Bancos y entidades internacionales no se han retirado, solo han parado la actividad del proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en Honduras por el que fue asesinada hace un año la activista Berta Cáceres, ha afirmado hoy su hija Laura Zúñiga Cáceres en una rueda de prensa en Madrid.
"Seguimos luchando porque se haga justicia, porque se detenga a los actores intelectuales del asesinato de mi mami", ha manifestado Zúñiga Cáceres, quien recogerá esta tarde en Casa América el premio Artemio Precioso concedido por Greenpeace para reconocer la labor de Berta Cáceres en defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras.
En una rueda de prensa en la sede de Greenpeace, Zúñiga Cáceres ha estado acompañada por el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, el activista mexicano Gustavo Castro, quien ha coincidido con Laura en exigir al Gobierno hondureño la detención de los "autores intelectuales" del crimen cometido en Honduras, del que el pasado 2 de marzo se cumplió un año.
Berta Cáceres, símbolo colectivo
El asesinato de su madre ha convertido a Berta Cáceres en un "símbolo colectivo que representa a todo el pueblo hondureño, al de América Latina, de la vida y del planeta", ha dicho Zúñiga, un símbolo que "nos impulsa a seguir luchando y soñando para enfrentar a las empresas" que emprenden estos proyectos muchos de los cuales despojan de sus tierras a los pueblos indígenas.
A pesar de que ayer el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, tras un encuentro en Washington con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reconoció el "importante progreso" de este país centroamericano en la lucha contra el crimen violento y la corrupción, tanto Zúniga como Castro han denunciado que la corrupción y la impunidad en el caso del asesinato de Berta Cáceres siguen latentes.
Zúñiga ha sostenido que a pesar de las denuncias sobre la usurpación de tierras a pueblos indígenas para la construcción de proyectos energéticos, de agua, cultivos y deforestación, en Honduras, tras el golpe de Estado de 2009, se siguen haciendo estas concesiones a empresas nacionales e internacionales por parte del Gobierno sin auditorías o estudios de impacto medioambiental o económico.
Financiación internacional
Ha añadido que esas concesiones reciben financiación de instituciones como el Banco Mundial o la Unión Europea (UE) o de bancos europeos.
Ayer el presidente hondureño informó tras su visita a Washington de la entrega de dos préstamos por un monto de 942 millones de dólares: uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 632 millones de dólares, y el segundo del Banco Mundial (BM) por otros 310 millones.
La hija de Berta Cáceres ha denunciado, además, el apoyo que la UE sigue proporcionando al Gobierno hondureño, y la del Gobierno español con la financiación para la elaboración de un nuevo Código Penal en el que "se penaliza a los defensores y luchadores de los derechos humanos".
"Vivimos en la impunidad", ha advertido, y ha señalado que esta situación es una "puerta abierta contra la indefensión de los luchadores de los derechos de los pueblos, sobre todo mujeres".
"Hay muchas Berta Cáceres, y muchos hijos de activistas asesinados, por lo que ha pedido que no cese la presión internacional para el esclarecimiento del caso, porque en su familia, al igual que Castro, están convencidos que si ésta cesa, el caso caerá en el olvido y no habrá justicia.
El activista mexicano ha coincidido con Zúñiga y ha denunciado que los megaproyectos extractivistas en América Latina siguen recibiendo el apoyo y financiación de la banca pública y privada, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la UE, un banco holandés y otro finlandés, así como de países como Colombia, para proyectos que "no cumplen con las garantías de derechos humanos ni medioambientales".
Comisión de investigación independiente
La hija de Berta Cáceres ha explicado a EFE que actualmente su familia cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en febrero pasado instó al Gobierno hondureño a "redoblar esfuerzos" para cumplir con la adopción de medidas cautelares de protección que ese organismo ha otorgado a varios hondureños.
Castro ha añadido que conoció a Berta Cáceres hace quince años en "la lucha por la supervivencia de los pueblos", y la fecha del asesinato asistía a un taller de formación en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que dirigía la activista.
Ha explicado que hay "muchos miembros del Gobierno, militares y la familia más poderosa de Honduras, involucrados en el suceso", pero ha visto cómo se "lavaba el tema, cómo ha habido muchas violaciones a los derechos e inconstitucionalidad por lo que se decretó el secreto del sumario".
Ha añadido que la próxima sesión del caso está previsto que se celebre el próximo miércoles con la comparecencia de seis de los ocho imputados hasta el momento, ninguno de los intelectuales, entre los que ha señalado a los funcionarios que dieron las concesiones del proyecto de la presa Agua Zarca.
Además, ha insistido en la necesidad de la formación de una comisión de investigación independiente, tras el robo a la magistrada que lleva el caso del expediente de Berta Cáceres, en la que puedan estar presentes tanto la familia como el COPINH.
Activistas asesinados en el mundo
La rueda de prensa se ha celebrado bajo el título "El precio del activismo" en la que además han intervenido el director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez; la portavoz de la ONG de derechos humanos Global Witness, Laura Furones; y la ingeniera despedida de Acuamed tras denunciar el caso Azahara Peralta.
Rodríguez ha informado de que en los últimos dos años, 340 activistas de derechos humanos y ambientalistas han sido asesinados en el mundo.
Según las cifras de Global Witness en los países en los que trabajan, han sido asesinados 185 personas por defender sus bosques, su agua, sus ríos.
Furones ha dicho que "que el 40 % de esta cifra son indígenas" del planeta.
Ambos han denunciado que la mayor parte de esos asesinatos siguen en la impunidad.
A pregunta de EFE ha dicho que la presión internacional sigue siendo una de las armas para denunciar estas acciones en países de Asia o América Latina donde no se respetan los derechos humanos y donde las actividades económicas están sobre ellos. EFEverde
