ALMACÉN GAS

El Parlamento catalán acude al TC para exigir que se ejecute la sentencia sobre Castor

El Parlamento catalán acude al TC para exigir que se ejecute la sentencia sobre Castor El Parlamento catalán acude al TC para exigir se ejecute sentencia gas Castor.EFE/Domenech Castelló

El Parlamento de Cataluña ha presentado un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional (TC) para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el proyecto de almacén de gas Castor.

El pasado 22 de diciembre, el TC anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista aprobado por el Gobierno central en 2014, al considerarla inconstitucional.

En el nuevo escrito, firmado por el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se solicita al Constitucional que “confirme” los efectos de su sentencia sobre el caso Castor.

Asimismo, requiere al Gobierno central que “cumpla y aplique” las medidas establecidas y para que, “con anterioridad a la adopción de cualquier nueva medida que implique la repercusión de la compensación a favor de la empresa concesionaria del proyecto Castor sobre los ciudadanos, ejerza la facultad que le otorga el título concesional para reducir su importe en función de la eventual existencia de dolo o negligencia en la gestión de la empresa“.

En noviembre de 2013, la Guardia Civil acudió al almacén de gas Castor a comprobar que se habían paralizado las operaciones. EFE/Guardia Civil

Además, reclama solicitar al Gobierno para que “se abstenga de utilizar la figura del decreto ley para regular en el futuro lo aspectos económicos derivados de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor“.

Cientos de seísmos

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación.

Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que pagó el Gobierno en noviembre de 2014 y que preveía cargar en el recibo del gas durante 30 años. EFEverde




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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