CONTAMINACIÓN AGUA

La Fiscalía investiga vertidos de agua desde casas ilegales, en Chiclana

  • Tras conocer un informe en el que se señala que los acuíferos que abastecen de agua los pozos ilegales de estas viviendas están “completamente contaminados”

La Fiscalía investiga vertidos de agua desde casas ilegales, en Chiclana Vista de Chiclana. EFE/Román Ríos

EFEverde.- La Fiscalía ha abierto diligencias penales para investigar la contaminación de los acuíferos de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por las filtraciones de las fosas sépticas de unas 18.000 viviendas irregulares de la localidad, una situación que los Ecologistas han descrito como una "bomba de relojería ambiental".

Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía de Cádiz ha abierto de oficio estas diligencias después de que la semana pasada se conociera la existencia de un informe que señala que los acuíferos que abastecen de agua los pozos ilegales de estas viviendas, en las que en verano viven 53.000 personas, están “completamente contaminados” por nitratos y coliformes de origen fecal.

Ante el “interés general” del asunto y el posible riesgo para la salud de los vecinos, la Fiscalía ha ordenado hacer una investigación para determinar qué está ocurriendo, según las mismas fuentes.

Ecologistas en Acción

La organización Ecologistas en Acción ha recordado hoy de que el informe -que, según el Ayuntamiento, una concejal de Chiclana de la Frontera mantuvo oculto más de un año- calcula que unas 18.000 viviendas irregulares vierten al acuífero 3.240.000 metros cúbicos al año de aguas residuales, lo que es “una auténtica bomba de relojería ambiental que en cualquier momento puede ocasionar infecciones e intoxicaciones severas”

En un comunicado, la organización ecologista destaca que “aunque sea vox populi que esas aguas no se pueden beber” la posibilidad de enfermedades no se puede descartar.

Ecologistas en Acción señala que tras el informe “han surgido las consabidas respuestas de las autoridades, recurriendo de nuevo a “no es mi competencia” o “no hay alerta sanitaria”.

“Ninguna de estas afirmaciones son ciertas: la Consejería de Medio Ambiente está obligada a controlar y gestionar la calidad de las aguas subterráneas y el Ayuntamiento tiene que velar por la salud de sus ciudadanos”, afirma.

Ecologistas en Acción exige, además de la publicación del informe, medidas de regulación urbanística aplicando la disciplina y ejecutando las necesarias obras de acometida para aguas potables y de saneamiento a cargo de los vecinos.

También la “colaboración institucional entre todas las Administraciones con competencias en el problema” para “poner fin a esta intolerable amenaza sobre la salud”, identificar las situaciones más graves de contaminación del acuífero para acotar el foco del problema. EFEverde

 

 

 




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