DESARROLLO SOSTENIBLE

Denuncian la mala gestión de los recursos forestales «desde su transferencia a las CCAA»

Vista de un pinar cercano al pueblo de Palacios de la Sierra (Burgos). EFE/Pablo Rojo

El valor estimado de los recursos forestales en España asciende a 100.000 millones de euros según la memoria de la Ley de Montes, pero expertos consultados por Efe denuncian una mala gestión de los mismos «desde que se transfirió a las Comunidades Autónomas».

Así, la alcaldesa de Orea (Guadalajara) y coordinadora de la Comisión de municipios forestales de la Asociación Española de Municipios de Montaña, Marta Corella, ha explicado que la silvicultura o gestión de bosques y montes forestales no sólo «permite el rejuvenecimiento continuo de estos ecosistemas» sino que «facilita su buen funcionamiento como reguladores del caudal hídrico y como fijadores de carbono».

Agua y CO2

Todo este potencial debería, en su opinión, verse reflejado en beneficios para los pueblos forestales pues «ya se ha tomado conciencia de que quien contamina paga y ahora tenemos que dar el siguiente paso: nuestros bosques están descontaminando, algo por lo que deberíamos recibir» recursos económicos para crear empleo, revertir la despoblación rural y lograr un mantenimiento sostenible de los bosques.

Como ejemplo, explica lo que sucede con el caudal hídrico, pues «si las hidroeléctricas están aprovechándolo para generar y vender energía, lo lógico sería que parte de sus beneficios repercutiera en los bosques protectores y de cabecera, que generan y regulan el agua».

De hecho, en 2015 ya se estableció un canon hidrológico a las empresas eléctricas por el uso de aguas continentales para la producción de energía eléctrica, pero ese dinero «no fue destinado a los municipios forestales, sino a intentar terminar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico» y el Tribunal Supremo terminó calificando la tasa de «ilegal», por lo que el Gobierno tuvo que devolver recientemente 1.900 millones de euros a las eléctricas.

Algo parecido ocurrió con el llamado ‘céntimo sanitario’ -impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos para financiar competencias sanitarias-, que la UE consideró ilegítimo y fue necesario devolver también.

Fondo Forestal

Sin embargo, el presidente de la Real Cabaña de Carreteros y guarda forestal ya retirado de Quintanar de la Sierra (Burgos), Antonio Martín Chicote, afirma a Efe que esto sucedió «porque no se demostró que el CO2 tuviera relación directa con la sanidad, pero sí que tiene que ver con el cambio climático».

Por ello, considera que «tanto el canon hidrológico como el impuesto al CO2 deberían estar contemplados en un Fondo Forestal» que ya aparece en la Ley de Montes del 2003 pero que a día de hoy aún no existe.

Desaparición del empleo comunitario en pueblos forestales

A su juicio, la gestión de los bosques «no ha sido correcta desde que se transfirió a las CCAA», como demuestra la progresiva desaparición del empleo comunitario en los pueblos desde entonces y cita su propio caso: «cuando me jubilé, mi puesto no lo cubrió nadie y eso que en la provincia de Burgos no había ni la mitad de agentes forestales que antes».

Corella es de una opinión similar ya que, antes de la gestión autonómica, el trabajo en los bosques «estaba incentivado y muy valorado» y de hecho «nuestros pueblos no eran lugares decrépitos sino industriales: el recurso forestal se transformaba en ellos y salía de aquí ya como producto».

A día de hoy «falta investigación, innovación, desarrollo…» y sucede que la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático «sólo compensa a zonas repobladas pero no valora que un bosque ya existente y bien gestionado esté captando carbono continuamente», pese a que «los recursos de nuestros montes son necesarios para una transición ecológica justa y sostenible».

Representación justa y comarcalización

Para Antonio Martín Chicote «el problema no es de dinero, sino de organización» ya que la propia memoria económica de la Ley de Montes fija el valor económico de estos recursos, pero «no existe un órgano de representación de los más de 1.500 municipios forestales españoles que garantice el respeto a la propiedad comunal, algo que el Consejo Nacional de Bosques no cumple».

Por ello apuesta por la comarcalización «que permitiría tener un ente con un ingeniero de montes y, teniendo yo mi ingeniero, me coordino con la administración autonómica o con quien haga falta.» EFEverde

 




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