LEY COSTAS

Diputados cántabros piden «seguridad jurídica» para las empresas en la costa

José María Mazón, diputado del PRC, durante su intervención en el Congreso. EFE/Kiko Huesca.

Representantes del parlamento cántabro, así como diputados por Cantabria del Grupo Parlamentario Popular, del grupo mixto y de Ciudadanos, junto con Vox y PDeCAT, han defendido una proposición de ley para modificar la Ley de Costas y ofrecer «seguridad jurídica» a las empresas con concesiones en el litoral.

Según han explicado los parlamentarios en un debate celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, la iniciativa de modificar la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas, busca aclarar los plazos y las prórrogas de las concesiones en el litoral para dar «seguridad jurídica» a las empresas allí situadas y defender el «tejido productivo» frente a «posturas demagógicas ambientalistas».

Así lo ha asegurado en el pleno el portavoz parlamentario del Partido Regionalista de Cantabria, Pedro Hernando, quien ha reclamado alterar los artículos 32 y 66 de la Ley de Costas para recoger el criterio del Tribunal Supremo sobre la concesión de prórrogas a las actividades existentes en zonas de dominio marítimo-terrestre.

«No pedimos nuevas prórrogas ni nuevas concesiones -que ahora mismo no existen- sino retomar el criterio original que se aplicaba hasta el año 2018», ha incidido el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en el Parlamento de Cantabria, Félix Álvarez Palleiro.

La proposición de ley ha sido respaldada en el debate del Cámara Baja por los grupos de Vox y del PDeCAT, además del PP, Cs y Vox; mientras que PSOE y Unidas Podemos han expresado explícitamente su rechazo a la iniciativa por ser “contraria al espíritu de la ley de costas, de la ley de patrimonio de las administraciones públicas y de la ley de cambio climático», según ha aseverado el diputado socialista Pedro Casares.

Casares ha agregado que este debate sobre las prórrogas a las concesiones del litoral «no va de defender o no al pequeño tejido productivo, ni a las industrias de Cantabria, ni a las instalaciones ganaderas, agropecuarias o a las conserveras de Santoña», sino “de pensar en grande o de pensar en pequeño, de dibujar el futuro compartido que debemos dejar a las próximas generaciones».

Podemos, BNG y PNV

Por su parte, el diputado gallego Antonio Gómez-Reino Varela (Podemos), ha criticado que la proposición de ley defendida en el hemiciclo «caracteriza la forma de entender el patrimonio y las políticas públicas por parte de las derechas» y su «nula voluntad de proteger el patrimonio natural como bien común que es».

Gómez-Reino ha lamentado que la Ley 2/2013 aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que reformaba la Ley de Costas de 1988 facilitara «prórrogas excesivas fuera de todo lo lógico» a los títulos concesionales en el litoral, ampliando el plazo a 75 años desde la concesión de la prórroga, algo que «afortunadamente» se corrigió durante la legislatura actual, ha apuntado.

Sobre el caso concreto de Cantabria, el parlamentario de Unidas Podemos ha abogado por realizar planes específicos para garantizar que el tejido laboral se adapta a la nueva situación, «resituándose en otra zona si fuera necesario»: por ejemplo, en polígonos industriales «vacíos o semivacíos» con los que cuenta la comunidad autónoma.

También el diputado Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego, ha rechazado la idea de consolidar actividades en la costa «que no tengan por qué estar vinculadas al mar» y que tengan «un impacto ambiental negativo», y ha aludido al caso de la planta de celulosa ENCE sobre la ría de Pontevedra, a la que pide expulsar.

Pese a ello, Rego ha afirmado que «sería conveniente clarificar el margen interpretativo del artículo 32 de la ley 2/2013» para eliminar la duda sobre las concesiones -qué plazo tienen y desde cuándo se empieza a contabilizarse la prórroga concedida-, una «ambigüedad» que se agravó con el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático, ha dicho.

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha remarcado la necesidad de preservar sectores preocupados por el fin de las concesiones, como el económico-alimentario, sobre todo al salir de una crisis «donde – ha señalado- no podemos permitirnos el lujo de perder actividad económica», si bien «esto no quiere decir que todo tenga que valer».

Sagastizabal ha recordado también el desafío del cambio climático y la consecuente elevación del nivel del mar «que va a afectar a algunos de los usos» -empresas y viviendas- en el litoral, y ha subrayado asimismo la preocupación de proteger la costa de algunas actividades nocivas.

Con todo, ha afeado el «régimen de prórroga bastante deficitario» que se planteó en 2018 y que supuso que muchas de estas actividades «se quedaran sin concesión y debieran trasladarse»; y ha pedido realizar un «análisis real» de la situación para abordar ese hecho. EFEverde.

 




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