Terraqui

España, en ausencia de normativa comunitaria, considera conveniente desarrollar criterios para regular el fin de la condición de residuo de los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos mecánicos de tal forma que se puedan comercializar como producto en todo el territorio del Estado

Después de la presentación del paquete Fit for 55, la Agenda de la Comisión supone grandes desafíos en materia de legislación ambiental para finales de año.

La revisión y adaptación del Plan Territorial Sectorial se adecúa a las nuevas legislaciones sobre el litoral, las Directrices de Ordenación Territorial, la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética y especialmente a la necesidad de abordar el cambio climático, frente a los impactos que se van a producir en caso de no actuar al respecto.

El pasado 20 de julio de 2021, la Asamblea Nacional y el Senado adoptaron el Proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia ante sus efectos. ¿En qué se diferencia esta norma de la recientemente aprobada Ley de cambio climático y transición energética del Estado español?

El pasado 30 de marzo de 2021 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la Ordenanza 4/2021, de 30 de marzo, de Calidad del Aire y Sostenibilidad y se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (en adelante, BOCM) de fecha 16 de abril de 2021.

La ambición de este plan de acción es lograr que la contaminación del aire, el agua y el suelo se reduzcan a niveles que ya no se consideran perjudiciales para la salud y los ecosistemas naturales, respetando los límites que nuestro planeta puede soportar, creando así un entorno libre de tóxicos. Para ello, propone «invertir la pirámide» de acción y replantear la forma en que se diseñan, producen, entregan, realizan y/o utilizan y eliminan los productos. Esto significa que, en primer lugar, hay que prevenir la contaminación en su origen. El principio de prevención está en el corazón de este Plan.

Aloia López Ferro (Terraqui) Resumen de los aspectos clave de la condena a la compañía Royal Dutch Shell a reducir las emisiones de CO2 del grupo Shell en un 45% neto para 2030, en comparación con los niveles de 2019, a través de la política corporativa del grupo Shell.

El pasado 28 de abril de 2021 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección del suelo, por la cual se pone de manifiesto la necesidad de elevar dicha preservación desde un marco europeo común, promoviendo su papel multifuncional (esto es, suministro de alimentos, sumidero de carbono, plataforma para actividades humanas, producción de biomasa, reserva de biodiversidad, prevención de inundaciones y sequías, fuente de materias primas, recursos farmacéuticos y genéticos, ciclo del agua y de los nutrientes, almacenamiento y filtrado, almacenamiento del patrimonio geológico y arqueológico) y su uso sostenible, siguiendo los objetivos del Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y del Pacto Verde Europeo.

El pasado 21 de abril, la Comisión de la UE presentó una nueva propuesta de Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa, como parte de los compromisos del Pacto Verde Europeo. El objetivo de esta propuesta es mejorar la información sobre sostenibilidad con el menor coste posible, a fin de aprovechar mejor el potencial del mercado único europeo para contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e inclusivo, de acuerdo con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

A través de una conferencia organizada por el gobierno francés el pasado 14 de abril, 7 países europeos, entre los que se encuentra España, han hecho una declaración de intenciones que demuestra una voluntad política para incidir, reduciendo, cuando no, acabando, con la financiación pública que se asigna a determinadas actividades que inciden negativamente en el cambio climático.

¿Qué valor asignamos al capital natural? ¿Cómo lo contabilizamos? ¿En qué nos puede ayudar? Naciones Unidas y la UE dan nuevos pasos hacia la contabilidad biofísica para poder ser más objetivos a la hora de llevar a cabo políticas ambientales que tengan presentes los límites y posibilidades del planeta.

Barcelona y Madrid son las ciudades españolas que albergan más macroproyectos de Dark Kitchen o macrococinas urbanas, no exentas de múltiples quejas vecinales derivadas de su incompatibilidad urbanística y del impacto odorífero y acústico que generan, más propio de una actividad industrial que de la restauración al uso. La falta de regulación específica de esta actividad ha conllevado disparidad en su tramitación administrativa y autorización por parte de las administraciones locales afectadas, con las consiguientes disputas entre miembros y órganos de las mismas administraciones y el vecindario afectado.

