Canarias lleva al TC la Ley de Costas

Canarias lleva al TC la Ley de Costas

El Gobierno de Canarias ha recurrido la nueva la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias en materias como el urbanismo, los puertos o el medio ambiente e infringe la propia Carta Magna al excluir del dominio p煤blico a salinas y dunas.

El consejero de Obras P煤blicas y Pol铆tica Territorial, Domingo Berriel (CC), ha puesto hoy en conocimiento de sus compa帽eros de Consejo de Gobierno el contenido del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas 2/2013 que han interpuesto los servicios jur铆dicos de la comunidad aut贸noma. El Gobierno de Canarias sostiene que la reforma de la ley impulsada por el PP vulnera competencias auton贸micas, infringe la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en materia de playas y puertos e introduce una “desigualdad de trato” entre ciudadanos. Adem谩s, entiende que vulnera la autonom铆a local y de los principios de igualdad, seguridad jur铆dica, interdicci贸n de la arbitrariedad de los poderes p煤blicos y de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales.

El Gobierno regional denuncia que se invaden sus competencias sobe ordenaci贸n del uso de las playas y regulaci贸n de las zonas de servicios portuarios, aspectos sobre los que el propio Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias anteriores. “Del mismo modo, se desconocen las competencias auton贸micas cuando somete a la aprobaci贸n estatal los planes que hayan de elaborar las comunidades aut贸nomas en relaci贸n con los bienes del dominio p煤blico mar铆timo terrestre que tengan adscritos”, a帽ade. En cuanto al urbanismo, Canarias considera una intromisi贸n en sus competencias que se atribuya al Estado determinar las caracter铆sticas con las que debe contar un suelo para considerarlo urbano, a los efectos de reducir la servidumbre de protecci贸n de 100 a 20 metros de ciertos n煤cleos o 谩reas de poblaci贸n. Dominio P煤blico La comunidad aut贸noma defiende, asimismo, que la nueva ley vulnera la definici贸n que la Constituci贸n hace del dominio p煤blico mar铆timo terrestre (art铆culo 132.2) al excluir de 茅l las zonas inundadas artificialmente (salinas y cultivos marinos) y “una parte significativa de las dunas, que ya s贸lo ser谩n de dominio p煤blico en la parte que sean necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. El Gobierno canario recalca que la Constituci贸n dispone que son dominio p煤blico la zona mar铆timo terrestre y las playas, “sin excepci贸n”, y que las salvedades que ahora se introducen “violentan el deber de los poderes p煤blicos de preservar el medio ambiente” (art铆culo 45)” y hacen posible “la privatizaci贸n de la costa”.




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