¿Parecidas o diferentes? Las Estrategias de Economía Circular cuentan con similitudes ya que las dos emanan del Plan de Acción Circular de la Unión Europea, pero la idiosincrasia de cada país establece sus diferencias.
La Directiva 2004/35/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales cuenta ya con más de 15 años de vida. Sin embargo, aunque desde su aprobación se han producido notables progresos en su nivel de aplicación y cumplimiento, continúa existiendo un amplio margen de mejora, como así pone de manifiesto el Proyecto de Informe sobre responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, de noviembre de 2020.
La UE ha dado a conocer su propuesta de VIII Programa de Acción de Medio Ambiente (VIII Programa de ahora en adelante) a través de la propuesta de Decisión COM (2020) 652 final relativa al Programa General de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, que está actualmente en fase de Consulta Pública hasta el 31 de diciembre.
La presentación del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 trata de responder, entre otros, a los compromisos del acuerdo del Consejo de Ministros del día 21 de enero de 2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. La necesidad de regular esta figura deriva de la previsión existente en el artículo 4.1.b) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Por Alexandra Farbiarz Mas (Terraqui).- El plan de recuperación se presentó el pasado 3 de septiembre se dota de 100 mil millones de euros, de los que 40 mil millones son financiados por la Unión Europea. Se estructura sobre 3 grandes ejes: ecología, competitividad y cohesión.
El Ayuntamiento de Sabiñánigo modifica su plan urbanístico para limitar las nuevas explotaciones productivas o industriales de ganadería porcina, prohibir las instalaciones de guarda de animales, fijar distancia mínima a suelo urbano y no permitir la implantación de explotaciones en zonas LIC, ZEPA y ENP por su reconocido valor ambiental.
Publicado en el DOUE L 249/33, del 31 de julio, el Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías.
Este informe es resultado de una auditoría sobre una iniciativa que llevó a cabo en junio de 2018 la Comisión para proteger a los polinizadores silvestres, así como una revisión de la normativa que indirectamente les afecta. Con ello se quiere contribuir a las actualizaciones legislativas en los ámbitos de biodiversidad, agricultura y plaguicidas previstas en el período 2021-2022.
El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMU) plantea actualizar el programa de prevención de residuos de 2013, cuyo objetivo principal consiste en desvincular el crecimiento económico de la generación de residuos para proteger a las personas, el medio ambiente y los recursos.
La Agencia de Transición Ecológica de Francia ha publicado un informe que señala los beneficios que permite la prevención de residuos alargando la vida útil de determinados productos. También proporciona bases para informar a los consumidores sobre la durabilidad de los productos de la recientemente aprobada Ley contra el despilfarro y de economía circular.
El proyecto de Ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a introducir, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. También establece objetivos y medidas para la planificación y gestión territorial, la urbanística, las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte. Con ello se persigue su adaptación a los efectos del cambio climático.
De la relación de las 865 sentencias dictadas por el TJUE el año pasado, 50 tratan sobre asuntos de temática ambiental según su informe anual de 2019.
De la relación de las 178 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2019, según la memoria publicada el pasado miércoles, 9 tratan sobre asuntos de orden ambiental, concretamente, en materia de protección ambiental, fiscalidad, medio natural, evaluación de impacto y cambio climático.
(*) Laia Soriano-Montagut Jené / Terraqui.- El metabolismo urbano, entendido como los flujos de energía y los ciclos de materia que circulan y alimentan a las ciudades y territorios donde estas se asientan, se ve específicamente afectado por los efectos del cambio climático, que ocasionan impactos en múltiples áreas, servicios y sectores. La planificación y gestión por parte de las administraciones públicas debe aportar soluciones que minimicen los riesgos, actuando sobre la exposición y la vulnerabilidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la “Guía técnica para la clasificación de los residuos”, que pretende proporcionar a todos los actores implicados en la producción y gestión de los residuos (administraciones, productores y gestores de residuos y ciudadanos en general) unas directrices básicas para clasificar un residuo según la normativa vigente.
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la revisión del reglamento de traslado de residuos. Dicha consulta estará abierta hasta el 30 de julio y responde a una de las medidas del Plan de Acción sobre la Economía Circular
La integración del cambio climático en la planificación urbana: desarrollo urbano compacto, asentamientos adecuados y resilientes, infraestructura verde, transporte público eficiente y sostenible, eficiencia energética, industria verde, redes y alianzas urbanas, nacionales e internacionales.
El Pacto Europeo por el Clima se lanzó el pasado 4 de marzo y la UE quiere conocer el grado de implicación de ciudadanos, empresas y grupos de interés respecto al mismo y maneras de darlo a conocer para que llegue a ser efectivo.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 3 de octubre de 2019, dictada en el asunto C-197/18, interpreta en qué medida ciertas personas físicas y jurídicas pueden invocar la Directiva de nitratos ante los tribunales nacionales y en qué condiciones existe un derecho a exigir a los Estados miembros medidas que garanticen un valor de concentración de nitratos en las aguas subterráneas inferior a 50 mg/l.
El pasado 4 de marzo de 2020 la Comisión Europea presentó el borrador de la Ley Europea del Clima, el cual establece un marco para la reducción irreversible y gradual de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de las extracciones de sumideros naturales o de otro tipo en la Unión.
El gobierno francés publicó el pasado 10 de febrero la Ley contra el despilfarro y de economía circular después de 2 años y medio de elaboración de la norma.
En el asunto C-654/18 la Abogada General del TJUE examina los procedimientos para traslados de residuos aplicables a mezclas de residuos de papel con impurezas.
El PNCCA propone cumplir los compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los periodos comprendidos desde 2020 a 2029, y a partir de 2030. A tal efecto, establece medidas de reducción de los contaminantes en sectores como la industria, el transporte, la agricultura, entre otros, con el fin de alcanzar los objetivos europeos.
La mejora de las prácticas de economía circular en el sector de la construcción es clave para aumentar la reutilización de materiales y el reciclaje de alta calidad.
El Instituto para la Política Ambiental Europea examina el impacto en el comercio internacional de las políticas europeas en materia de economía circular, así como las barreras a los movimientos transfronterizos de residuos.
Entre los objetivos de la norma, destaca el relativo a garantizar la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y de las actividades que se desarrollan en las mismas, en cumplimiento de la legislación aplicable en materia de cambio climático.
El Pacto Verde Europeo es una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales.
En el asunto C-752/18 el Tribunal de Justicia de la UE considera que imponer un arresto coercitivo a responsables del Estado federado de Baviera, determinados a incumplir una resolución judicial que les obliga a cumplir con el Derecho de la Unión, solo es posible si existe una base legal para ello en el Derecho nacional que sea suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación y si esta medida coercitiva resulta proporcionada
A finales de noviembre, y acompañando la COP25 que finaliza esta semana en Madrid, han coincidido las publicaciones del Resumen de EIONET de las políticas y medidas nacionales sobre la mitigación del cambio climático en Europa y el Perfil ambiental de España 2018 publicado por el MITECO en el que también se señalan las normativas y estrategias de cambio climático pendientes de aprobar en el estado español.
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