INCLUSIVIDAD SOSTENIBLE

Las personas con discapacidad reclaman un modelo de desarrollo sostenible más inclusivo

Una mujer con discapacidad. Archivo EFE/ Raúl Martínez

Iluminada Abellán Miñarro.- EFEverde.-El movimiento asociativo de personas con discapacidad reclama un “modelo de desarrollo sostenible más inclusivo” y lamenta que “no se tenga plenamente en cuenta la realidad de este grupo social a la hora de formular políticas públicas, también de carácter medioambiental”.

El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los DDHH y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, recuerda que las decisiones que se adopten en este sentido deberán “alinearse con los instrumentos de derechos humanos ya vigentes, como la Convención de la ONU sobre Discapacidad”, con el objetivo de garantizar, entre otros, “el derecho humano de todas las personas al disfrute de un medio ambiente saludable”.

Asegura que los compromisos asumidos por la Agenda 2030 “marcan la hoja de ruta en términos de inclusión” para afrontar estos desafíos y representan la oportunidad de “catalizar y estimular el cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos”.

Martín reivindica, en entrevista con EFEverde, la necesidad de “eliminar las barreras de accesibilidad” que impiden que “las personas con discapacidad se constituyan como agentes activos en la lucha contra el cambio climático”.

Asimismo, demanda una “mayor participación del colectivo en el movimiento ecologista”, ya que según el delegado del CERMI: “el ecologismo o es inclusivo o no es” y “reverdecer la acción social” también implica “tejer alianzas con la sociedad civil de la discapacidad” a fin de “sumar más voces a la agenda verde y teñirla de inclusión”.

En opinión del director de la red Plena Inclusión, Enrique Galván, resulta imprescindible “convertir la accesibilidad cognitiva en el eje central de la educación ambiental” para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan “tomar conciencia de su responsabilidad ciudadana en las cuestiones relativas a la crisis climática” y no queden “encapsuladas en la exclusión”.

“Hay que construir políticas transversales que reflejen fielmente las necesidades de la discapacidad” porque ésta “no se circunscribe únicamente al ámbito de lo social”, por el contrario, “atraviesa la cultura, la educación y, por supuesto, la emergencia climática”, destacan Galván y Martín.

Transición ecológica justa e inclusiva

Según el delegado del CERMI, un proceso de transición ecológica justo e inclusivo deberá acompañarse de medidas de protección social que permitan minimizar “el impacto negativo de la ecologización de la economía” sobre “sectores y áreas geográficas potencialmente vulnerables”, además de integrar variables como “las circunstancias socioeconómicas, la discapacidad o el género”, que sitúan a las personas en “posiciones estructuralmente marginales y de desventaja”, obstaculizando así su adaptación a una sociedad descarbonizada.

Por ello incide en la importancia de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética contribuya a la configuración de un nuevo paradigma productivo, basado en la inclusividad y la justicia social, que asegure “los ingresos para transitar hacia energías renovables, el acceso a viviendas en condiciones de eficiencia energética y salubridad y, en definitiva, la erradicación de esta forma de pobreza”.

Empleo verde inclusivo

En declaraciones a EFEverde, la directora gerente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Elena Antelo, sostiene que “la generación de empleo verde inclusivo no sólo empodera al colectivo y mitiga su elevada tasa de desempleo y pobreza”, sino que además “muchas de las iniciativas están localizadas en zonas rurales”, lo que ayuda a “arraigar la población en estos territorios y combatir el alarmante fenómeno de la despoblación”.

“La desatención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en entornos rurales obliga a éstas a abandonar su lugar de origen y establecerse en espacios urbanos”, donde “la contaminación del aire es mayor y merma su calidad de vida, ya de por sí precaria”, añade.

Aunque existe una trayectoria que evidencia la idoneidad de las personas con discapacidad para el desempeño de este modelo de empleo, Antelo considera que “la contratación continúa siendo muy residual”.

Según el director de Plena Inclusión, en cuanto a la capacitación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la clave reside en la “personalización, el equilibrio y la armonización” entre actividades, perfiles y competencias: “conocer las potencialidades y necesidades de apoyo de la plantilla con la meta de diseñar un plan de trabajo inclusivo y eficiente”.

“Comprenden y valoran la relevancia del tipo de contribución social que desarrollan, su especial sensibilidad sintoniza con los ritmos de la naturaleza y sus aptitudes, menos orientadas a la maximización de la producción y más vinculadas con elementos no estresantes, se ajustan perfectamente al perfil profesional que requiere una economía verde y circular”, argumenta.

Salud y acceso al agua

“La emergencia climática está íntimamente ligada a la salud de los seres humanos” y las personas con discapacidad derivada de enfermedades crónicas están más expuestas, explica Antelo, quien señala que sus efectos “agravan las patologías, acortan la esperanza de vida y causan un aumento de muertes”.

Por otra parte, el cambio climático ocasiona quiebras en el “acceso y disfrute de los servicios de agua potable y saneamiento” que perjudican especialmente la salud e integridad del colectivo, subraya Martín, puesto que “las personas con movilidad reducida no disponen siempre de infraestructuras adaptadas en espacios públicos” y ello les dificulta enormemente “mantener un grado óptimo de higiene”.

Asimismo, para las personas con problemas de movilidad que habitan comunidades y países en vías de desarrollo “extraer y transportar este recurso obtenido de fuentes naturales” supone un “reto imposible”, puntualiza Martín.

Movilidad reducida en emergencias humanitarias

“El Pacto Verde también ha de poner el foco sobre las personas con movilidad reducida ante situaciones de emergencia humanitaria” porque “no existen protocolos de evacuación específicos para trasladarlas en caso de catástrofe natural”, por lo que “resultan susceptibles de ser abandonadas a su suerte durante un rescate”, indica Antelo.

Elena Antelo, Enrique Galván y Jesús Martín comparten la preocupación por las amenazas que entrañan los éxodos para los desplazados climáticos y apuestan por “una agenda medioambiental que intensifique sus esfuerzos a fin de corregir estas desigualdades”, que adquieren “una dimensión aún más devastadora para el colectivo de la discapacidad”.

Acceso a alternativas sostenibles

Los entrevistados coinciden en la falta de medidas que faciliten “el acceso económico a artículos de origen ecológico y biológico con baja huella de carbono”, que se transforman en un “lujo” para las personas con discapacidad debido a su “elevado precio”.

Elena Antelo pone el acento en favorecer “alternativas de fabricación respetuosas con el medio ambiente” para los “productos de apoyo” -bastones, andadores, muletas – que dotan de autonomía a las personas con movilidad reducida. EFEVerde

 




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