NUCLEAR GAROÑA

El Gobierno aprueba la modificación que permitirá reapertura de Garoña

El Gobierno aprueba la modificación que permitirá reapertura de Garoña

El Consejo de Ministros ha modificado hoy el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) que permitirá a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) solicitar la renovación de su licencia y su posible reapertura antes del próximo 6 de julio.

La modificación introduce la posibilidad de que, tras la declaración del cese de actividad de una instalación nuclear, su titular pueda solicitar la renovación de la autorización de explotación, “salvo que existan razones de seguridad que lo impidan y siempre que no haya transcurrido más de un año desde la declaración del cese”.

 

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha dado luz verde además a un Real Decreto que aprueba el Plan General de Residuos Radiactivos que aplicará el principio de reducir la generación de residuos radiactivos “al mínimo posible” además de cargar el coste de su gestión y la responsabilidad principal respecto a los mismos “a quienes los hayan generado”.

 

Este plan recogerá las estrategias y actuaciones para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.

 

La financiación se llevará a cabo a través del Fondo para la financiación de actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, gestionado por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) y que se seguirá dotando de las tasas abonadas por los titulares de las instalaciones que generen los residuos.

 

El Real Decreto establece que le corresponde a ENRESA la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado, así como el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares.

 

Los residuos radiactivos generados en España serán almacenados definitivamente en el país, salvo que exista un acuerdo con otro Estado miembro de la Unión Europea o un tercer país, a fin de utilizar una instalación de almacenamiento definitivo en uno de ellos.

 

Una historia ajetreada

 

La central nuclear de Santa María de Garoña cerró sus puertas el pasado 6 de julio tras un ajetreada última etapa en la que tan pronto se sucedían los anuncios de su cierre como los de su prórroga. En 2009, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó el permiso por cuatro años y fijó el cese de su explotación el 6 de julio de 2013.

 

Sin embargo, en julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular modificó el decreto de cierre y concedió a la empresa propietaria (Nuclenor) un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad hasta 2019.

 

La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos, relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando y, sobre todo, los nuevos impuestos, y en diciembre de 2012 optó por cerrar la planta.

 

Tras el cambio legislativo aprobado por el Gobierno, el Foro de la Industria Nuclear Española, asociación que representa a la industria nuclear, ha calificado la norma de “positiva, sin perjuicio de las decisiones que las empresas propietarias de las centrales nucleares puedan adoptar al respecto”.

 

La propia Nuclenor ha adelantado que evaluará las nuevas condiciones para solicitar la renovación del permiso y ha recordado que, desde que cesó la actividad de la central, “se ha mantenido al totalidad de la plantilla” y se han desarrollado además las “actividades necesarias para mantener la instalación en las mejore condiciones”.

 

Sin embargo, la ONG Ecologistas en Acción argumenta que la reforma es “una nueva cesión a las empresas eléctricas” y que “abre un importante boquete” en su seguridad.

Por su parte desde el partido Equo se  ha denunciado que con esta decisión se está poniendo en riesgo la seguridad nuclear, al poner por delante de la misma los intereses de Nuclenor. De acuerdo con la modificación planteada por el gobierno  el titular de una autorización de explotación de central nuclear deberá comunicar “al menos con un año de antelación a la fecha prevista, su intención de cesar la actividad para la que fue concebida la instalación”. Esto es una modificiación considerable, ya que reduce de tres a uno los años en que la central debe estar parada. Con ello el gobierno cede a los intereses de Nuclenor que no quería esperar los tres años que la legislación requiere para reabrir la planta, argumentan desde Equo en un comunicado.

Añaden además que se  anteponen los intereses económicos de las empresas propietarias a la seguridad nuclear, mostrando con ello -el CSN- su falta de independencia.

 

EFE esl/ppm




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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