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Gobierno brasileño asegura que indígenas no serán desplazados para la minería

Miembros de etnia Kayapos por la invasión de sus tierras por la minería ilegal. EFE/ Ernesto Carriço

El Gobierno brasileño aseguró este miércoles que los indígenas de la Amazonía no serán desplazados para facilitar las actividades económicas, principalmente la minería, aunque advirtió que la explotación de esas tierras será una decisión que le corresponderá al Congreso.

“No pretendemos retirar a los indígenas. Por el contrario, la Constitución prevé resguardarlos y protegerlos de las actividades ilegales”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque en una teleconferencia con corresponsales extranjeros.

De acuerdo con Albuquerque, “el bien que existe en el subsuelo es del Estado, pero está escrito en la Constitución que la comunidad indígena deberá ser, sí, consultada, aunque será el Congreso el que determinará si hay actividad o no”.

“El proyecto no cambia nada de los derechos (de los indígenas) ni de las atribuciones del Congreso, solo reglamenta cómo va a ser realizada”, completó.

Según el ministro, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Congreso merece “un amplio debate para adecuar las normas y la legislación que reglamente esas actividades económicas con sostenibilidad, teniendo en cuenta que somos un país de amplia biodiversidad y energía de fuentes limpias”.

El ministro recordó que la actividad minera ocupa solo el 0,6 % del territorio brasileño, un total del que la Amazonía representa el 60 % con sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados, y supone el 2,46 % del Producto Interior Bruto (PIB) y el 14,8 % de las exportaciones.

El 14 % del territorio brasileño son tierras indígenas, precisamente donde están concentradas las mayores reservas mundiales de niobio (90 %), bastante usado para la fabricación de baterías, y de otros minerales preciosos como oro y diamantes, lo que atrae la minería ilegal en la vasta región.

Una promesa de campaña

Desde que era diputado y después como candidato presidencial, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, ha defendido la explotación minera en la Amazonía, una postura que asociada a su política antiambientalista ha sido fuertemente cuestionada por activistas y la comunidad internacional.

La explotación minera, apuntó Albuquerque, “está amparada en la Constitución y tenemos un millón de indígenas en diversas condiciones, la mayoría precarias, por eso nada mejor que tener reglas que permitan una actividad legal para tener el control y que se preserven los preceptos”.

Albuquerque descartó que la promulgación de esa ley, que tramita en el Congreso, pueda atentar con las relaciones internacionales de Brasil, principalmente obstruyendo el acuerdo suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), del que el gigante suramericano forma parte.

“Tenemos un diálogo de transparencia con 27 países, principalmente europeos, y con líderes indígenas. Las inversiones continúan porque hay seguridad jurídica”, subrayó el ministro, quien también es almirante de la Marina brasileña.

El ministro reconoció que con la subida del precio de los metales “la tendencia es de aumento también de la actividad legal e ilegal por la demanda del oro”.

Privatizaciones

Por otro lado, Albuquerque reiteró la posición del Gobierno de privatizar varias empresas estatales, entre ellas Eletrobras, a la que calificó como “muy importante” para el país, por su participación del 30 % en la generación energética y del 45 % en la transmisión.

No obstante, el ministro citó que la estatal requiere inversiones por 14.000 millones de reales (unos 2.532 millones de dólares) “y no tiene esas condiciones”, pues la empresa solo puede alcanzar “a 3.600 millones de reales (unos 651,5 millones de dólares) por año. El Estado tendría que asumir el resto y eso no es posible”.

Sin las inversiones necesarias, apuntó, la participación caería en los próximos años para el 23 % de la generación y el 30 % de la transmisión.

Pandemia

Durante la pandemia por el nuevo coronavirus, destacó Albuquerque, el Gobierno veló “por la seguridad energética y consiguió preservar diez millones de familias de baja renta con un subsidio por tres meses y continúa con tarifas bajas”.

“La caída de la demanda de energía del 13 % en abril (respecto a a igual período de 2019) se revirtió en agosto para un aumento del 0,2 % en comparación con el mismo mes del año pasado y logramos atenuar el impacto del reajuste de precios del 12 % para el 3 %”, puntualizó. EFE




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