LOBO IBÉRICO

Arranz (Castilla y León) advierte que prohibir la caza del lobo aumenta la polarización

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Valladolid, 12 feb (EFE).- Castilla y León, una de las comunidades que ha mostrado su rechazo a la prohibición de la caza del lobo, argumenta que de llevarse a cabo se aumentará aún más la “conflictividad” entre los que están a favor de incluirlo en el listado de protección especial y los que abogan por utilizar la actividad cinegética para gestionar su población.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se ha mostrado contrario a la prohibición de la caza del lobo, pues dice que supondría un margen más estrecho para la administración autonómica a la hora de gestionar la coexistencia del cánido y de un medio rural donde impera la ganadería extensiva.

“Se está limitando esa capacidad de gestión que tenemos las administraciones públicas, curiosamente con el voto favorable de las que no tienen lobo”, critica Arranz, quien cree que el voto de las comunidades con presencia de este animal debería tener más peso a la hora de decidir si se prohíbe o no su caza.

Más del 95 por ciento de los lobos en España

La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural acordó incluirle en el listado de protección especial con el voto a favor del Ministerio de Transición Ecológica y ocho comunidades, frente al rechazo de otras como Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, donde se encuentran más del 95 por ciento de los lobos en España.

Por ello, el director general de Patrimonio Natural ha invitado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que “reflexione” y ha pedido que se tenga más en cuenta a la hora de tomar la decisión final la posición defendida por los principales gestores del lobo.

De no ser así, ha advertido de que el Gobierno de Castilla y León iniciará los recursos legales pertinentes con argumentos “de fondo y de forma” para tumbar la prohibición, aunque reitera que intentarán convencer a la ministra en la reunión que mantendrá este lunes con los consejeros de Medio Ambiente de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.

El principal problema que advierte Arranz -uno de los firmantes de la actual estrategia de gestión del lobo- en la prohibición de su caza es el modo de garantizar su coexistencia con la ganadería, donde la actividad cinegética “da mucha más flexibilidad” frente a los controles poblacionales extraordinarios, que explica que provocan recursos en los tribunales que acaban dificultando la gestión.

En este sentido, pone como ejemplo la situación actual de Castilla y León, donde ya está prohibida la caza al sur del Duero, zona en la que “el 20 por ciento de la población genera el 80 por ciento de los daños”.

Ha lamentado que no se tenga en cuenta que en Portugal, donde el lobo está protegido, no se dé el estado de conservación que hay en las zonas de España donde se permite su caza, y ha esgrimido que el informe en el que se basa la prohibición concreta que “el lobo está en un estado de conservación favorable”.

Ante los argumentos de las organizaciones animalistas que aluden al papel etnográfico del lobo y su valor patrimonial en la región, ha defendido que es compatible valorarlo y permitir su caza como ya sucede al norte del Duero, poniendo como ejemplo en Centro de Interpretación del Lobo en la Sierra de la Culebra.

Orgullosos de tener lobos

“Estamos orgullosos de tener lobos. Queremos tener lobos. Hemos conseguido que la población del lobo se establezca y se expanda y que esté colonizando nuevos territorios. Pero lo tenemos que hacer también preservando otro de los grandes valores que tiene esta tierra, que es la ganadería extensiva”, ha defendido.

De lo contrario, ha avisado que se estaría “poniendo en riesgo esas comarcas que tienen muy pocas posibilidades de desarrollo al margen de explotar sus recursos naturales”.

Ante el argumento a favor de la prohibición que defiende que el lobo se puede autorregular y controlar su propia población, Arranz ha aceptado que sería así en un ecosistema sin ganadería, pero ha evidenciado que en la práctica sí existen las explotaciones y por tanto se incrementarían los ataques al ganado, que el año pasado fueron 2.578 y afectaron a 3.685 cabezas de ganado.

“Queremos que la gente perciba al lobo como algo necesario para nuestro ecosistema, como algo positivo. Pero queremos tener simplemente un margen para gestionarlo, para conservarlo adecuadamente”, ha resumido el director de Patrimonio Natural de una comunidad que, según el último censo, cuenta con 179 manadas y 1.600 ejemplares. EFE

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