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El Defensor del Pueblo aconseja que el reglamento de ley costas extreme la protección litoral

El Defensor del Pueblo aconseja que el reglamento de ley costas extreme la protección litoral

El Defensor del Pueblo recomienda extremar las medidas de protección de la costa en el futuro Reglamento de la Ley de Costas e insiste en que la definición de la zona marítima terrestre atienda "exclusivamente a criterios físicos y científicos" y no de otra naturaleza.

Así lo refleja el informe del Defensor del Pueblo de 2013 que su titular, Soledad Becerril, ha entregado hoy en las Cortes, donde se contabilizan 612 expedientes de carácter medioambiental.

El informe explica que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incorporará las propuestas de la Institución al Reglamento de Costas, que debía aprobarse antes del 31 de diciembre de 2013, sin embargo “cuando se redacta el informe, la web del Ministerio no menciona el citado proyecto”.

Sobre el mismo asunto, aconseja promover la participación pública en los procesos de deslinde, concesión, autorización etc, y que se proporcione más información a la ciudadanía.

Además, las instalaciones de temporada y chiringuitos deberían desmontarse después de cada temporada, aunque la autorización sea por cuatro años, y así procurar la regeneración de las playas. En todo caso,
transcurrido el plazo de la autorización, el departamento afectado debe quedar
restablecido a su estado anterior, a cargo del ocupante. El incumplimiento de esta cláusula deberá inhabilitar al responsable para poder obtener una nueva autorización.

Aunque sin concluir, Becerril ha iniciado también actuaciones en asuntos “significativos”: el empleo de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) en Cantabria; el riesgo sísmico que pudiera estar asociado a la actividad de inyección de gas en la planta de El Castor, y la evaluación de los impactos acumulativos de proyectos de explotación y almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha remitido “documentación, muy extensa y pendiente de análisis”, añade el texto.

Trasvase Tajo Segura

También ha abierto una actuación ante el Ministerio de Medio Ambiente por el proyecto normativo que regula el trasvase Tajo-Segura, que aún está pendiente de contestación.
En otro apartado, el informe menciona la compra de derechos del agua para proteger el acuífero 23 del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y solicita a Medio Ambiente que aclare algunos puntos, entre otros, los relacionados con los pozos ilegales existentes.

 

Confederación Hidrográfica del Tajo

Destaca, por otro lado, que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha aceptado su propuesta de reservar la dotación máxima de agua necesaria sólo si se desarrolla completamente una ordenación urbanística.

Es decir, de considerar la población real permanente y estacional y su crecimiento vegetativo a corto plazo, y no las expectativas de incremento de población en función del crecimiento urbanístico.

También se ha solicitado información preliminar a la Confederación del Guadalquivir y a la Junta de Andalucía sobre captaciones de aguas subterráneas para el riego en Almonte (Huelva) y sobre la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana.

En el capítulo de contaminación atmosférica, ha actuado de oficio en relación al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, sobre el que ha pedido un informe a la Oficina Española de Cambio Climático.
En concreto, se refiere a propuestas y medidas para mejorar los posibles fallos o desajustes en el funcionamiento del mercado.

Maltrato de Animales

Sobre el maltrato de animales, se han tratado quejas originadas en fiestas tradicionales, como palomas encerradas en vasijas hasta que son liberadas con la rotura del cántaro a pedradas, en Robledo de Chavela (Madrid) o la suelta de patos en el Puerto de Sagunto, arrojados al mar para ser capturados por nadadores.

Aboga, por otro lado, por el derecho de acceso a la justicia para las ONGs ambientales.

La vigente ley de asistencia jurídica gratuita no reconoce específicamente a estas asociaciones el derecho de justicia gratuita, y sólo lo admite para las de utilidad pública, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. EFE




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