PERIODISMO AMBIENTAL

El periodismo ambiental en Guatemala conlleva denuncias judiciales y amenazas

El lago de Izabal, en el departamento de Izabal (Guatemala). EFE/ Esteban Biba/ARCHIVO

La práctica del periodismo ambiental le ha supuesto al periodista guatemalteco Carlos Ernesto Choc denuncias ante la justicia, amenazas y malos tratos y discriminación por informar sobre la contaminación del lago Izabal por parte de una empresa minera.

Choc, de Prensa Comunitaria, ha explicado en entrevista con EFE que lleva cuatro años siendo criminalizado y sufriendo persecución y discriminación tras denunciar y documentar en 2017 la contaminación del lago Izabal, el más grande de Guatemala situado en el departamento del mismo nombre.

Según el periodista de la etnia maya q’qechi, el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus ramas en el país centroamericano no cuenta con garantías y actualmente es «muy peligroso» denunciar cualquier actividad ilícita ante la impunidad y la falta de un sistema judicial mermado por la salida del país de «muchos jueces y fiscales» que también han sido amenazados.

Denuncia de la contaminación en el lago Izabal

Vista general de las operaciones de la mina de níquel. EFE/ Esteban Biba/ARCHIVO

El lago Izabal, situado en el noreste de Guatemala, tiene casi 590 kilómetros de superficie y es la fuente de ingresos para cientos de pescadores, así como un lugar turístico del que dependen muchos negocios hosteleros, explica, sin embargo, en 2017 sus aguas aparecieron teñidas de rojo.

Choc explica que realizó una investigación y recopiló documentación del caso para la cobertura de la situación del lago y cómo estaba influyendo en la vida de las personas la actividad minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la empresa rusa Solway.

El periodista ha cubierto la información sobre la contaminación del lago, pero también las protestas de los vecinos que al no obtener respaldo de las autoridades decidieron realizar protestas cortando la carretera que da acceso a las instalaciones de la minera en la localidad de El Estor.

Con el corte de la vía, que pasa por el centro de la localidad, según Choc, solo se permitía el paso de los vehículos que no iban a la minera, mientras se restringía el acceso a las instalaciones mineras de camiones que trasladaban materiales y carbón para el funcionamiento de la producción.

Consulta previa

Los vecinos, la mayoría del pueblo maya q’qechi, exigen la puesta en marcha de una consulta previa sobre el proyecto Fénix, derecho recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que especifica que forma parte los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas.

Según la OIT, la obligación de garantizar la puesta en marcha de la consulta previa a cualquier actividad que afecte a la vida de las personas, recae en los gobiernos y no en las empresas o personas y debe hacerse independientemente de que los pueblos o comunidades tengan o no el título de los terrenos, porque la consulta debe realizarse ante la posibilidad de que cualquier actividad pueda afectar a los derechos colectivos de un pueblo o comunidad.

En este caso es el derecho al acceso al agua, recogido además en los Objetivos de Derecho Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, Guatemala es firmante, aunque no ha ratificado, del Acuerdo de Escazú, que impulsa el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, advierte Choc, en el país centroamericano «hay muy pocas garantías para los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos» y la impunidad para los agresores «es la normalidad».

En los análisis del agua del lago realizados por las autoridades guatemaltecas no se encontraron contaminantes peligrosos, sin embargo, los resultados en un laboratorio alemán revelaron que el agua del lago Itzabal contiene «metales muy pesados, entre ellos, el níquel».

Restricción al derecho a informar

Vista general de las operaciones de la mina de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN, S.A.), en el departamento de Izabal. EFE/Esteban Biba/ARCHIVO

Revelar la contaminación del Itzabal e informar de las protestas de los ciudadanos afectados le ha valido a Choc una denuncia de CGN que «restringe el derecho a informar y restringe el derecho de libre emisión del pensamiento», según su abogado. La libertad de prensa se está viendo restringida por «una segunda orden de aprehensión, solo por investigar, documentar e informar», sostiene.

El periodista lleva más de 16 años en la profesión, siempre «trabajando por la comunidad», explica y añade que, no obstante, en los últimos años la situación es «cada vez más difícil», más aún después de denunciar la muerte a manos de la policía de uno de los manifestantes.

Ha sufrido «amenazas y allanamiento de su vivienda» que comparte con miembros del Consejo Ancestral q’qechi.

El proceso que afronta ante la justicia se ha visto plagado de «irregularidades» y «falta de pruebas suficientes», sin embargo, Choc se encuentra sometido a «medidas sustitutivas» que le impiden, entre otras, acercarse a las instalaciones de la minera o su colonia.

Carlos Ernesto Choc denuncia además discriminación por su «origen indígena», una situación «que no entiende», pero que existe en países de Latinoamérica y el Caribe.

No obstante, señala que ha contado con el apoyo de los colegas guatemaltecos y extranjeros como el Consorcio Forbiden Stories, que le ha permitido que su situación y la de la justicia guatemalteca se conozca fuera de sus fronteras.

El consorcio Forbidden Stories divulgó en marzo pasado con documentos el pago de sobornos a funcionarios locales y contaminación de ríos en Guatemala por parte de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment. EFEverde

 




Secciones: