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J.Bello (PNUMA): Es necesario cambiar el sistema de desarrollo en L.América y el Caribe

Ecoturismo, la respuesta para el desarrollo rural de Latinoamérica Bosque tropical en la localidad de Bijagua, Upala (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/ARCHIVO

Lourdes Uquillas.- La pérdida de biodiversidad -que está cerca del 94 % en Latinoamérica y el Caribe- y los conflictos ambientales irán creciendo en la región si no cambia el modelo de desarrollo económico, sostiene el Coordinador (a.i.) del Subprograma de biodiversidad y ecosistemas para América Latina y el Caribe, Juan Bello.

Bello habla con EFE, un día antes de la reunión sobre Biodiversidad convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco de la Asamblea General en la que se tratan los problemas globales, incluidos los ambientales.

Cambio de sistema de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe

Imagen facilitada del Coordinador (a.i.) del Subprograma de biodiversidad y ecosistemas para América Latina y el Caribe, Juan Bello. EFE

“Es una falacia creer que la minería es la única fuente de crecimiento económico en Latinoamérica y el Caribe”, asegura el representante regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y añade que hay alternativas de desarrollo en armonía con la naturaleza.

En su opinión, en Latinoamérica y el Caribe “es necesario un cambio de visión de negocio por parte de las empresas y los empresarios y su relación con la naturaleza”.

Explica que el informe del Foro Económico Mundial ‘El futuro de los negocios y la Naturaleza’, advierte -desde una perspectiva privada-, entre otras cosas, que “los negocios van a dejar de ser viables en unas décadas por la destrucción de la naturaleza”.

Ese estudio recoge que “no puede haber empleo en un planeta muerto” y demuestra que poniendo en marcha 15 transiciones en tres sistemas socioeconómicos de producción: agroalimentario, infraestructuras y ciudades y energía y recursos minerales, “se podrán crear 400 millones de empleos hasta 2030, con trillones de dólares en una economía amigable con la naturaleza”.

Incremento de la frontera agroindustrial y de la minería

Explica que en Latinoamérica se ha incrementado la expansión de la frontera agroindustrial y la minería, especialmente con la minería ilegal, que sobre todo afecta a Colombia, Brasil, Venezuela y Perú, y en menor medida a Ecuador”.

“El 70 % de los impactos sobre la biodiversidad se derivan de los sistemas agroalimentarios, tanto a nivel continental como oceánicos por la sobre pesca”.

Sostiene que “si queremos vivir en un planeta sostenible”, es necesario seguir las llamadas de atención de los científicos que sugieren cambios profundos en los sistemas agroalimentarios actuales, considerando dos grandes niveles: una agricultura mucho más eficiente, deteniendo la frontera agrícola y sistemas agrícolas más productivos y eficientes.

Y en relación al consumo, dice Bello que es necesario evitar el desperdicio alimentario (cuyo Día internacional se celebra hoy, 29 de septiembre) y realizar cambios en la dieta, porque con el crecimiento poblacional que hay, es necesario pensar en estos “cambios de forma integral”.

Llama a reflexionar sobre la relación entre productores y consumidores, porque “en Europa hay un consumo de carne con soja producida en las zonas deforestadas de la Amazonía”.

Por ello, señala se necesitan cambios con “una visión integral”,  que incluyan factores de producción, transporte y residuos, sectores que abarcan competencias de muchos ministerios, no solo el de Medio Ambiente”.

De lo contrario, “al paso que va, la región va a perder su principal capital que es el natural”, sostiene y añade, con esa perspectiva, “en 20 o 30 años puede sumirse en un nivel de pobreza realmente grave”.

Recuerda que el último informe Planeta Vivo de WWF -difundido hace escasas semanas-, registra cerca de un 94 % la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe.

Creación de empleos verdes

De ahí, que la región “debe plantearse” negociaciones comerciales y de cooperación económica para empezar a “generar empleos verdes y riqueza que no sea a expensas de la naturaleza”.

Además, “la sociedad civil, las industrias, las empresas y el sector privado deben pedir cambios”, como los relacionados con los subsidios o los incentivos que conceden los gobiernos o las inversiones que hacen.

