CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO

El medio ambiente, un derecho muy consolidado pero no “fundamental”

El medio ambiente, un derecho muy consolidado pero no Recurso de archivo. EFE

Raúl Casado.- EFEverde.- El derecho al medio ambiente no es, constitucionalmente hablando, "fundamental", pero sí se ha consolidado como uno de los derechos principales de la persona y posee esa alta consideración, aunque haya sido "de rebote" y "por la puerta de atrás".

Aunque los ponentes constitucionales no situaron el medio ambiente entre los derechos fundamentales (los que pertenecen a la persona por el hecho de serlo, como la vida, la educación o la libertad), sí existe una tendencia en España a favor de esa consideración, ratificada además por la abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que la Carta Magna española no puede ser ajena.

La protección del medio ambiente quedó recogida, como un derecho pero también como un deber de los españoles, en el artículo 45 de la Constitución: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Establece además este artículo que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Y añade que habrá sanciones penales o administrativas para quienes violen esos preceptos.

De rebote y por la puerta de atrás

“De rebote” y “por la puerta de atrás” son expresiones del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, para señalar cómo se ha afianzado el medio ambiente como un derecho fundamental. Recuerda que durante los últimos cincuenta años al menos una nación por año ha incluido o fortalecido en su Constitución las disposiciones relacionadas a la protección ambiental.

En declaraciones a EFEverde, Vercher opina que, por tanto, no es “especialmente meritorio” que España incorporara la protección del medio ambiente en la Constitución del 78, aunque sí ha destacado la inclusión de un apartado dedicado a la protección penal, algo que a su juicio sí es una novedad “bastante rupturista”.

De hecho, el Código Penal español cuenta con uno de los sistemas de protección ambiental “más completos de Europa”, según el fiscal especial de Medio Ambiente, para quien la Administración es “un buen padre de familia” del medio ambiente, aunque en muchas ocasiones se ve también involucrada en hechos delictivos “como si de cualquier delincuente ambiental se tratara”.

La práctica ha demostrado también la “poca o nula” sensibilidad que tiene la mayor parte de la sociedad por esta materia, a juicio de Vercher, quien observa que cuando fallan la administración y la sociedad “hay que recurrir a la norma penal”. En ese sentido incide en que los fiscales deben “exigir con mayor rotundidad” y los jueces “actuar con rotundidad”.

La aplicación “dispar” de la legislación

En la misma línea, la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) indica que el artículo 45 puede garantizar en un sentido amplio la protección de los recursos naturales, pero se requiere la actuación “firme y diligente” de los poderes públicos, y considera que la actual situación de “crisis y emergencia” ambiental exige que la protección del medio ambiente sea “un derecho fundamental”.

La adhesión de España a la UE supuso la incorporación de un aluvión de legislación medioambiental, según esta Red, que advierte de que la crisis económica de los últimos años ha provocado un retroceso de la protección ambiental porque los legisladores creen que puede frenar el desarrollo, una visión “cortoplacista” en opinión de Rada.

Esta organización llama la atención sobre los solapamientos normativos y distintos niveles de exigencia entre las diferentes administraciones públicas, lo que impide en ocasiones una aplicación uniforme de la legislación y la adecuada protección ambiental.

Tras observar esa aplicación “dispar” de la legislación, la Rada ha señalado a EFEverde que precisamente en los lugares donde la aplicación del derecho ambiental es más sólida “las condiciones ambientales son mejores”.

La Red de Abogados para la Defensa Ambiental valora la mayor conciencia e información y los pequeños cambios que se han producido en los hábitos de consumo, y que se impongan las ideas de “reutilizar y reciclar” frente a la práctica de “usar y tirar” que imperaba hace cuarenta años.

Una visión desde el ecologismo

La directora ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Asunción Ruiz, valora como “muy valiosa” la localización del medio ambiente en la Constitución como “un principio rector de la política económica y social”, pero coincide en señalar que podría, sin perder ese tratamiento, ser considerado como un “derecho fundamental” equiparable a la salud.

En declaraciones a EFEverde, la máxima responsable de la ONG ambiental decana en España destaca que, durante los últimos cuarenta años, la legislación ambiental ha seguido un camino “confuso y a menudo errático”. Aunque no aprecia que la dispersión competencial sea en sí misma un problema, sí cree que lo es “la deficiente coordinación de las distintas administraciones”.

“La legislación ambiental no necesita ser reforzada; lo que necesita es que se garantice su cumplimiento”, según Asunción Ruiz, que opina que el nivel de conciencia sobre la importancia de la conservación ha crecido pero “el cambio hacia la justicia ambiental que necesitamos pasará necesaria y urgentemente por un cambio profundo en las pautas de producción y consumo”. EFEverde

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