La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado hoy que su papel en el proyecto del almacén de gas Castor se "concentró y resumió" en la firma de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que "nadie recurrió en su momento".
"Me parece frívolo pensar que un Secretario de Estado pueda sustituir el criterio de tantos técnicos y administrativos", ha recalcado la ministra para insistir en que una vez tramitada la declaración, nadie la recurrió cuando "lo habitual es que se recurran de forma sistemática todas las declaraciones de impacto".
Ribera ha explicado que cualquier proyecto complejo de estas característica tiene una "tramitación enormemente extensa" en la que participan numerosos actores entre más de 20 organismos diversos, comunidades y municipios, que en aquel entonces elaboraron una propuesta de resolución sin ninguna objeción.
Durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Teodoro García, ha preguntado al Ejecutivo las consecuencias económicas y sociales que para España ha tenido el informe de impacto medioambiental favorable que Ribera firmó, como Secretaria de Estado, en relación al almacenamiento de gas Castor.
Para García, la firma de aquella DIA propició un incremento de la factura del gas, y dejó una "bomba retardada" que acabó estallando en forma de proyecto fallido, además de numerosos terremotos en la costa mediterránea.
"Castor nos ha costado lo mismo que diez líneas de AVE", ha denunciado el diputado Popular.
La titular de la cartera, que en su primera respuesta en la Cámara ha apelado a la "transparencia", ha señalado que en su momento y a petición del ministro Nadal, la declaración fue avalada por los expertos de acuerdo al conocimiento científico disponible en aquel momento como el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)y la Universidad de Harvard.
En este punto, la ministra ha manifestado que todavía hay muchas mas cosas que comentar al respecto que quizá se puedan quedar para mas adelante, pero ahora hay que "afrontar" que hacer con dicha instalación.
Informes sobre Castor
Ayer 19 de junio, Ribera dijo en el senado que todavía no ha encontrado los informes que el anterior Gobierno anunció que iba a recabar para saber cuándo se podría desmantelar el almacén de gas Castor, y se ha comprometido a encargarlos rápidamente, si no los hay.
Ribera, en respuesta a una pregunta del senador de ERC Miguel José Aubà sobre la fecha en que estarán disponibles los informes medioambientales que determinen si hay riesgo para desmantelar el almacén subterráneo marino, ha respondido que no lo sabe.
Ha recordado que, una vez que el anterior Ejecutivo dispuso de los informes de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts que le llevaron a paralizar de forma definitiva ese proyecto, el Ministerio de Energía anunció que recabaría informes técnicos para saber cuándo y en qué condiciones se podría desmantelar en condiciones de seguridad.
[box type="shadow" ]"A fecha de hoy no conozco esos informes. No los tengo. No los he encontrado", ha dicho la ministra, que ha añadido que todavía no tiene constancia de "a quién se han encargado y en qué momento están".[/box]
Teresa Ribera se ha comprometido a "averiguar dónde estamos" y a traer la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores, así como a encargar "rápidamente" los informes, si no los hay.
"Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados", ha añadido la ministra, que ha señalado que traerá los informes a la Cámara para escuchar las opiniones y recomendaciones de los parlamentario respecto a los pasos a seguir con el almacén.
Almacén de gas
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.
El Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS -promotora del proyecto-, que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.
Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia paralizó los pagos con cargo al recibo del gas, a raíz de que el Tribunal Constitucional anuló parte del real decreto-ley que fijó la indemnización. EFEverde
