Terraqui

Este informe es resultado de una auditoría sobre una iniciativa que llevó a cabo en junio de 2018 la Comisión para proteger a los polinizadores silvestres, así como una revisión de la normativa que indirectamente les afecta. Con ello se quiere contribuir a las actualizaciones legislativas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y plaguicidas previstas en el período 2021-2022.

El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU) plantea actualizar el programa de prevención de residuos de 2013, cuyo objetivo principal consiste en desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos para proteger a las personas, el medio ambiente y los recursos.

El proyecto de Ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a introducir, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. También establece objetivos y medidas para la planificación y gestión territorial, la urbanística, las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte. Con ello se persigue su adaptación a los efectos del cambio climático.

De la relación de las 178 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2019, según la memoria publicada el pasado miércoles, 9 tratan sobre asuntos de orden ambiental, concretamente, en materia de protección ambiental, fiscalidad, medio natural, evaluación de impacto y cambio climático.

(*) Laia Soriano-Montagut Jené / Terraqui.- El metabolismo urbano, entendido como los flujos de energía y los ciclos de materia que circulan y alimentan a las ciudades y territorios donde estas se asientan, se ve específicamente afectado por los efectos del cambio climático, que ocasionan impactos en múltiples áreas, servicios y sectores. La planificación y gestión por parte de las administraciones públicas debe aportar soluciones que minimicen los riesgos, actuando sobre la exposición y la vulnerabilidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la “Guía técnica para la clasificación de los residuos”, que pretende proporcionar a todos los actores implicados en la producción y gestión de los residuos (administraciones, productores y gestores de residuos y ciudadanos en general) unas directrices básicas para clasificar un residuo según la normativa vigente.

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la revisión del reglamento de traslado de residuos. Dicha consulta estará abierta hasta el 30 de julio y responde a una de las medidas del Plan de Acción sobre la Economía Circular

La integración del cambio climático en la planificación urbana: desarrollo urbano compacto, asentamientos adecuados y resilientes, infraestructura verde, transporte público eficiente y sostenible, eficiencia energética, industria verde, redes y alianzas urbanas, nacionales e internacionales.

El pasado 31 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco (en adelante, BOPV) el Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. El reglamento contiene 37 artículos, una disposición adicional, otra derogatoria y una final y entró en vigor el día 1 de abril de 2020.

El Pacto Europeo por el Clima se lanzó el pasado 4 de marzo y la UE quiere conocer el grado de implicación de ciudadanos, empresas y grupos de interés respecto al mismo y maneras de darlo a conocer para que llegue a ser efectivo.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 3 de octubre de 2019, dictada en el asunto C-197/18, interpreta en qué medida ciertas personas físicas y jurídicas pueden invocar la Directiva de nitratos ante los tribunales nacionales y en qué condiciones existe un derecho a exigir a los Estados miembros medidas que garanticen un valor de concentración de nitratos en las aguas subterráneas inferior a 50 mg/l.

El pasado 4 de marzo de 2020 la Comisión Europea presentó el borrador de la Ley Europea del Clima, el cual establece un marco para la reducción irreversible y gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de las extracciones de sumideros naturales o de otro tipo en la Unión.

El gobierno francés publicó el pasado 10 de febrero la Ley contra el despilfarro y de economía circular después de 2 años y medio de elaboración de la norma.

En el asunto C-654/18 la Abogada General del TJUE examina los procedimientos para traslados de residuos aplicables a mezclas de residuos de papel con impurezas.

El PNCCA propone cumplir los compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los periodos comprendidos desde 2020 a 2029, y a partir de 2030. A tal efecto, establece medidas de reducción de los contaminantes en sectores como la industria, el transporte, la agricultura, entre otros, con el fin de alcanzar los objetivos europeos.

La mejora de las prácticas de economía circular en el sector de la construcción es clave para aumentar la reutilización de materiales y el reciclaje de alta calidad.

El Instituto para la Política Ambiental Europea examina el impacto en el comercio internacional de las políticas europeas en materia de economía circular, así como las barreras a los movimientos transfronterizos de residuos.

Entre los objetivos de la norma, destaca el relativo a garantizar la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y de las actividades que se desarrollan en las mismas, en cumplimiento de la legislación aplicable en materia de cambio climático.

El Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.

En el asunto C-752/18 el Tribunal de Justicia de la UE considera que imponer un arresto coercitivo a responsables del Estado federado de Baviera, determinados a incumplir una resolución judicial que les obliga a cumplir con el Derecho de la Unión, solo es posible si existe una base legal para ello en el Derecho nacional que sea suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación y si esta medida coercitiva resulta proporcionada

A finales de noviembre, y acompañando la COP25 que finaliza esta semana en Madrid, han coincidido las publicaciones del Resumen de EIONET de las políticas y medidas nacionales sobre la mitigación del cambio climático en Europa y el Perfil ambiental de España 2018 publicado por el MITECO en el que también se señalan las normativas y estrategias de cambio climático pendientes de aprobar en el estado español.

El propósito de esta consulta es valorar los resultados de la transposición de la Directiva 2008/99/CE a lo largo del periodo 2011-2018 sobre delitos ambientales en todos los países de la UE. Esta consulta se interesa especialmente acerca de los delitos contra la fauna y flora silvestres, los relativos a los residuos y a la contaminación.

En el asunto C-636/18, el Tribunal de Justicia de la UE condena a Francia por no cumplir las obligaciones resultantes de la Directiva 2008/50 relativa a la calidad del aire al no haber adoptado medidas adecuadas y eficaces para que el período durante el que se rebasen los valores límites sea “lo más breve posible”.

El Estado de Nueva York ha padecido varios episodios extremos debidos al cambio climático. En junio de este año, aprobó la “Ley de protección del clima y el liderazgo climático del Estado de Nueva York”, que se trata de mitigar los efectos que conlleva la crisis climática sobre el bienestar económico, la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente, y que puede considerarse una de las más ambiciosas llevadas a cabo a nivel mundial.

Conjuntamente con otros países e instituciones financieras, el pasado 18 de octubre se constituyó la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenible (IPSF), un foro que quiere facilitar intercambios y, cuando corresponda, coordinar los esfuerzos sobre iniciativas y enfoques de finanzas ambientalmente sostenibles, respetando los contextos nacionales y regionales.

La finalidad de la norma es dar una solución a la problemática jurídica, social y ambiental que implican estas edificaciones y sobre todo satisfacer el interés general que representa la preservación del medio ambiente, el paisaje y los recursos naturales afectados por estas edificaciones.

En el asunto C-212/18 el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE analiza la obligación de los Estados miembros de no tratar como residuo a una sustancia que ha dejado de serlo y el alcance de su margen de apreciación para determinar si un residuo ha dejado de serlo.

Se trata de una de las medidas para prevenir la generación de residuos de la Directiva 2018/851, que impone la obligación de los productores de facilitar información en la materia, a la que tendrán acceso los gestores de residuos

La Ley del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia pretende llevar a cabo una protección transversal del patrimonio natural gallego, integrando los requisitos de conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad en las demás políticas sectoriales. También fomenta la información pública y los mecanismos de colaboración, cooperación y participación de la sociedad en la consecución de sus objetivos.

Desde 2018, momento en que se aprobó el Paquete de Economía Circular, Europa se comprometió a desarrollar e implementar normativas y objetivos que durarán, por ahora, hasta el 2040.