ESPAÑA ECOCIDIOS

Abogado del caso Chevron: hay gobiernos sometidos a empresas contaminantes

Contaminación causada por Texaco-Chevron en la Amazonía ecuatoriana. EFE/Guillermo Legaria/ARCHIVO

El activista y abogado ecuatoriano del caso Chevron Pablo Fajardo denunció hoy que “los Estados no tienen la fuerza necesaria para enfrentarse a las multinacionales contaminantes y hay gobiernos que se someten a ellas”, durante unas jornadas sobre ecocidio celebradas en Madrid.

Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (UDAPT), lleva veintisiete años acudiendo a la justicia para reparar “un daño ambiental social y cultural” causado por la multinacional Texaco-Chevron en la selva amazónica ecuatoriana.

Contaminación en la Amazonía 

Un tribunal de Lago Agrio (Ecuador) sentenció en 2011 a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por daños medioambientales que Texaco, una petrolera que adquirió en 2001, provocó supuestamente en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990, condena que la corporación recurrió en Estados Unidos.

La multinacional estadounidense alegó que la sentencia fue obtenida “a través de fraude, sobornos y corrupción”, rechazó la legitimidad de la corte ecuatoriana y recurrió al tribunal arbitral de La Haya, quien se pronunció en 2018 a su favor.

Ecuador apeló esa sentencia y en septiembre pasado la Corte Distrital de La Haya rechazó el pedido de anulación planteado por el país andino.

Quien contamina paga, si la empresa causa un daño y lo deja en plena selva, son ellos quienes tienen que responder por ese crimen”, dijo el activista, quien achacó su lucha a la “falta de mecanismos para que quienes cometen crímenes como estos tengan que repararlos”.

Resaltó que las multinacionales “no quieren responder y los países de origen hacen lo posible para protegerlas”, propiciando que esos daños “queden en la impunidad” y sea la propia población o el Estado quien repare esos daños.

Criminalizar a la víctima 

Al respecto, destacó que “las poblaciones que luchan por el acceso a la justicia son criminalizadas“.

“Todas las instancias de la justicia ecuatoriana encuentran a Chevron culpable y la condenaron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares, pero, lejos de cumplir con esta obligación legal, lo que hizo la multinacional fue salir del país y sacar todos sus bienes de Ecuador”, detalló.

Añadió que Chevron demandó al Estado ecuatoriano “ante el sistema de arbitraje internacional” para tratar de decir que fue el causante de esos daños en la Amazonia.

Ecocidio y la Corte Penal Internacional

El ingeniero ecuatoriano Fausto Peñafiel muestra tierra contaminada con petróleo extraída a un metro de profundidad en un sitio donde operaba Texaco-Chevron en la Amazonía. EFE/Guillermo Legaria/ARCHIVO

 

Fajardo indicó que se ha recurrido a la Corte Penal Internacional, además de a otras instancias en Estados Unidos, Canadá, Brasil o Argentina, pero todavía no han encontrado “la forma de homologar nuestra sentencia”.

Señaló que Chevron demanda al Estado ecuatoriano que pague las costas judiciales, lo que supone que “la victima pague al criminal”.

Por su parte, la multinacional Chevron ha explicado en un comunicado que la Corte Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó en 2014  que “Fajardo  y sus cómplices obtuvieron la sentencia ecuatoriana contra Chevron por medio de fraude, soborno y extorsión”. Esta decisión “fue confirmada por unanimidad” por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en 2016 y la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisarla.

Por otra parte, según la multinacional petrolera, un tribunal internacional en La Haya también “determinó el 30 de agosto, 2018, que la sentencia ecuatoriana contra Chevron fue producto del fraude y de la corrupción de Fajardo y
sus cómplices, dictaminando que la sentencia viola el derecho internacional y no puede ser ejecutada”.

El tribunal de La Haya también concluyó, según Chevron, que Texaco Petroleum Company (Texpet), subsidiaria de Chevron desde el 2001, “cumplió exitosamente sus obligaciones ambientales en la región amazónica de Ecuador”. Por lo que “cualquier daño existente hoy en la zona es de exclusiva responsabilidad de la empresa estatal
Petroecuador y del Estado ecuatoriano”.

Además, según la multinacional, la sentencia ha sido rechazada “rotundamente en tribunales de Argentina, Brasil y Canadá”, donde “Fajardo y su equipo han tratado de ejecutarla”.

En este largo conflicto, el Estado ecuatoriano notificó en diciembre de 2020 que apelará la sentencia de La Haya dictada en septiembre de ese mismo año, según informó la Procuraduría General del Estado en un comunicado.

En el Congreso de los Diputados español

Fajardo participó en un foro parlamentario en el que también intervinieron la diputada española de Más País–Verdes Equo Inés Sabanés; la directora en España de la campaña Stop Ecocidio, Maite Mompó; el abogado chileno de la Fundación Baltasar Garzón Rodrigo Lledó y la catedrática en Derecho Ambiental Teresa Vicente.

Sabanés opinó que el Gobierno español debe posicionarse “clara y rotundamente” sobre el ecocidio y añadió que la “destrucción sistemática con total libertad” que sufren los ecosistemas a lo largo de todo el planeta “no debe ni puede salir gratis”.

Es “vital” custodiar y preservar los bienes naturales de los gobiernos y empresas que “puedan arrasar con ellos”, opinó Sabanés, quien lamentó que hasta ahora las fuerzas “son asimétricas” y no existen herramientas que permitan proteger el planeta.

Alianza Internacional por el Ecocidio

Indígenas amazónicos durante una protesta en contra de la empresa petrolera Chevron – Texaco en Quito. EFE

Ante esta situación, su grupo parlamentario, que forma parte de la Alianza Internacional por el Ecocidio, pretende que la destrucción de los ecosistemas sea considerado un delito a nivel internacional, reconociéndolo como figura jurídica y acabando con la impunidad de quienes cometen acciones que destruyen la naturaleza.

“Es una obligación moral, legal, ética y ciudadana garantizar esa protección”, sentenció.

En esta línea, Mompó pidió al Gobierno español que se comprometa a “liderar la creación del crimen de ecocidio” en la Corte Penal Internacional, lo que supondrá “un giro a las relaciones humanas con respecto al resto de especies” necesario para proteger la biodiversidad en “un momento crucial de la historia para la humanidad”.

La primera vez que se habló de ecocidio, puntualizó, fue en la Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972 en referencia a la catástrofe ambiental por el empleo del agente naranja por parte de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.

Sin embargo, a diferencia los crímenes de guerra o contra la humanidad, Mompó recalcó que entonces no se incidió en la protección de la naturaleza “porque iba en contra de los intereses de grandes industrias contaminantes”.

“La naturaleza no es un objeto o algo que se pueda privatizar”, aseguró por su parte Teresa Vicente y, para evitarlo, propuso “reconocer como sujeto jurídico a los ecosistemas, que son la unidad básica de la naturaleza”.

Por su parte, Lledó, uno de los expertos que integran un panel internacional dirigido a alcanzar una definición de ecocidio, pidió al Gobierno español que “se sume y lidere internacionalmente este progreso” y que encabece la vía, “junto con Francia, Bélgica, Maldivas o Vanuatu”, para lograr que se tipifique este delito. EFEverde

 

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