DESALADORA ESCOMBRERAS

La G.Civil busca en el Ayuntamiento de Cartagena información de la desaladora de Escombreras

  • Según han informado fuentes municipales, los agentes han llegado a las instalaciones municipales, ubicadas en la calle San Miguel, a las ocho de la mañana y han permanecido reunidos alrededor de tres horas con trabajadores y responsables del área de Urbanismo, a los que han solicitado diversa documentación relativa a esta desaladora.

La G.Civil busca en el Ayuntamiento de Cartagena información de la desaladora de Escombreras La G.Civil busca en Ayto. de Cartagena información desaladora. Foto de archivo EFE Carlos Barba

Agentes de la Guardia Civil han permanecido esta mañana durante tres horas en la gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Cartagena para solicitar información relativa al proyecto de la desaladora de Escombreras.

Según han informado fuentes municipales, los agentes han llegado a las instalaciones municipales, ubicadas en la calle San Miguel, a las ocho de la mañana y han permanecido reunidos alrededor de tres horas con trabajadores y responsables del área de Urbanismo, a los que han solicitado diversa documentación relativa a la desaladora de Escombreras.

Entre esa documentación podría estar la relativa a autorizaciones de construcción o licencia de actividad, así como los permisos para las conducciones e instalaciones de esta infraestructura, ya que es el consistorio de la ciudad portuaria el encargado de este tipo de concesiones.

Este registro se produce después de que ayer agentes de la Policía Nacional hiciesen lo propio en la planta desaladora y en varios inmuebles y oficinas de la Región, uno de ellos en el centro de Murcia.

El alcalde de Cartagena, José López ha dicho que tras el registro en Escombreras no le extraña que los agentes hayan entrado en el ayuntamiento, y ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia.

La actuación de la Guardia Civil  se ha llevado a cabo dentro de las diligencias informativas que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para investigar los aspectos medioambientales de la misma.

Fuentes del Ministerio Fiscal han dicho a Efe que, aparte de la investigación ya judicializada que se tramita en un Juzgado de Instrucción de Murcia por la presunta entrega de dádivas por aquella obra, el propio ministerio público tiene incoadas estas nuevas diligencias que tratan de determinar si la tramitación del proyecto cumplió con toda la normativa de medio ambiente.

Una vez que finalicen las actuaciones que están en marcha, la fiscalía, si observa indicios de criminalidad, lo pondrá en conocimiento del juez y, en caso contrario, acordará su archivo.

Por otro lado, el ex gerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, ha acusado hoy al Gobierno regional de la “quiebra” de la desalinizadora al subvencionar el precio del agua a los ayuntamientos, lo que generó una “deuda imposible de cubrir” que el Ejecutivo murciano podía haber resuelto comprando o expropiando la planta.

Garrido ha declarado en la Comisión Especial de Investigación de la planta de la Asamblea Regional que, tras cesar en mayo de 2008, la “peor decisión” que adoptó el Ejecutivo fue cambiar el modelo que permitía recuperar los costes de producción de caudales cobrando a los 26 ayuntamientos que firmaron los convenios el precio real del agua.

“Lo peor es producir un cambio de modelo en el que aparece dinero público y dejarlo morir hasta que la bola de nieve fuera tan grande que era imposible cubrir la deuda”, ha sentenciado Garrido, antes de aclarar que cobrar a 0,60 euros el metro cúbico cuando el precio real es 1,1 euros es “ilegal” porque se incumple el principio de recuperación de costes contempladas por la Directiva Marco de la UE y la Ley de Aguas.

Garrido ha rechazado por incompletos y por contener “omisiones graves” los informes de Intervención y Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma en los que determinaban que la insostenibilidad de la planta se debía al modelo inicial planteado cuando él dirigía el EPA, y que contemplaba unas obligaciones de pago por incumplir el contrato de arrendamiento de la planta al Grupo ACS.

El exgerente del EPA ha reconocido que en el consejo de Administración de noviembre de 2005, el expresidente del ente y exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aseguró que la incorporación de la Comunidad Autónoma a la planta era un “proyecto” del expresidente del Gobierno, Ramón Luis Valcárcel.
Además, ha anunciado que la apuesta por la desalación del Gobierno regional incluía la construcción de cuatro desalinizadoras en varias fases, de las cuales tres estarían en Escrombreras y una cuarta en Águilas, con sus respectivas redes de distribución y con una producción total de 153 hectómetros cúbicos anuales.

Garrido ha reconocido que hubo un “gran dilema jurídico” sobre la conveniencia de que la desalinizadora fuera asumida por la Comunidad Autónoma, pero que le “advirtieron claramente” de que no iba a haber inversión pública. “Mi vida hubiera sido más fácil si hubiera sido un proyecto público”.

El exgerente del EPA ha admitido que no se pidió a más empresas la posibilidad de realizar la planta porque Hydromanagement tenía el “unico proyecto que podía dar agua en 2007”, al tiempo que ha rechazado de que la carta que envió a Banesto asumiendo las obligaciones del contrato fuera un aval.

Su sucesor en el cargo y actual gerente de la empresa pública de la sealadora, José Manuel Ferrer, ha mostrado su “tristeza” por el registro efectuado ayer en la planta, y ha contextualizado la operación como consecuencia de “muchas trabas, palos en las ruedas y piedras que se han puesto en el camino” de un proyecto que, en el caso de que salga adelante, ha añadido, “será tras muchos sacrificios”.
Ferrer ha confirmado que los agentes de la Policía Judicial entraron en la oficina de la empresa Desaladora de Escombreras y “no se llevaron nada”, sino que hicieron unas fotografías a la documentación que envió la sociedad a la Fiscalía que investiga el caso.

En este sentido, ha admitido que se adeudan 28,5 millones de euros a Hydromanagement por el arrendamiento y casi 14 millones de euros a Tedagua por el mantenimiento de dicha instalación, además de anunciar que se han personado en la instrucción judicial tras conocer el vídeo filtrado en el que se ve una supuesta mordida pagada a ACS por un proveedor para poder cobrar unas facturas.

Ferrer ha cifrado en un 70 por ciento la producción actual prevista para este año hidrológico a regantes, usos recreativos y ayuntamientos, aunque en este momento no se están abasteciendo a los Consistorios, y ha añadido que han desalado 21 hectómetros cúbicos entre 2013 y 2015.

El gerente ha asegurado que no se ha disuelto la empresa pública, tal y como piden Intervención y Servicios Jurídicos, para poder afrontar la negociación destinada a comprar la planta por unos 150 millones de euros, acuerdo que no se ha alcanzado con ACS por falta de liquidez del Gobierno regional ha agregado.

Ferrer ha afirmado que el Gobierno regional decidió comprar el 49 por ciento restante de la sociedad pública en 2010, cuando el compromiso para hacerlo se estableció hasta 2034 porque “los socios privados no tienen por qué asumir las pérdidas”.

Finalmente, la secretaria del Consejo de Administración del EPA en 2006 y 2007, María Antonieta Martínez, ha limitado sus cometidos a coordinar a los asesores jurídicos externos y que no revisaba los contratos técnicos y económicos no los miraba porque no era especialista en la materia. EFE




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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