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El fiscal pide 15 años a un empresario por atentado ambiental en Lanzarote

  • Contra el propietario de “Stratvs”, una bodega construida en el espacio natural protegido de La Geria, que se presentó como “la más moderna de Europa”

El fiscal pide 15 años a un empresario por atentado ambiental en Lanzarote Cultivo de vid en la isla de Lanzarote. EFE/Archivo

EFEverde.- La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias reclama 15 años de cárcel para el empresario Juan Francisco Rosa por la construcción de la bodega Stratvs en Lanzarote, a la que define como el "peor atentado medioambiental" que ha sufrido la isla desde que fue declarada Reserva de la Biosfera hace 22 años.

En un escrito hecho público este martes, el fiscal Ignacio Stampa propone penas de prisión para diez de las 16 personas contra las que formula cargos, entre ellos el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que solicita 10 años de cárcel, el exalcalde de Yaiza Juan Francisco Reyes, para el que el pide siete años; y la actual alcaldesa, Gladys Acuña, a la que exige tres años y 10 meses.

Así mismo, exige la demolición de todo el complejo y que la sociedad que lo explota, BTL Lanzarote SL, pague una multa de 108.000 euros y tenga prohibido realizar durante dos años actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria.

Técnicos y cargos públicos del Gobierno canario, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza también figuran como imputados por las supuestas irregularidades cometidas en la construcción y funcionamiento de “Stratvs”, una bodega inaugurada en 2008 en el espacio natural protegido de La Geria tras una inversión de 18 millones de euros, que se presentó como “la más moderna de Europa”.

La Fiscalía acusa a los imputados de delitos relacionados con la corrupción urbanística, por entender que otorgaron permisos a sabiendas de su “flagrante ilegalidad” y no adoptaron medidas de control pese a que lo construido y la actividad desarrollada tampoco se ajustó a lo que “ilegítimamente” se había autorizado.

Licencia para 900 m2 y construyeron 12.000 

Entrada a la bodega Stravs, en La Geria (Lanzarote).

Entrada a la bodega Stravs, en La Geria (Lanzarote). EFE/Javier Fuentes

La investigación llevada a cabo en este caso por el Juzgado número 5 de Lanzarote puso de manifiesto que los propietarios de Stratvs solicitaron licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega. En total, 12.000 m2.

El Ministerio Público considera que el empresario Juan Francisco Rosa, con objeto de satisfacer su “ansia de lucro económico” en perjuicio de los valores paisajísticos e históricos más representativos de la isla de Lanzarote, se concertó desde 1998 con el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana para llevar a cabo la construcción y posterior explotación de ese macrocomplejo.

Ambos acusados eran “plenamente conocedores que la normativa en materia de ordenación territorial, urbanística y medioambiental prohibía expresamente el proyecto por tratarse de uno de los lugares de mayor protección de la isla de Lanzarote “dada su belleza, por su singularidad y valor paisajístico único en el mundo, y por su valor cultural, etnográfico e histórico”, señala el fiscal.

Calificado de “proyecto delictivo”

Para la ejecución de su “delictivo proyecto”, añade, ambos procesado contaron con personas no perfectamente identificadas que les prestaron el imprescindible asesoramiento jurídico y financiero especializado.

En este plan, según el fiscal, el arquitecto Armas Matallana redactaría el proyecto técnico de las edificaciones y llevaría a cabo la dirección facultativa y supervisión técnica de las obras.

El empresario Rosa Marrero, por su parte, se encargaría, de sufragar todos los gastos, por medio de recursos propios, de subvenciones, que son objeto de investigación en otro procedimiento penal, y con prestamos bancarios conseguidos “falseando las condiciones necesarias para su obtención”, sostiene la acusación pública.

Además, la función del empresario sería ejecutar las obras por medio de empresas de su grupo, hacer las gestiones para lograr las autorizaciones que iban a solicitar con el fin de “dotar de apariencia de legalidad al proyecto”, pero pretendiendo no aparecer en ningún momento como verdadero promotor de las construcciones ante las administraciones, “dado el carácter delictivo de las obras a ejecutar”.

El empresario, según el fiscal, también se encargaría de garantizar que ninguna de las administraciones públicas “pusiera traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular”, así como de convertir La Geria, “patrimonio de todos los lanzaroteños, en un negocio privado”.

El empresario Juan Francisco Rosa.

El empresario Juan Francisco Rosa. EFE/ARCHIVO/Martínez de Cripán

El Ministerio Público sostiene que, parar lograr esos fines, el empresario y el arquitecto presentaron un proyecto para restaurar una vivienda antigua de valor etnográfico, en parte propiedad de la familia Armas Matallana, y situada en Yaiza, y excavar en esa parcela una bodega subterránea de 900 metros cuadrados.

“Contravenia groseramente la normativa”

Añade el fiscal que ambos acusados eran conocedores de que dicho proyecto “contravenía groseramente la normativa” y, para ello, “enmascararon sus intenciones” y falsearon los datos consignados en el proyecto para intentar engañar a funcionarios y autoridades.

Así mismo, sostiene que este proceder lo emplearon de nuevo con el proyecto de instalaciones para el desarrollo de la actividad de la bodega, ya que no pretendían restaurar sino demoler la vivienda para construir otra edificación mayor y desplazada de su ubicación original para destinarlo a uso comercial y turístico.

El objeto era construir diferentes instalaciones en 12.000 metros cuadrados para el desarrollo de actividades de muy distinta naturaleza, a sabiendas igualmente de la “frontal incompatibilidad con los instrumentos de planteamiento y la normativa”.

Los dos principales acusados en el caso tenían pleno conocimiento de que tanto la ejecución de esas obras como el desarrollo de la lucrativa actividad a realizar iba a ocasionar un grave peligro al medio ambiente insular y, en concreto, al espacio natural protegido de La Geria.

Según el fiscal, los dos acusados asumieron también el grave riesgo de desequilibrio ecológico y contaminación que se ocasionaría en dicho paraje especialmente protegido, al carecer el complejo de un sistema de depuración adecuado para la evacuación de las aguas residuales procedentes de la explotación. EFEverde




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