Ambos activistas visitaron la capital española en una gira por España y Bruselas que se extenderá hasta el 13 de mayo para explicar el impacto de la importación europea de soja.
«En la Unión Europea hay un discurso sobre desarrollar leyes para separar la soja que procede de campos no deforestados de los que sí lo son”, asegura Campos, periodista y miembro de la ONG Repórter Brasil, en una entrevista con EFE en Madrid.
Campos apunta que, en la realidad, estas leyes no cumplen con su cometido porque «los sistemas de monitoreo de las empresas y entes públicos no dan cuenta del origen real de los productos que se importan a los distintos países».
«Hay muchos fallos en los sistemas de monitoreo de las empresas importadoras que se dicen comprometidas con la agenda de desforestación cero», agrega el activista al tiempo que denuncia casos de falsedad documental por parte de los «hacenderos» que se registran como productores de soja libre de desforestación.
Al respecto y, como representante de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de base católica, Pereira cuestiona la «seriedad y transparencia» de estos sistemas de control, en la medida en que «las empresas que los hacen son las mismas que se benefician de la desforestación y desatan la violencia contra los pueblos indígenas».
Una legislación europea con lagunas
El pasado 17 de noviembre, la Comisión Europea propuso un Reglamento para minimizar la desforestación y la degradación forestal provocadas por la Unión Europea (UE) con objeto de «promover el consumo de productos libres de desforestación y reducir el impacto de la UE en la desforestación global y la degradación forestal».
Para Pereira, aunque esta noticia constituye un hito por ser «la primera vez que se intenta algo así», se trata de una «falsa solución a las cuestiones medioambientales» ya que contiene «grandes limitaciones» como la falta de protección de ecosistemas como el Pantanal o el Cerrado, ubicados principalmente, en los estados de Mato Grosso del Sur y Mato Grosso.
«Brasil no es solo la Amazonía, sino también otros ecosistemas altamente deforestados donde sigue en expansión la plantación de la soja», añade la activista.
Otra de las lagunas apuntadas por la brasileña en el Reglamento es la falta de integración de los pueblos y comunidades residentes en estas zonas, no solo por su importancia a nivel cultural, sino también porque «son los que verdaderamente protegen a estos ecosistemas».
«Queremos poner encima de la mesa la necesidad de considerar a estas personas, su autonomía y sus derechos territoriales. No se puede hablar de medioambiente y de protección medioambiental sin tener en cuenta a estos pueblos y comunidades», insiste Pereira.
Agrotóxicos, un enemigo para la población
La activista, detalla que, tras una primera ronda de análisis del agua de los ríos y pozos del Cerrado, la segunda región ecológica más grande de América del Sur y la sabana más biodiversa de la Tierra, detectaron la presencia de cinco compuestos tóxicos que, también, llegan a los cultivos y productos consumidos por los residentes cercanos a los cultivos de soja.
«Hay mujeres que ya no pueden tener sus propios cultivos de maíz, calabaza o judías porque sus tierras están quemadas por los agrotóxicos que se usan en la soja y que llegan por la vía aérea», lamenta Pereira.
En ese sentido, la brasileña denuncia que «desde 2019, el lobby de empresas como Bayer, que tienen mucha influencia en el Gobierno, han motivado la aprobación de más de 500 productos tóxicos» y señala la existencia de «fuertes campañas publicitarias, como la de Agrotech, que son financiadas por las mismas empresas que están matando a poblaciones no solo del campo, sino de las ciudades».
Por su parte, Campos agrega que los propios trabajadores que aplican los agrotóxicos «enfermedades como el cáncer que no suelen dar la cara hasta años después».
«La industria se beneficia de que es muy difícil demostrar, después de tanto tiempo, una conexión entre los agrotóxicos y los problemas de salud», sentencia Campos. EFEverde
