España debe tomar con urgencia la senda hacia una transición justa. Por (*) Ana Barreira

España debe tomar con urgencia la senda hacia una transición justa. Por (*) Ana Barreira

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre el Clima y responder a la crisis del cambio climático, todos los países deben eliminar gradualmente sus industrias más contaminantes y sustituirlas por alternativas más respetuosas con el medio ambiente.

Esta transición afectará al empleo de forma inevitable. Para minimizar el impacto, se necesita una estrategia basada en el concepto de “Transición justa”, una idea desarrollada originalmente en la década de 1990 por los sindicatos norteamericanos para apoyar a los trabajadores que se enfrentaban al desempleo debido a las políticas de protección del medio ambiente y que, en general, se considera como un proceso holístico que abarca todos los aspectos de la economía.

Transición justa

Dentro del debate se han propuesto tres enfoques diferentes de la idea de una transición justa. El primero sería el de una “solución compartida”, basada en el entendimiento mutuo desde el primer momento entre las partes interesadas. En segundo lugar, el llamado enfoque de “responsabilidad diferencial” subraya la responsabilidad que tendría el Estado de ocuparse de los trabajadores empleados en sectores amenazados por el cambio social o económico. Finalmente, el enfoque “social ecológico” asume que no se puede confiar en que el sector privado gestione el cambio necesario y, por lo tanto, considera que debe ser el Gobierno quien asuma el control de la transición.

Teniendo en cuenta el contexto español, un plan nacional de transición justa debería estar basado en elementos tomados de los dos primeros enfoques. La participación integral de gobierno, empresas, trabajadores y la sociedad en su conjunto legitimará el proceso y sus resultados.

Regiones mineras del carbón

Según la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, cinco regiones españolas están consideradas como “regiones mineras del carbón” susceptibles de experimentar una transición energética: Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco. Sin embargo, en estos momentos estas regiones se enfrentan al final de la explotación de las minas de carbón sin ninguna estrategia de transición, ni a nivel de la UE ni a nivel español.

Aunque las regiones intensivas en carbón presenten similitudes, se deben llevar a cabo análisis socioeconómicos regionales para establecer estrategias regionales que aprovechen las especificidades locales. Esto ayudará a los responsables políticos y a las empresas a comprender qué industrias deberían desarrollarse en la región, en lugar de la minería del carbón.

Estos podrían estar relacionados, por ejemplo, con las energías renovables, la industria textil sostenible, la agricultura orgánica, el ecoturismo o la economía circular. Un análisis local exhaustivo también permitirá organizar cursos de formación coherentes para los trabajadores.

No debemos olvidar que la tasa de desempleo entre los jóvenes en España se sitúa en torno al 33% y que muchos de ellos abandonan el país en busca de trabajo. Al desarrollar nuevos sectores en estas regiones, existe el potencial de crear nuevos puestos de trabajo y permitir que los jóvenes permanezcan en España y desarrollen su carrera profesional dentro de su región, algo que contribuirá a un futuro más próspero para esas zonas.

Financiación

Un último punto importante es cómo se financiará esta transición. Creemos que el dinero necesario debe provenir de dos fuentes. En primer lugar, de fondos de la UE y nacionales que podrían contribuir a proyectos destinados a apoyar la transición energética. En segundo lugar, como parte de sus políticas de responsabilidad social corporativa, las empresas energéticas deberían contribuir a los costes de lograr una transición justa.

Ana Barreira

Ana Barreira.

Hasta ahora, los gobiernos regionales y los responsables políticos nacionales han ignorado la ineludible transición energética en España, pero el país no puede permitirse más retrasos. Esperamos que el recientemente anunciado plan nacional para una transición justa por parte del recién formado Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sea el primer signo de una acción muy necesaria.

 

(*) Ana Barreira es directora de IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente).

 Creadores de Opinión Verde #CDO es un blog colectivo coordinado por Arturo Larena, director de EFEverde y EFEfuturo 

Esta tribuna puede reproducirse libremente citando a sus autores y a EFEverde

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