Las oenegés verdes denuncian marginación en la nueva ley justicia gratuita

Las oenegés verdes denuncian marginación en la nueva ley justicia gratuita

La reforma de la Ley de Justicia gratuita del ministro Alberto Ruiz-Gallardón "margina" a las organizaciones ecologistas y deja al medio ambiente sin defensa, entorpeciendo su acceso a la justicia ambiental.

Una nota conjunta de Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife afirma que este proyecto niega a las oenegés de defensa del medio ambiente el trato que tienen las ONG de consumidores, los sindicatos, la Cruz Roja o las asociaciones de víctimas del terrorismo.

“El derecho de la sociedad al medio ambiente, reconocido por la Constitución y las directivas europeas, queda en entredicho”.

Si el Parlamento no enmienda el proyecto, añade el comunicado, las ONG denunciarán ante la Comisión Europea el incumplimiento de los tratados internacionales y la normativa comunitaria de defensa ambiental.

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, impulsada por Ruiz-Gallardón, se presentó en Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero.

Recuerdan, por otro lado, que las ONG ambientales defienden un derecho fundamental como es el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, reconocido en el artículo 45 de la Constitución y amparado por las directivas europeas y el Convenio de Aarhus, ratificado por España en 2005.

“Las normas internacionales obligan a que haya un reconocimiento expreso y sin ambigüedad para que las ONG ambientales de utilidad pública estén legitimadas como organizaciones que defienden el bien común y puedan actuar sin trabas en todos los órdenes jurisdiccionales”.

Sin embargo, el proyecto de ley “dificulta a las ONG ambientales el poder beneficiarse de la gratuidad de la Justicia”.

En cambio, “sí introduce modificaciones para que las asociaciones de consumidores y de víctimas del terrorismo puedan acceder a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de ingresos, introduciendo en este caso una discriminación de difícil justificación respecto a las organizaciones ambientales”.

La reforma de Ruiz-Gallardón incorpora, además, nuevas trabas a la defensa del medio ambiente.

Así, la propuesta es que a partir del tercer caso anual haya que demostrar que no se está abusando del beneficio de justicia gratuita, “lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y supone un absurdo para las ONG ambientales, sobre todo las de ámbito nacional, que velan por el respeto a las normas ambientales y tienen que actuar ante los tribunales en numerosas ocasiones”.

Además exige el requisito de que el representante legal de la ONG tenga que ratificar personalmente cada recurso que se interponga y obliga a acreditar de nuevo la insuficiencia de recursos en caso de condena en costas.

En definitiva, se introducen “demasiadas incertidumbres y hace que el proceso judicial sea excesivamente oneroso, e incluso injusto y poco equitativo para las ONG ambientales, grandes o pequeñas, que en su gran mayoría no tienen ánimo de lucro, defienden fines de interés general y emplean sus recursos en defender un interés colectivo o difuso como es el medioambiental”.

Las ONG ambientales esperan que el debate parlamentario sirva para corregir el texto presentado. EFE

msr




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