BIODIVERSIDAD ONU

300 millones de personas podrían verse desplazadas por tratado de biodiversidad

Imagen de archivo de una manifestación indígena en Colombia. EFE/MAURICIO DUEÑAS/ARCHIVO

Más de 300 millones de personas se podrían ver desplazadas de sus tierras por el plan de Naciones Unidas para la protección del 30 % del planeta, que podría generar “graves violaciones” de derechos humanos y causar un “daño social irreversible”, denuncian 128 ONG y expertos en una carta a la Secretaría de Biodiversidad de la ONU.

En la misiva, los firmantes de todo el mundo señalan que si bien es necesario incrementar la ambición de los compromisos para afrontar la emergencia climática y proteger la biodiversidad, consideran la meta 30×30 “contraproducente”, porque podría despojar de sus tierras y poner en riesgo la supervivencia de los “más desfavorecidos y menos responsables de estas crisis”.

Protección del 30 % del planeta para 2030

El comunicado remitido por Survival International, organización dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, explica que la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas tiene previsto aprobar en mayo de 2021 un nuevo objetivo para lograr la protección del 30 % de la superficie terrestre para 2030.

El fundador de Survival International, Stephen Corry, ha señalado “no nos dejemos engañar por el bombo de las ONG de conservación y sus financiadores gubernamentales y de la ONU. Esto no tiene nada que ver con el cambio climático, la protección de la biodiversidad o evitar las pandemias, de hecho es probable que contribuya a su empeoramiento”.

Ha subrayado, “más bien se trata de una cuestión económica, de control de la tierra y de los recursos, y un ataque total a la diversidad humana”.

Las organizacones señalan que la meta “30×30” supondrá “duplicar” la actual superficie terrestre protegida en la próxima década. Sin embargo, alertan del “coste humano de la propuesta”.

Aumento de la militarización de ciertas zonas 

Y manifiestan su preocupación por la eficacia de la misma como medida medioambiental, ante el “aumento de la militarización”, como en la cuenca del Congo en Africa y el sur de Asia en los últimos años.

La meta se ha planteado “sin llevar a cabo una evaluación previa” del impacto social y de la eficacia de la anterior meta de proteger el 17 % de áreas terrestres adoptada por la CDB en 2010.

Según las 128 ong y expertos medioambientales y de derechos humanos, las áreas protegidas han provocado el desplazamiento y expulsión de pueblos indígenas y comunidades locales que dependen de sus tierras y la nueva política podría afectar a 300 millones de personas en el mundo, según estudios independientes.

Borrador Marco de Diversidad Biológica

Asimismo, han ocasionado serias “violaciones de los derechos humanos por parte de las organizaciones conservacionistas” y otros organismos encargados de la aplicación de las regulaciones sobre el terreno.

Apuntan que en el borrador preliminar del Marco Mundial de la Diversidad Biológica (MMDB), “no prevé” ninguna garantía eficaz para proteger las tierras, los derechos y los medios de vida de los Pueblos Indígenas y otras comunidades que dependen de sus tierras en el marco de los programas de conservación.

Esto constituye “una violación de la normativa de la ONU y del derecho internacional”, aseguran.

Además, señalan, la propuesta no tiene en cuenta las conclusiones de la Evaluación Global IPBES 2019 que indican que las áreas protegidas existentes “aún no se gestionan de forma eficaz o equitativa” y hacen hincapié en la necesidad de proteger las tierras indígenas.

Por ello, proponen que el MMDB debe reconocer y proteger los sistemas consuetudinarios de tenencia de la tierra para la aplicación de los nuevos criterios de conservación, medidas que deben cumplir con los acuerdos internacionales.

Mecanismos de evaluación

Asimismo, crear un adoptar un plan de aplicación de las medidas con la creación de un mencanismo de evalucación, y llevar a cabo una evaluación independiente de efectividad e impacto social de las áreas protegidas existentes como guía para el establecimiento de nuevas normas.

Elaborar un estudio que demuestre que las tierras de pueblos indígenas y otras comunidades cumplen con los criterios de conservación.

Por último, dar una justificación científica para la meta del 30 por ciento. EFEverde

 




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