LEY IMPACTO AMBIENTAL

El daño ambiental se amplía a las aguas marinas

El daño ambiental se amplía a las aguas marinas

EFEverde.- El concepto de daño ambiental se amplía a las aguas marinas en virtud de la modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental que ha aprobada hoy el Gobierno.

Según ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el Proyecto de Ley amplía el concepto de daño ambiental a las aguas para asegurar que la responsabilidad se aplique también a las aguas marinas, de acuerdo con la Directiva que regula la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro.

La experiencia adquirida durante los años de aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental ha demostrado la necesidad de reforzar la prevención, por lo que se impulsará los análisis de riesgos medioambientales como una herramienta importante para su gestión.

Con tal fin, las autoridades podrán adoptar medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de estos riesgos entre los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños medioambientales.

Con la modificación de la norma, que se envía hoy al Parlamento, se garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas, así como los daños ambientales.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental establece en España un régimen administrativo que se basa en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”.

Este régimen prevé que los operadores que ocasionen este tipo de daños o amenacen con causarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, en el caso de que ya se hayan producido, devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban.

El Proyecto de Ley, que cuenta con un único artículo con doce apartados y tres disposiciones finales, modifica la citada norma con el fin de reforzar su vertiente preventiva, así como de simplificar y mejorar la aplicación del marco normativo.

También mejora y aclara aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que permite hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar).

Y propone reducir las cargas administrativas a los operadores económicos y dotar de una mayor eficacia a las administraciones mediante la simplificación del procedimiento de constitución de la garantía financiera.

Esta normativa fue sometida el año pasado a participación pública a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente, y también ha sido analizada con las Comunidades Autónomas y con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el organismo asesor del Gobierno en esta materia. EFE




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