UE CLIMA

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara inadmisible una demanda popular contra la UE por el clima

Recurso de archivo. EFE/Dean Lewins

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves inadmisible el llamado “caso popular del clima” planteado por familias de Europa, Kenia y las Islas Fiyi, y una asociación de jóvenes sami de Suecia contra la Unión Europea (UE) por su “falta de acción” para proteger a los ciudadanos del cambio climático.

En una audiencia pública, la corte con sede en Luxemburgo confirmó así el dictamen emitido en primera instancia en 2019 y declaró inadmisible de manera definitiva esta demanda.

El TJUE dictaminó básicamente que el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea de 2018 contra el cambio climático, contra el que encaminaban su acción los demandantes por considerarlo insuficiente, no les afecta individualmente.

En 2018, diez familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Kenia y Fiji, que operan en el sector de la agricultura o del turismo, y la asociación de jóvenes sami de Suecia, cuyos medios de vida dicen que se ven afectados por los impactos del cambio climático, llevaron a la UE a los tribunales por su falta de acción climática para proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales.

Demanda popular

Los demandantes pedían a la UE que adoptase medidas más severas que las previstas en un paquete de medidas legislativas de 2018 en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En particular, solicitaban la anulación de este paquete de medidas legislativas en cuanto fija un objetivo del 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en relación con el nivel de 1990 y, en lugar de una indemnización dineraria por sus supuestas pérdidas individuales, solicitaban que se ordenase al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo la adopción de medidas que impongan una reducción comprendida, como mínimo, entre el 50 % y el 60 %.

En 2019, el tribunal de primera instancia -Tribunal General de la Unión Europea- reconoció que las familias y los jóvenes sami que presentaron el caso se ven afectados por el cambio climático.

Sin embargo, ordenó la desestimación del caso por motivos procesales porque una persona debe verse afectada de forma exclusiva por una legislación de la UE para poder solicitar protección legal en los tribunales de la Unión.

Las familias y los jóvenes indígenas interpusieron recurso al TJUE en base “a la razón de ser de los derechos fundamentales, que es el deber de protección de cada persona”.

Por lo tanto, solicitaron a la justicia europea que reconsiderara su interpretación del criterio de “singularidad/peculiaridad” en consonancia con la emergencia climática y que proporcionara acceso a la justicia a las personas afectadas por el cambio climático.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General y confirma de este modo la inadmisibilidad del recurso de manera definitiva.

El Tribunal de Justicia destaca, en particular, que la alegación de que un acto de la Unión Europea vulnera derechos fundamentales no es suficiente, por sí misma, para hacer admisible el recurso de un particular, so pena de vaciar de su esencia los requisitos de admisibilidad establecidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Recuerda, además, que el juez de la Unión no puede, sin excederse en sus competencias, interpretar estos requisitos de una manera tal que se aleje de lo que prevé expresamente el TFUE, y ello incluso a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Califican la sentencia del TJUE de “devastadora”

La abogada Roda Verheyen, representantes de los demandantes del llamado “caso popular del clima”, calificó de “devastadora” la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En una rueda de prensa telemática, la abogada Verheyen subrayó que “lo que el Tribunal ha hecho hoy es basarse en una jurisprudencia muy antigua”, y ha negado a los demandantes “la posibilidad de interpretar el tratado en consonancia con los derechos actuales de los ciudadanos europeos”.

Verheyen señaló que la sentencia “es totalmente poco convincente” y que demuestra el “miedo” a la acción de los ciudadanos, a lo que añadió que conceder el acceso a la justicia a las personas “no habría perjudicado a la UE, sino que la habría hecho más fuerte”.

La coordinadora de políticas de gobernanza climática de la Red de Acción por el Clima en Europa, Harriet Mackaill-Hill, afirmó que “hoy ha sido un día triste” y están “muy decepcionados con la decisión”.

Sin embargo, Mackaill-Hill recalcó que durante todo el proceso han conseguido que las voces de los demandantes fueran escuchadas por los responsables de la toma de decisiones de la UE.

Además, propuso que la Unión tiene que presentar una legislación más ambiciosa, porque la próxima década “es la más importante” para poder conseguir “la neutralidad climática”.

Mackaill-Hill argumentó que si no se toman medidas climáticas durante los próximos 10 años cada vez más personas empezarán a sufrir impactos como la sequía, los incendios forestales y el aumento del nivel del mar.

“Me da mucha rabia y frustración que la UE no se tome en serio este problema y lo aborde como una emergencia, porque es una emergencia para los pueblos indígenas de Europa”, dijo Sanna Vannar, representante de la organización juvenil indígena Sami.

Por su parte, Maike y Michael Recktenwald, demandantes alemanes del caso, afirmaron que el movimiento climático seguirá creciendo, fortaleciéndose y exigiendo justicia a medida que más y más personas se vean afectadas por la crisis climática. EFEverde

 




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