Las administraciones públicas (sujetas al deber de neutralidad e impacialidad) “investigaron, compilaron y analizaron” información sobre grupos que son contrarios a determinados proyectos mineros y sobre los que esos mismos entes deben tomar decisiones, advierte hoy Ecologistas en Acción en un comunicado.
[box type=»shadow» align=»aligncenter» ]Entre los objetivos del proyecto, según la organización, estaba la creación de una base de datos sobre la aceptación social de la minería, y compartir conocimientos y experiencias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados planes. [/box]
En el comunicado se precisa que “Andalucía, Aragón y Castilla y León realizaron un mapeo de veinticinco conflictos mineros en toda España a cargo de un proyecto con tres millones de euros de presupuesto”, y para ello, se recogió información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas que se oponían a dichos proyectos.
Ecologistas en Acción se ha unido a otras organizaciones europeas para pedir una auditoría del proyecto independientemente de las acciones que se puedan iniciar en relación a las administraciones y entres públicos involucrados para dirimir responsabilidades. EFEverde
