PROYECTO GAS CASTOR

Piden que se impugne la indemnización del proyecto de gas Castor ante el TC

  • Un Real Decreto de octubre reconoce una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa gasista

 Piden que se impugne la indemnización del proyecto de gas Castor ante el TC Plataforma del proyecto castor frente a Alcanar (Tarragona). EFE/Jaume Sellart

Efeverde.- Varios grupos sociales de Tarragona han pedido a los grupos políticos que tramiten ante el Tribunal Constitucional la impugnación del Real Decreto que prevé una indemnización a la empresa UGS por renunciar a la concesión del almacén submarino de gas del proyecto Castor,  paralizado en septiembre por su relación con la sucesión de cientos de seísmos en la zona.

A primeros de octubre, el Gobierno aprobó un Real Decreto en el que se declaraba extinguida la concesión de explotación de Castor, -el almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón)-, establecía la hibernación de las instalaciones y reconocía una indemnización de 1.350 millones de euros, a cargo del sistema gasista durante un plazo de 30 años.

Hoy las organizaciones  Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han hecho público un manifiesto en el que  piden que la ciudadanía no pague de la deuda del proyecto y que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas, aseguran, que el real decreto imposibilita.

Piden que los representantes de los grupos políticos, con un mínimo de 50 diputados o senadores, impugnen el real decreto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015.

 Aumento del precio de la factura de gas

Las organizaciones firmantes apoyan la hipótesis de que, en la práctica, la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años.

A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.

Las organizaciones denuncian que en un momento de especial fragilidad económica por el aumento del desempleo y los recortes sociales, “donde la pobreza energética ya afecta al 17 % de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más”.

Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas.

 

ESCAL UGS, participada en el 66,6 % por ACS, presentó su renuncia el pasado verano a la concesión del almacén. El plazo para el pago de la indemnización a ESCAL UGS terminará mañana, 14 de noviembre. EFEverde

 

 

 




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