LEY RESIDUOS

El Gobierno avala la ley de residuos con impuestos a plásticos y vertederos

Recurso de archivo. EFE

El Gobierno ha dado luz verde a la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que implantará dos nuevos impuestos verdes -uno a los envases de plástico de un solo uso y otro a residuos en vertederos e incineración- con el objetivo de reducir en un 15% la generación de desechos en 2030 respecto a 2010.

El proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será ahora remitido al Parlamento, incrementará las tasas de reciclado de residuos municipales 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020 a la vez que reducirá los recipientes alimentarios y los vasos de plástico de un solo uso hasta un 70 % en 2030.

La norma reemplazará la ley vigente desde 2011 y es la “clave” de todo el paquete normativo sobre economía circular y una de las reformas más relevantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

De esta manera, se establecerán nuevos impuestos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0’45 euros por kilogramo, y otro al depósito en vertedero e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica.

Hacia la reducción de plásticos de un solo uso

Entre los plásticos de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 % entre 2022 y 2026 y un 70 % para 2030.

En cualquier caso, a partir de 2023 se prohíbe su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.

La ley también incorpora medidas para otros plásticos como artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción para sustituirlos por otros materiales, y se prohibirán las pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable y microesferas plásticas de menos de 5 milímetros.

El proyecto introduce requisitos de diseño, -tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente- y establece que las botellas PET -polietileno- han de contener un 25 % de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas un 30% en 2030.

Impuestos a la incineración y depósito en vertederos

Otros impuestos verdes recaerán en la incineración y en el depósito de residuos en vertedero, que deberán incluir la obligación de entidades locales de desarrollar en 2 años, una tasa de carácter pública no tributaria asociada a los servicios que presten.

Para la ministra, es necesario “cumplir con este orden de prioridad” para darle la vuelta al sistema actual, debido a que la tasa de reciclado municipal en 2018 (último año disponible) se sitúa en torno al 35 %, lejos del 50 % comunitario para 2020.

“Desaprovechamos gran parte de los recursos en un contexto en el que las materias primas cada vez son más escasas y caras”, ha incidido Ribera.

La nueva ley otorga un papel especial a la prevención de residuos y establece una reducción de peso de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.

Asimismo contempla reducir a la mitad los alimentos desechados en el hogar, en hoteles, restaurantes y cafeterías; rebaja un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y prohíbe destruir excedentes no vendidos de textiles, juguetes o aparatos eléctricos y la suelta intencionada de globos.

Amplía también la recogida separada de biorresiduos domésticos a partir de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes, y, a partir, de 2024 para el resto de municipios; a los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.

Agua de grifo obligatoria en hostelería

La norma establece la obligación de que la hostelería ofrezca a sus clientes la posibilidad de agua del grifo, en lugar de envasada, y para las administraciones públicas, la reducción del agua embotellada en sus dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, donde se permitirán envases de un solo uso.

En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo, se encuentra el sistema de depósito, devolución y retorno, las partidas de gestión de residuos -financiadas por los productores- y la regulación de responsabilidad para 2025 de productos como toallitas, globos o artes de pesca.

La futura ley regulará los suelos contaminados, y, como novedad, incluye el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

Reacciones dispares

 Asociaciones ecologistas, empresas e instituciones han acogido positivamente la aprobación de la Ley de Residuos aunque algunas han denunciado “trato discriminatorio” hacia los plásticos o que no está a la altura” de las metas marcadas.

Es el caso del grupo ecologista Amigos de la Tierra, para el que la nueva ley “no está a la altura de la crisis ecológica en España” y solicita medidas más profundas basadas en la “prevención y la reutilización” de los residuos, en lugar de continuar con ‘”las mismas fórmulas obsoletas” de los últimos diez años.

La asociación no está de acuerdo con el impuesto a los plásticos de un solo uso, pues en su opinión “deberían prohibirse”, y exige que se reduzca “la cantidad y la toxicidad” de los residuos generados en España, que han provocado “una crisis ecosocial sin precedentes”.

Por su parte, la plataforma EsPlásticos, que engloba a agentes del sector, acoge “positivamente” la aprobación de la nueva ley, pese a que advierte de que no servirá para reducir la contaminación del medioambiente, puesto que los plásticos se remplazarán por materiales más pesados, generando “un aumento” de los residuos.

La plataforma también lamenta el impuesto que la ley introduce a los plásticos de un solo uso -a razón de 0’45 euros por kilogramo- y que dice que afectará principalmente a los “consumidores de rentas bajas y medias”, además de suponer “una medida discriminatoria” que reducirá los puestos de trabajo del sector “en más de un 40 % hasta 2030”.

Ecovidrio valora “su ambición”, aunque ha indicado que incluye medidas perjudiciales para la recogida selectiva de este tipo de envases.

A pesar de que consideran que las medidas de prevención y ecodiseño o de la universalidad del servicio de gestión “son puntos clave para avanzar en la dirección correcta”, declaran sentirse “inquietos” con la propuesta de que los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) financien a los ayuntamientos para recuperar los envases de vidrio que no se hayan sido correctamente separados por los ciudadanos, una acción que la entidad considera que “desincentivaría” la recogida separada de los residuos y primaría a las entidades con peores resultados.

Además, señalan que es “inviable técnicamente y muy poco eficiente” la recuperación y el tratamiento de los envases de vidrio que acaban en las plantas de tratamiento de residuos por su incorrecta separación en origen, por lo que indican que “potenciar esta vía, en lugar de la selectiva eficiente”, resultaría en una gran perdida de materia reciclable.

Otras agrupaciones como ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) ha dado “la bienvenida” al proyecto de ley, que ve “vital” para dar un impulso a la recogida separada de los residuos de todos los generadores.EFEverde

 




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