LOBO IBÉRICO

Las comunidades del noroeste rechazan la protección especial del lobo

Imagen de archivo de un ejemplar de lobo ibérico. EFE

La decisión de incluir el Lobo Ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), que abre el camino para la prohibición de su caza para el control y regulación de la especie, ha sido adoptada sin consenso ni diálogo, según las autonomías donde habita el 95 por ciento de los ejemplares en España: Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia.

Esta cuatro comunidades, a través de una nota informativa conjunta, han expresado su malestar por esta resolución adoptada en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a instancias de una organización ecologista (ASCEL) y después de una segunda votación que ha decidido el voto de calidad del representante del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, han votado en contra País Vasco, Madrid, Andalucía y Murcia, mientras que Navarra y Comunidad Valenciana han renunciado al alegar la necesidad de un mayor consenso, y la ciudad autónoma de Ceuta no ha podido ejercer su derecho por problemas técnicos.

Denuncian falta de consenso

“Por vez primera en la larga historia del funcionamiento de esta comisión y del comité técnico y de los grupos de trabajo dependientes de la misma, un ministerio lleva la propuesta de inclusión de una especie en el Listado de Protección Especial o el Catálogo de Especies Amenazadas sin haber logrado un consenso, especialmente de aquellas comunidades que albergan de forma mayoritaria la población de una especie”, señala la nota.

Durante la reunión, añade el comunicado de las cuatro autonomías firmantes, “ni el Ministerio ni ninguna de las comunidades autónomas que han apoyado la propuesta ministerial han presentado documentos que avalen su postura o contradigan los informes técnicos que Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia han enviado” a todos los representantes.

Lo servicios jurídicos de esos cuatro territorios autonómicos “analizarán las circunstancias que han rodeado la sesión de la comisión estatal” así como el propio acuerdo adoptado, y promoverán los recursos a su alcance “para impedir una decisión que no tiene ningún fundamento técnico ni científico”.

De llevarse a cabo, podría vulnerar las competencias exclusivas en materia de gestión de especies y, especialmente, de gestión cinegética de las comunidades autónomas, “cuando la propia normativa comunitaria (UE) permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas directamente con normas cinegéticas, o contemplando esa posibilidad”, según el texto.

Por último, las comunidades que alojan al 95 por ciento de los lobos españoles recuerdan que esta prohibición supondrá un “gravísimo problema” para la gestión de la propia especie y su incompatibilidad con la ganadería extensiva, “una actividad económica clave para nuestros territorios rurales, generar alimentos de calidad y luchar contra el despoblamiento”.

Piden la dimisión de Ribera y Morán

En la misma línea, con idénticos argumentos, la organización agraria COAG-Castilla y León ha solicitado la dimisión de la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha recordado que son los ganaderos, y no el Lobo Ibérico, quienes corren “peligro de extinción”, al considerar que la máxima protección sobre el Lobo Ibérico “dejará sin alternativas a la ganadería autóctona, extensiva y ecológica”, que en su opinión “pagará los platos rotos de esta medida”.

Para UPA, el Lobo Ibérico en España no sólo “no se encuentra en peligro de extinción por más que se empeñen algunos”, sino que la especie “se ha expandido de forma importante en los últimos años causando daños importantes a la ganadería extensiva”, sobre todo en Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, Madrid, La Rioja y País Vasco.

Finalmente, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha rechazado una resolución que a su juicio responde más a una cuestión ideológica que a un planteamiento científico, una opinión que también comparte el partido Cs de esta comunidad autónoma, que la ha calificado de “falso ecologismo”. EFEverde




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