PROTECCIÓN LITORAL

La Generalitat pedirá personarse en el recurso del Gobierno contra la ley del litoral

Barcelona playa Playa de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

La Generalitat de Cataluña ha acordado este martes que pedirá personarse en el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central ha presentado contra la ley catalana de protección y ordenación del litoral, que incrementa las competencias de los ayuntamientos.

Así lo ha decidido el Consejo Ejecutivo de Cataluña después de que el Consejo de Ministros resolviera recurrir ante el Tribunal Constitucional esta norma al considerar que menoscaba o invade competencias propias de la Generalitat que no pueden otorgarse a los consistorios.

La ley de protección y ordenación del litoral fue aprobada por el Parlamento de Cataluña en julio de 2020 y, según el Govern, supone el desarrollo legislativo de una competencia que ostenta la Generalitat desde el Estatuto de 1979 y que garantiza a los municipios “la regulación, la gestión y la vigilancia de las actividades y los usos que se llevan a cabo en las playas“.

Sin embargo, los dos artículos impugnados por el Gobierno central se refieren a la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen autorizaciones para actividades en el dominio público marítimo-terrestre, siempre que éstas estén previstas en sus planes de uso litoral, aprobados previamente por la Generalitat, que es la que actualmente concede estas autorizaciones.

Según el acuerdo de Govern alcanzado hoy, esta ley “permite avanzar por primera vez hacia una gestión integrada de todo el litoral catalán, dominio público incluido, con la Generalitat como administración de referencia y un mayor protagonismo de los ayuntamientos”.

El texto pretende de esta forma “resolver la falta de figuras propias para ordenar el dominio público marítimo-terrestre” con nuevas herramientas que deben permitir gestionar “un ámbito especialmente sensible y sometido a numerosas presiones, favoreciendo el desarrollo sostenible de un espacio estratégico para el país”.

En concreto, los ayuntamientos podrán impulsar planes de usos del litoral para ordenar los servicios de temporada de las playas y determinar las actividades susceptibles de ser autorizadas como consecuencia de fiestas, eventos deportivos, culturales o de interés general con repercusión turística, entre otros.

También regularán los servicios de vigilancia y salvamento y la accesibilidad a las instalaciones con una vigencia de cinco años. EFEverde.




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