El Gobierno “está convencido” de la constitucionalidad de la Ley de Costas

El Gobierno

El Gobierno "está convencido" de la constitucionalidad de la Ley de Costas, que "ni privatiza ni reduce su protección", ha afirmado esta tarde el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ante las acusaciones del PSOE.

La reforma de la Ley de Costas, recurrida esta mañana ante el Tribunal Constitucional por el partido socialista, tiene como objetivo “acabar con el desorden en las costas españolas” y respeta en todo momento la Constitución, ha explicado Ramos en rueda de prensa.

El secretario ha declarado que la nueva norma ha sido realizada en base a los parámetros constitucionales y que no supone “menoscabo para la costa” en contra de la opinión del PSOE que cree que “privatiza y reduce la protección”.
Ramos ha calificado estas acusaciones como “ligeras” y ha indicado que la ley respeta “en todo momento el concepto de la costa como dominio público”.

Para el secretario de Estado, dar concesiones o prolongar las existentes “significa todo lo contrario”, ya que supone reconocer que hay dominio público (las concesiones se otorgan sobre lugares considerados dominio público) por lo que de “ningún modo es privatizar”.

La ley incluye cláusulas que refuerzan la protección de la costa: “queremos actuar antes de que se construya” ha señalado Ramos y ha explicado que existen medidas preventivas para evitar edificaciones ilegales.

Según ha señalado, si el Gobierno detecta alguna licencia, otorgada por algún ayuntamiento, que no respeta la distancia marcada en la ley para construir, podrá suspenderla directamente en vía administrativa sin tener que esperar al proceso judicial.

Frente a las acusaciones de “privatizar la costa”, el secretario de Estado ha resaltado que lo que hace la norma es excluir del dominio público “puntuales” núcleos de viviendas afectados por la Ley de Costas, que existían antes del año 88 y “estaban en un limbo sin respuesta”.

Esta medida “no es desproteger ni privatizar”, según Ramos, es dar respuesta a esta situación de inseguridad jurídica, puesto que considera que una legislación ambiental “que se olvida de las personas, es errónea”. EFE




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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