DOÑANA AGUA

Condenados a dos años y 8 meses cárcel por extracción ilegal agua en Doñana

doñana agua pozo ilegal Condenados a multa y 2,8 años cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana. FE/José Manuel Vidal

El Juzgado de lo Penal 2 de Huelva ha condenado a un padre y su hijo, concesionario de terrenos agrícolas en Almonte y administrador de la empresa que los explota, respectivamente, a dos años y ocho meses de cárcel por extraer ilegalmente agua subterránea del acuífero que surte a Doñana.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera a estas personas, contra las que se celebró juicio el pasado 6 de julio, responsables de un delito contra el Medio Ambiente, concurriendo en todos circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

Por ello, además de la pena de prisión les impone el pago de una multa de 2.400 euros e inhabilitación especial durante un año para el ejercicio de la profesión u oficio de administrador o gerente de empresa relacionadas con el sector agrario.

Asimismo, condena a la empresa, en su calidad de persona jurídica, al abono de otra multa de 3.650 euros.

Los acusados y la mercantil condenados deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por importe 19.796,72.

Los hechos

Los hechos punibles considerados probados se centran en las extracciones de agua subterránea realizadas por la explotación Hidrofrutas en una parcela de 20 hectáreas, propiedad del Ayuntamiento de Almonte.

La explotación, que posee uno de los acusados, en régimen de canon mediante contrato de concesión administrativa, que a su vez ha cedido la misma en arrendamiento a su hijo y, por ende, a la empresa que él administra.

De conformidad con la inspección practicada por la fuerza pública, la explotación dispone de cinco pozos activos y una balsa de acumulación de agua para regadío en funcionamiento.

La empresa ha estado utilizado agua subterránea del Acuífero 27 para la explotación de frutos rojos, sin que conste autorización alguna por parte de la CHG que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras, es decir, del Ayuntamiento, ni del concesionario, ni de la empresa que la explota entre los años 2012 y 2014.

De ahí que se haya producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho período y esa detracción implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar.

Esta forma de actuar incumple la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad).

El juez ha decretado la suspensión por dos años de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas, condicionada a no delinquir durante el período de suspensión y abonar el importe de la indemnización establecida en plazo de seis meses desde la firmeza de la presente. EFEverde

 

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