CRISIS CLIMÁTICA

Las demandas climáticas proliferan e instan a cumplir con compromisos ambientales

Vehículos, motos y autobuses en cola en un atasco en Madrid. EFE/ J.J.Guillén/ARCHIVO

Lourdes Uquillas.- La violación de los derechos humanos es la base de las demandas climáticas que han proliferado desde inicios de 2020, y a las que se ha sumado este miércoles la que han presentado ong y ecologistas españoles contra el Gobierno por la “inacción climática”, según la abogada Lorena Ruiz-Huerta.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón presentaron la demanda tras exponer el pasado 15 de septiembre un “recurso o escrito de interposición por inacción climática” para iniciar un litigio ante el Tribunal Supremo, competente para enjuiciar al Gobierno, ha explicado en entrevista a EFE Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes. 

Demandas climáticas

Atasco en una calle de Madrid. EFE/Eduardo Oyana/ARCHIVO

El documento presentado ante el Supremo está “basado en los derechos fundamentales”, según la abogada, porque se estarían “vulnerando derechos como la vida, la salud o el derecho a la propiedad privada” y recoge además “una batería de argumentos jurídicos y científicos” para iniciar el litigio” contra el Gobierno.  

La acción contra el Gobierno español forma parte de una “corriente de litigios” que han iniciado en todo el mundo y que han proliferado de una “manera tremenda” desde hace cinco años, pero desde inicios de 2020 ha cogido una “velocidad de vértigo” a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Holanda en el caso de la Fundación Urgenda.

Esta sentencia, según Ruiz-Huerta, ha marcado un “hito histórico”, tras un juicio de más de una década en el que la Fundación holandesa demandó al Gobierno por inacción climática, porque sus acciones “son totalmente insuficientes”. 

La sentencia condena al Gobierno holandés a “elevar su ambición climática y reducir sus emisiones”, pero lo hace en el mismo año en el que debía cumplir con esos objetivos, es decir el 2020, y es “la primera vez que ese alto Tribunal se basa en la violación de los derechos humanos para condenar al Ejecutivo” a superar los límites de sus aspiraciones climáticas. 

Las organizaciones españolas impugnan al Gobierno a elevar los niveles de reducción de emisiones fijadas en un 23 % para 2030, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque lo consideran “totalmente insuficiente” y le instan a igualar los estándares del 55 % aprobado hace pocos días por la Unión Europea (UE). 

Mayor ambición climática

Demanda contra la petrolera Shell en La Haya (Países Bajos). EFEEFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ARCHIVO

El objetivo de 23 % “es insuficiente, “no nos protege del cambio climático, no salvaguarda el medio ambiente y pone en riesgo los derechos humanos de toda la población española, tanto de la que está viva en este momento como de las generaciones futuras”, sostiene la Ruiz-Huerta. 

Para el responsable de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, “se da forma finalmente” a la demanda frente a la inacción climática.

Los insuficientes objetivos recogidos por el Gobierno “nos instan a pedir un posicionamiento del alto Tribunal”, ya que no enfrentar de forma efectiva y suficiente la emergencia climática, “incrementará y agravará” las consecuencias del cambio climático en España.

Ello supondrá, un “empeoramiento” en las condiciones de vida, y en el “deterioro o desaparición” de importantes ecosistemas. La ciencia nos ha advertido con claridad de que “el tiempo de actuar es ahora”, asegura Andaluz. 

Presión de los lobbys de combustibles fósiles

Una de las dificultades para lograr elevar la ambición climática estaría en la presión de las empresas de combustibles fósiles, según el diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, quien explica a EFE que desde que en el año 1992 los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo acordaron poner en marcha un acuerdo global contra el cambio climático, “lo cierto es que las emisiones de gases que causan el efecto invernadero no han dejado de subir”.

Según el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados, en este sentido “hay que reflexionar” por qué las emisiones no paran de subir, y “no cabe duda de que los lobbies de combustibles fósiles han ejercido una presión”, tanto en las negociaciones globales, como a nivel local, regional, incluso de los Estados. Una presión que “se ha concretado en acciones concretas que han impedido el avance de la reducción de emisiones”.

Entre esas acciones concretas está, por ejemplo, “la financiación del negacionismo climático, algo que está demostrado que lo llevan haciendo las empresas petroleras desde hace muchísimos años para generar un debate falso sobre la verdad del cambio climático”.

Además, según López de Uralde, se ha trabajado desde esos lobbys de empresas de combustibles fósiles “en todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo de las políticas energéticas para impedir o retrasar cualquier obstáculo a las empresas de petróleo, de gas o de carbón”.

Proliferación de demandas para elevar la ambición climática

En este marco, las demandas climáticas respaldadas por la acción ciudadana siguen creciendo.

El 30 de noviembre pasado, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) inició una acción judicial contra 33 estados, todos los de la UE más Reino Unido, Noruega, Turquía y Rusia, por incumplimiento de los tratados internacionales contra la emergencia climática. 

Mujeres de la comunidad Waorani, de la Amazonía ecuatoriana. EFE/ Jose Jacome/ARCHIVO

La demanda la interpusieron seis jóvenes portugueses de entre 12 y 21 años y en ella denuncian cómo las emisiones y la contaminación de estos países contribuyen al calentamiento del planeta y a las cada vez más intensos fenómenos meteorológicos, que perjudican su salud. 

También en Holanda, la ong Amigos de la Tierra (Milieudefensie), junto a otras seis organizaciones y 17.378 ciudadanos neerlandeses han demandado a la petrolera Shell a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del calentamiento global. 

La demanda contra Shell, cuya última vista se ve hoy, 17 de diciembre, ha abierto dos cuestiones: la obligación de las petroleras de cumplir con los tratados climáticos y el respeto a los derechos ciudadanos, que tiene como precedente a la sentencia de la Fundación Urgenda.   

Asimismo, hace pocos días se conocía la presentada por ancianos de la comunidad waorani en la Amazonía ecuatoriana contra una petrolera china en la reserva natural de Yasuní.

La demanda constituye la primera acción en Ecuador que enfoca la protección vinculando directamente el cambio climático con las actividades petroleras, un nicho de mercado por el que ha apostado el presidente Lenin Moreno.

Pero no todo son malas noticias, y esta misma comunidad obtuvo el año pasado una victoria judicial logrando la protección de más de 180.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana de las actividades de multinacionales petroleras. EFEverde

 




Secciones: