LEY COSTAS

El PSOE recurre la ley Costas y promete nueva norma cuando vuelva al Gobierno

El PSOE ha recurrido hoy la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional por entender que privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral y ha anunciado que elaborará una nueva norma cuando vuelva a gobernar.

El recurso sostiene que la actual Ley de Costas, aprobada en mayo con los √ļnicos votos a favor del PP y que modifica la legislaci√≥n de de 1988, viola los art√≠culos 132, 45, 14 y 9.3 de la Carta Magna.

En declaraciones a los medios, el secretario de Ordenaci√≥n del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Mor√°n, ha anunciado que la actual norma tiene “un recorrido corto” porque cuando el Partido Socialista regrese al poder colocar√° entre sus prioridades “una nueva ley que devuelva a sus leg√≠timos propietarios” la costa.

En su opini√≥n, el Gobierno ha optado “por la ocupaci√≥n sin l√≠mite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando deber√≠a ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadan√≠a”.

“Lo que hace el Gobierno es jugar con la seguridad ambiental por encima del inter√©s econ√≥mico o ambiental”, ha a√Īadido Mor√°n, acompa√Īado por el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Senado, Miguel Fidalgo, y Mar√≠a Luisa Carcedo, de la direcci√≥n del grupo parlamentario.

Seg√ļn Mor√°n, la reforma de la Ley de Costas olvida todos los art√≠culos constitucionales que declaran el ecosistema litoral como bien p√ļblico.

Ha advertido asimismo de que el Ejecutivo popular “comete un error” al creer que este recurso es “meramente” pol√≠tico: “Lo que el PSOE hace es suplir la abdicaci√≥n del Gobierno en la defensa del inter√©s general”.

El recurso obedece tambi√©n, ha dicho, a la necesidad de que el Tribunal Constitucional “defienda su propia voz, ya que una sentencia de 1991, que el PP ha deso√≠do de manera clamorosa en el tr√°mite de elaboraci√≥n de la ley, es la que permite asegurar que esta norma es radicalmente inconstitucional”.

El texto entregado hoy en el registro del alto tribunal argumenta que el dominio p√ļblico est√° determinado por la Carta Magna que exige su protecci√≥n y no es posible manipular el mandato constitucional.

A√Īade que la actual ley, a trav√©s de sus art√≠culos primero, diez, once y cuarenta, ha introducido un conjunto de modificaciones que suponen en la pr√°ctica una rebaja o reducci√≥n en el nivel de protecci√≥n del ecosistema litoral (dominio p√ļblico, servidumbre de tr√°nsito y servidumbre de protecci√≥n).

Aunque el legislador estatal dispone de “una incuestionable potestad de modificaci√≥n del marco regulador de la convivencia no es menos cierto que dicha potestad debe ejercerse, cuando del medio ambiente se trata, de acuerdo con ciertos l√≠mites y con el respeto a ciertos principios constitucionales, internacionales y comunitario-europeos”.

Entre ellos figuran los art√≠culos 45 y 53 de la Carta Magna, que consagran el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, as√≠ como el deber de conservarlo, y la obligaci√≥n de los poderes p√ļblicos a velar por la utilizaci√≥n racional de todos los recursos naturales.

En esencia, las disposiciones de la ley recurrida “son inconstitucionales, en primer lugar, y en algunos casos, por su frontal oposici√≥n con el r√©gimen del dominio p√ļblico dise√Īado por la Carta Magna y con la defensa y protecci√≥n del medio ambiente sancionada constitucionalmente”, a√Īade el recurso de 120 p√°ginas, en cuya elaboraci√≥n han colaborado organizaciones sociales, cient√≠ficas y ambientales. EFE

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