el derecho humano al agua, como son,  la  participación ciudadana, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental del propio servicio.

Para saber más:

Resolución del Procurador de lo Comun de Castilla y León sobre la subida del precio del agua en La Adrada

 




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