FRAUDE CONTRATOS ACUAMED

Cuatro directivos de Acuamed y un empresario en prisión sin fianza

  •  Se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

  • Los otros 8 detenidos han salido libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros impuesta por el magistrado. Las mayores fueron para los máximos responsables de FCC Construcción, Miguel Jurado, y de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini.

Cuatro directivos de Acuamed y un empresario en prisión sin fianza En prisión 4 responsables de Acuamed. en la foto desaladora de Almanzora. EFE/C. Barba

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión incondicional sin fianza a 5 de los detenidos por el fraude de la empresa Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Cuatro de ellos altos directivos de la empresa pública y un empresario.  Los imputados responsables de FCC y Acciona pagaron ayer mismo 50.000 euros cada uno para evitar la cárcel.

Los otros 8 detenidos han salido libres tras pagar fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros impuesta por el magistrado.

Las más altas se las impuso a los presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y el director de Infraestructuras en España de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, que pagaron en la tarde del mismo miércoles para evitar la prisión.

Cuatro de los que han ingresado en prisión sin posibilidad de fianza son directivos de Acuamed -el director general, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; y su delegado en Valencia, Pablo Martín-. El quinto es Nicolás Steegmann, presidente de Altec.

Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco, en prisión incondicional por el caso Acuamed.

Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco, en prisión incondicional por el caso Acuamed. EFE/Acuamed

Velasco también dictó fianzas, que fueron abonadas, para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno; los trabajadores de FCC Santiago Farré y Miguel Roset, el delegado de Acuamed Javier Delgado López; el director de Proyectos de Altec, José Ramón González Fernández, y David José Blanca Montero.

 Operación Frontino

Velasco tomó la decisión tras interrogar durante todo el día de ayer a los 13 detenidos -aunque solo tres han accedido a declarar- el pasado lunes en la operación Frontino, que investiga un fraude de unos 25 millones de euros en la concesión de contratos públicos por parte de Acumed a empresas a cambio de comisiones.

 Se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación.

 El juez achaca al director general de Acuamed haber “urdido” desde mediados de 2014 “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de ‘presiones’) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades” para conceder contratos y, a cambio, recibía “regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública”.

 Acuamed y FCC: compensaciones ilegales incluidas en los presupuestos generales

36 millones de la limpiez del embalse de Flix, en la foto, se metieron en los Presupuestos Generales de 2015 para abonar a FCC.

36 millones de la limpieza del embalse de Flix, en la foto, se metieron en los Presupuestos Generales de 2015 para abonar a FCC. EFE/Jaume Sellart

Una de las posibles ilegalidades que investiga el juez de la Audiencia Nacional, según el auto es un acuerdo entre Acuamed y FCC una “compensación indebida” de 40 millones de euros, pactada con “cargos de alto nivel” del Ministerio de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.

Almanzora/Flix

Uno de los seis contratos que se investigan es el de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, adjudicada a la UTE formada por FCC y Abengoa y en el que supuestamente Acuamed y FCC pactaron esa “compensación” irregular de 40 millones de euros.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esos desperfectos no eran “responsabilidad de la Administración”.

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto “mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio” de Agricultura, del que depende la empresa pública.

 Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas “irreales”.

Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar.

Entonces, se previó cubrir esa “compensación indebida” pactada “entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio” en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se “persistió” en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 “a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura el juez.

 Seis contratos

 En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, “presionaban” a los directivos de la empresa pública “para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”.

El presidente de FCC construcción, Miguel Jurado, que ayer pagó 50.000 euros para evitar la cárcel, implutado en el caso Acuamed.

El presidente de FCC construcción, Miguel Jurado, que ayer pagó 50.000 euros para evitar la cárcel, implutado en el caso Acuamed. EFE/E. Cobo

Los otros contratos investigados son la descontaminación del pantano de Flix -adjudicado a FCC-, la presa de Avenida Rambla Gallinera en Valencia -Sogeosa y Torrescámara-, la desaladora Marina de Torrevieja -Acciona-, conductos de la desaladora de Campello-Mutxamel, el Cerro Colorado de Murcia -Altec- y la presa de antiavenidas del río Serpis -Altec/Altyum-.

Velasco añade que si los trabajadores de Acuamed se negaban a cometer esas irregularidades eran incluso destituidos, “siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada” y conscientes de que repercutía en contra del erario público. “Alguno (de los imputados) llega a decir -destaca en el auto de prisión- que el dinero público no es de nadie”. EFEverde

 

 




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Redacción EFEverde
Un equipo de periodistas especializados en periodismo e información ambiental de la Agencia EFE www.efeverde.com y www.efefuturo.com

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