MINA AZNALCÓLLAR

Del conflicto competencial a los indicios de irregularidades en la concesión

  • Diecisiete años después de la rotura de la balsa de residuos el 25 de abril de 1998 que provocó el mayor desastre ecológico conocido en Andalucía, la mina parecía contar ya con una empresa para su explotación, pero Emerita Resources denunció judicialmente esta concesión al considerarla “irregular”, y acusaba a la Junta de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociación ilegal de la mesa de contratación.

Del conflicto competencial a los indicios de irregularidades en la concesión Foto de archivo de las minas de Aznalcóllar. EFE

Casi un año después de que el Gobierno central aprobara el real decreto por el que desistía del recurso de inconstitucionalidad que planteó contra el decreto de la Junta de Andalucía para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una juez aprecia irregularidades en el proceso de concesión.

Fue el Consejo de Ministros del 11 de abril de 2014 el que aprobó un real decreto por el que, tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo andaluz, desistió del recurso de inconstitucionalidad que planteó contra la decreto ley de la Junta andaluza, y el mismo día en que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó el decreto-ley por el que se adoptaban las medidas urgentes que “permiten resolver las discrepancias” con el Ejecutivo central sobre esta cuestión.

Se ponía punto y final a una polémica que nació con la aprobación en enero de un decreto de la Junta que permitía la reapertura de la mina y una resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Andalucía por la que se convocó el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas en Aznalcóllar.

A raíz de este decreto y esta resolución, el Gobierno central anunció un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencias que se presentó el 18 de marzo de 2014, al estimar el Ejecutivo nacional que la facultad de reservar zonas de aprovechamiento minero corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973.

La norma impugnada reservaba a la Junta de Andalucía la actividad extractiva en el complejo minero de Aznalcóllar y dirigía un mandato a la administración autonómica para que las actividades extractivas de explotación se adjudicaran mediante concurso.

Tras días de encontronazos entre el Gobierno andaluz y el central por este recurso, el acuerdo se produjo como consecuencia del trabajo conjunto entre el Gobierno, la Junta y el PP andaluz y con ello evitar la paralización de la adjudicación de ese concurso, según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Mediante este acuerdo, que fue refrendado como real decreto por las Cortes, se autorizaba a la Junta a explotar las minas de Aznalcóllar, según precisó el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, en la misma rueda de prensa, en la que añadió que se trataba de un procedimiento único, cuyo objetivo es la reactivación económica y la creación de empleo en la zona.

El acuerdo -en el que también participó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas- implicó que la Junta derogara varios artículos del real decreto que aprobó en el que se reservaba para sí la explotación minera de Aznalcóllar, cuando es una reserva estatal.

De este modo siguió adelante el concurso, en régimen de concurrencia competitiva, con el fin de elegir el proyecto que mejor cumpla las exigencias de seguridad y de viabilidad técnica, económica y medioambiental, así como las garantías de transparencia y competitividad.

El concurso internacional quedó finalmente en una pugna entre la agrupación México Minorbis -formada por la andaluza Magtel y el Grupo México- y Emerita Resources, y que finalizó con la adjudicación a la primera por un estrecho margen de 75,9 puntos sobre cien frente a 73,6 puntos de su competidor.

Diecisiete años después de la rotura de la balsa de residuos el 25 de abril de 1998 que provocó el mayor desastre ecológico conocido en Andalucía, la mina parecía contar ya con una empresa para su explotación, pero Emerita Resources denunció judicialmente esta concesión al considerarla “irregular”, y acusaba a la Junta de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y negociación ilegal de la mesa de contratación.

Ayer se conoció el auto de la jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que emitió un auto en el que reprocha a la Junta que concediera la reapertura de la mina sin “el más mínimo rigor” y pese a que fue donde se produjo el vertido tóxico en 1998.

Según el auto de la juez, no se ha apreciado que la empresa ganadora “cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación”.

La consecuencia inmediata fue que la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ordenó paralizar el proceso recordando que la concesión contó “con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos”, mientras que el secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández, confió en que se archivara el proceso y puso la “mano en el fuego” sobre la limpieza del caso.

El complejo minero de Aznalcóllar, que ocupa una superficie de casi 950 hectáreas y cuenta con unos recursos de 35 millones de toneladas constatadas y otros 45 millones probables de cobre, plomo, zinc, además de plata y oro, no parece tener cercana su explotación ante un litigio que se prevé largo. EFE

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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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