Cuando se reactive el turismo, “el de naturaleza va a seguir siendo una fuente de ingresos en los próximos años“, pero hay muchos otras posibilidades de las que los gobiernos pueden obtener los ingresos que necesitan, “recursos que generan equidad, empleo y bienestar”.

Desaparición de ecosistemas

La explotación de recursos está llevando a la desaparición de grandes ecosistemas, entre otros, a “la pérdida alarmante de humedales, grandes reguladores hídricos, de la sequía y fuente de alimentación para millones de personas”, como señala el quinto informe de Perspectiva Mundial sobre Diversidad Biológica de la ONU.

Una situación que contrasta con “la reducción de la deforestación, que actualmente es la mitad de lo que se registraba a finales del siglo anterior y de lo que llevamos de este”, asegura.

No obstante, explica que la deforestación es acumulativa, por lo que es necesario dar espacio a los bosques para su recuperación, porque “en los últimos 25 años se han perdido 20 millones de hectáreas”.

Señala que actualmente, cerca del 25 % del territorio de Latinoamérica y el Caribe está bajo algún régimen de protección o área protegida, lo que denota el incremento de políticas para la protección de la biodiversidad.

No obstante, “ese incremento de políticas no es suficiente para detener la pérdida de biodiversidad”, y recuerda que los científicos han advertido de esas pérdidas desde hace décadas, siendo Latinoamérica y el Caribe, donde se encuentran algunos de los países con mayor biodiversidad planetaria, “la región más afectada”.

Los incendios

En relación a los incendios que no solo se producen en la Amazonía, dice que es necesario tomar en cuenta los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más largos, por un lado, y por otro, “los países no han desmontado subsidios y políticas que promueven, por ejemplo, la agricultura y la ganadería a gran escala en áreas que no son aptas para esas actividades”.

Pero “hay afectación” en muchos ecosistemas más, como las turberas -grandes acumuladores de carbono-, en los bosques, en los páramos o los humedales, y todo esto “está generando problemas muy graves para América Latina y el Caribe”.

Estos ecosistemas, además, “se están viendo fragmentados en una especie de mapa de parches” y aislados entre sí, lo que genera más dificultades a las especies para sobrevivir porque quedan aisladas unas de otras y más susceptibles a la supervivencia.

Estas situaciones, destaca el representante del PNUMA, provocan además que las comunidades humanas “queden más expuestas a enfermedades zoonóticas” como la pandemia actual de la Covid-19.

Deshielo de glaciares

Sobre la pérdida de glaciares en los Andes, de cuya agua dependen muchas personas, Bello señala que es un problema que demuestra que no bastan las políticas nacionales, porque es un problema con interconexiones a escala planetaria.

Demuestra la importancia de tomar “acciones multilaterales y conjuntas” a nivel global, directamente relacionadas con la reducción de emisiones por parte de los países que más las producen y son causantes del calentamiento global, concluye.

Costa Rica, país visionario

Costa Rica es un claro ejemplo de políticas de Estado adecuadas en relación al medio ambiente, “hay una visión la naturaleza y la conservación de la biodiversidad en la base del país. Es tremendamente importante y un país visionario”.

Además, en el país centroamericano, el ministerio de Medio Ambiente está integrado en el de Energía y Minas, mientras en el resto de países están separados. “Esa integración da mucha coherencia en las políticas ambientales”.

Explica el representante regional del PNUMA, que “en este momento, 11 países latinoamericanos de un total de 64 de todo el mundo, están firmando un compromiso de alto nivel para la conservación de la naturaleza”.

En ese listado están, entre otros: Belice, Honduras, Guatemala, Santa Lucía, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, países donde “ya hay una voluntad política para la conservación de la biodiversidad”.

Esta postura contrasta con los otros países donde una confrontación entre políticas sectoriales no es efectiva y demuestra la situación “crítica” de pérdida de biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, y recuerda que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha advertido desde hace décadas” que Latinoamérica sigue basando sus economías en industrias extractivas.

Tráfico de especies y defaunación

Sobre el tráfico ilícito de especies, concretamente el jaguar, aunque no es el único, señala que anteriormente sucedió lo mismo con la “época de la tigrillada”, en la que se mataron miles de ejemplares para surtir de pieles a Europa y Estados Unidos. “Se produjo entonces una defaunación enorme”. 

Actualmente existen normativas y acuerdos internacionales para luchar contra el tráfico, como la CITES. Sin embargo, “los mercados ilícitos continúan y funcionan como cualquier otro sector ilegal, como la trata de mujeres, el narcotráfico, el de de armas, unidos a la corrupción. No hay forma de pasar los animales si no hay mafia”.

La alternativa es educar a los consumidores, sin embargo hay poblaciones donde son más fuertes las creencias y tradiciones que “les llevan a creer que estos animales  son fuentes de salud”.

Por ello, “es necesario poner en marcha políticas para fomentar el desarrollo económico de las comunidades que viven en los bosques y de la naturaleza, y se incluyen los compromisos a nivel global, con el pago de responsabilidades a países consumidores, el pago de servicios, o transferencias de recursos que permitan a las comunidades locales seguir viviendo de los bosques, porque “son economías de mucha pobreza a nivel local”.

Sobrepesca  y déficit de regulación internacional

En relación al caso de la sobre pesca por parte de una flota china de más de 300 barcos frente a las costas de las Islas Galápagos (Ecuador), señala que es un claro ejemplo del “déficit de regulación internacional en alta mar“.

Es un caso “dramático”, que conlleva una discusión política seria y que los  países acuerden nuevo marco para la protección de la biodiversidad y de recursos marinos y oceánicos en la zonas de altamar, fuera de los territorios de los países.

Precisamente, la próxima cumbre sobre biodiversidad que estaba prevista para este año se realizará en Kunming (China) en 2021 y donde se prevé que se aumente la ambición para la protección de la biodiversidad sobre las metas Aichi, se discuta sobre la protección del 30 % de la naturaleza hasta 2030 y casos como este.

Sin embargo, aclara Bello, la meta del 30 % en 2030 es para los espacios territoriales, mientras que el caso de Galápagos está fuera de ese espacio, está en aguas internacionales. Por lo que se prevé, “una negociación muy difícil”.

Señala además, que se necesita no solo conseguir la meta 30-30 (30 % en 2030), sino lograr una protección efectiva, con unidad ecológica y conexión entre las áreas a proteger. 

Acuerdo de Escazú 

En relación a la ratificación del Acuerdo de Escazú para la defensa de los defensores ambientales, señala Bello que mientras los países latinoamericanos sigan con las industrias extractivas o la expansión de la frontera agrícola y sigan generando incentivos para esas industrias, “van a seguir aumentando” los casos de violencia.

Son conflictos con comunidades locales que “dependen del agua, de los bosques, de la naturaleza, que saben que son irremplazables” una vez que entran estas actividades  que “no les generan desarrollo”.

Sostiene la necesidad de luchar contra la estigmatización de los defensores ambientales y la falsa publicidad que se ha dado al Acuerdo en algunos países como Colombia, donde varios sectores económicos hablan de la “pérdida de soberanía nacional si el país lo firma”.

Bello dice que el Gobierno colombiano ha señalado en varias ocasiones y ante la Asamblea de Naciones Unidas que su gobierno firmará el acuerdo.

Sin embargo, la industria de los hidrocarburos así como la agroindustria están ejerciendo presión en contra, señalando al Acuerdo como “nocivo” para el país, y que puede significar la expropiación de sus tierras y negocios.

Este mismo mensaje, dice, se da en Paraguay, Perú y Chile, “que ya se ha pronunciado abiertamente en contra de la firma de este acuerdo y lo que se observa es cómo una visión de desarrollo se está imponiendo ante todo”.

“Lo que se está haciendo es presionar para que los gobiernos hagan una desregulación de las normas ambientales para lograr un funcionamiento de esas industrias mucho más libres”, sostiene.

Explica que lo primero que se necesita es desmentir esos argumentos, con campañas de información muy claras para aclarar que no habrá pérdida de soberanía.

Y, además, trabajar con las industrias . En Latinoamérica y el Caribe deben entender que tienen que desarrollarse en ambientes socio ecológicos sanos, en entornos socio ecológicos sin conflictos , donde ellos cuiden la naturaleza y el medio ambiente y den apoyo de las comunidades. Es donde están sus posibilidades reales de crecer.

“Hay que cambiar esa mentalidad y eso significa un trabajo muy comprometido con el sector privado en la región”, concluye.

 




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