CAZA ESPECIES

Pacma: El TSJCyL paraliza también la Orden de Caza de 2018 de Castilla y León

Pacma: El TSJCyL paraliza también la Orden de Caza de 2018 de Castilla y León Un cazador en los terrenos de El Rebollar, cerca de Valladolid. EFE/ Rubén Cacho

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha anulado de manera cautelar la orden anual de caza de Castilla y León, lo que se suma a la anulación del reglamento.

En un auto, el TSJCYL estima la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), en la que se pedía la suspensión de la aplicación de la orden anual de caza emitida en junio pasado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

En comunicado, el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) explica que el tribunal les ha vuelto a dar la razón después de que la semana pasada el TSJCyL emitiese un auto en el que paralizaba cautelarmente el Reglamento de Caza Autonómico lo que según los animalistas supone la “paralización cautelar de cualquier actividad cinegética”.

Según lo expuesto en el recurso, el PACMA pedía la suspensión cautelar de la orden anual de caza debido a que posibilitaba “la caza de especies de la fauna silvestre sin contar con estudios científicos objetivos y actualizados que permitan, desde el punto de vista de la actualización de la especie, la práctica de esa actividad”.

Ahora el alto tribunal paraliza la orden FYM/728/2018 por la que se aprobaba la Orden Anual de Caza y a la que, según el partido animalista, los cazadores pretendían acogerse con la intención de “bordear” al Tribunal y “salir al campo a matar animales”, según el comunicado.

En un auto, el TSJCYL estima la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), en la que se pedía la suspensión de la aplicación de la orden anual de caza emitida en junio pasado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Frente a esto, la administración autonómica consideraba que “no hay ningún principio de prueba de esta afirmación y que ninguna de las especies que pueden ser cazadas son especies protegidas”. Sin embargo, el auto admite que “los daños pueden producirse en la medida que se permita la caza de especies sin contar con información relativa al nivel de población, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies silvestres y al grado de incidencia de la actividad cinégetica en la conservación de las mismas”.

Daños

Sin embargo, el auto admite que “los daños pueden producirse en la medida que se permita la caza de especies sin contar con información relativa al nivel de población, distribución geográfica y tasa de reproducción de las distintas especies silvestres y al grado de incidencia de la actividad cinégetica en la conservación de las mismas”.

El auto cuenta con un voto particular de uno de los magistrados quien argumenta que “la mera invocación a la conservación de la especie no puede prevalecer” frente a los perjuicios de los que se da cuenta en informes de varios expertos.

Estos informes aluden a los efectos de episodios como la superpoblación que puede derivarse de la suspensión de la caza, entre los que se citan daños en los ecosistemas y en la agricultura, impacto económico para los cazadores y en el empleo de la comunidad, siniestralidad viaria y perjuicios para la hacienda pública.

Modificación Ley de Caza

Después de la suspensión del reglamento, el pasado día 28 el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y león, Juan Carlos Suarez-Quiñones, anunció que se retomaría una modificación de la Ley de Caza con el apoyo de los grupos de las Cortes de Castilla y León.

Esta modificación se aprobará en el ultimo pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para el próximo 26 y 27 de este mes de marzo, con lo que, a juicio del consejero de Fomento y Medio Ambiente, se salvaría el escollo de la prohibición de la caza en la comunidad autónoma.

Fauna Castilla y León 

El Partido Animalista ha celebrado la nueva decisión del Tribunal dado que “no se ha dejado vencer ante la presión ejercida por los colectivos de caza, partidos políticos e instituciones públicas”, quienes están “más preocupadas por la afición de los cazadores que por la vida y la salud de la fauna en Castilla y León”, aseguran.

Desde este partido se insiste en que mientras no existan argumentos científicos que corroboren el estado de las poblaciones de animales en la región, “no se debe volver a cargar una escopeta”.

Pacma ha asegurado que tanto la aprobación del Reglamento impugnado como la Orden de Caza deja claro la “manga ancha” de la Administración con el sector de la caza.

La candidata del Partido Animalista a la Presidencia del Gobierno, Laura Duarte, ha declarado que “desmontaremos pieza a pieza el entramado legal que sustenta la caza hasta conseguir la prohibición”. EFEverde

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