El pasado 11 de febrero de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló el Plan por no incorporar el estudio económico, una verdadera evaluación ambiental y los informes en materia de género e infancia.

El marco meteorológico se consolidó en la cobertura mediática de 2020. La noticiabilidad de los efectos del cambio climático le siguen otorgando una especial visibilidad. Aunque, sin duda alguna, el año 2020 pasará a la historia como el año del coronavirus. La crisis sanitaria influyó en la pérdida de atención mediática de la crisis climática. El tratamiento informativo de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” en 2020 mostró un descenso considerable con respecto a 2019.

¿Parecidas o diferentes? Las Estrategias de Economía Circular cuentan con similitudes ya que las dos emanan del Plan de Acción Circular de la Unión Europea, pero la idiosincrasia de cada país  establece sus diferencias.

La Directiva 2004/35/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales cuenta ya con más de 15 años de vida. Sin embargo, aunque desde su aprobación se han producido notables progresos en su nivel de aplicación y cumplimiento, continúa existiendo un amplio margen de mejora, como así pone de manifiesto el Proyecto de Informe sobre responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, de noviembre de 2020.

La UE ha dado a conocer su propuesta de VIII Programa de Acción de Medio Ambiente (VIII Programa de ahora en adelante) a través de la propuesta de Decisión COM (2020) 652 final relativa al Programa General de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, que está actualmente en fase de Consulta Pública hasta el 31 de diciembre.

La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 trata de responder, entre otros, a los compromisos del acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. La necesidad de regular esta figura deriva de la previsión existente en el artículo 4.1.b) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Por Alexandra Farbiarz Mas (Terraqui).- El plan de recuperación se presentó el pasado 3 de septiembre se dota de 100 mil millones de euros, de los que 40 mil millones son financiados por la Unión Europea. Se estructura sobre 3 grandes ejes: ecología, competitividad y cohesión.

El Ayuntamiento de Sabiñánigo modifica su plan urbanístico para limitar las nuevas explotaciones productivas o industriales de ganadería porcina, prohibir las instalaciones de guarda de animales, fijar distancia mínima a suelo urbano y no permitir la implantación de explotaciones en zonas LIC, ZEPA y ENP por su reconocido valor ambiental.

Publicado en el DOUE L 249/33, del 31 de julio, el Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías.

Este informe es resultado de una auditoría sobre una iniciativa que llevó a cabo en junio de 2018 la Comisión para proteger a los polinizadores silvestres, así como una revisión de la normativa que indirectamente les afecta. Con ello se quiere contribuir a las actualizaciones legislativas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y plaguicidas previstas en el período 2021-2022.

El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU) plantea actualizar el programa de prevención de residuos de 2013, cuyo objetivo principal consiste en desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos para proteger a las personas, el medio ambiente y los recursos.

La Agencia de Transición Ecológica de Francia ha publicado un informe que señala los beneficios que permite la prevención de residuos alargando la vida útil de determinados productos. También proporciona bases para informar a los consumidores sobre la durabilidad de los productos de la recientemente aprobada Ley contra el despilfarro y de economía circular.

El proyecto de Ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a introducir, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. También establece objetivos y medidas para la planificación y gestión territorial, la urbanística, las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte. Con ello se persigue su adaptación a los efectos del cambio climático.

De la relación de las 865 sentencias dictadas por el TJUE el año pasado, 50 tratan sobre asuntos de temática ambiental según su informe anual de 2019.

De la relación de las 178 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2019, según la memoria publicada el pasado miércoles, 9 tratan sobre asuntos de orden ambiental, concretamente, en materia de protección ambiental, fiscalidad, medio natural, evaluación de impacto y cambio climático.

(*) Laia Soriano-Montagut Jené / Terraqui.- El metabolismo urbano, entendido como los flujos de energía y los ciclos de materia que circulan y alimentan a las ciudades y territorios donde estas se asientan, se ve específicamente afectado por los efectos del cambio climático, que ocasionan impactos en múltiples áreas, servicios y sectores. La planificación y gestión por parte de las administraciones públicas debe aportar soluciones que minimicen los riesgos, actuando sobre la exposición y la vulnerabilidad.